Acusan a 81 miembros de ganga “Los Baja Deo” del oeste

Un gran jurado federal acusó a 81 integrantes de la organización “Los Baja Deo” por cargos de narcotráfico y armas de fuego, mientras 70 de ellos fueron arrestados el miércoles durante un operativo en Mayagüez y municipios cercanos, informó el jueves el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Estos arrestos reflejan nuestro compromiso de sacar a las gangas violentas de nuestras comunidades. La Fiscalía Federal, junto con nuestros socios federales, estatales y locales, continuará persiguiendo agresivamente a estas gangas que envenenan nuestras comunidades con drogas peligrosas dondequiera que operen y no descansaremos hasta que nuestros vecindarios estén seguros”, expresó el fiscal federal interino para Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, en conferencia de prensa.

Emitida el 19 de agosto, la acusación imputa conspiración para poseer sustancias controladas con intención de distribuirlas, posesión y distribución de drogas, y delitos relacionados con armas de fuego.

Los 81 acusados pertenecen a Los Baja Deo, también conocida como LBD, según el pliego. La organización llevaba años activa en el oeste y mantenía un suministro constante de sustancias altamente adictivas y potencialmente letales, sostuvieron las autoridades.

Desde 2021, el grupo distribuyó al menos 340 kilogramos de fentanilo o drogas mezcladas con ese opioide y 2,200 kilogramos de cocaína, además de heroína, cocaína base o crack y marihuana, de acuerdo con la acusación. La Fiscalía estimó en más de 49 millones de dólares los ingresos producidos por esas operaciones.

Como parte de la investigación, los agentes ocuparon 21 armas de fuego. Otros 21 acusados enfrentan un cargo adicional por posesión de armas para promover un delito de narcotráfico.

Dentro de un radio de 1,000 pies de ocho residenciales públicos operaban varios de los puntos atribuidos a la organización. El documento judicial identifica a Sábalo Gardens, Cuesta Las Piedras, Yagüez, Franklin Delano Roosevelt, Colombus Landing, Jardines de Concordia, Monte Isleño y Mar y Sol.

Fuera de esos complejos, las operaciones alcanzaban los barrios y sectores El Maní, La Salud, Buena Vista, Liceo, Broadway, La Chorra, Balboa, París, La Quinta, Río Hondo, La Mineral, Villas del Oeste, El Seco, Río Cristal y Dulces Labios, además de otras áreas cercanas.

Según el pliego, el objetivo de la conspiración era distribuir drogas al por mayor y en puntos de venta en la calle, además de traficar ilegalmente armas de fuego y municiones.

Radios de dos vías, teléfonos celulares, servicios de mensajería instantánea y redes sociales servían para coordinar las actividades del grupo. Cuando sus integrantes percibían amenazas contra la organización, respondían con tiroteos, secuestros y asesinatos, alegaron las autoridades.

Dentro de la estructura operaban líderes, propietarios de puntos de drogas, suplidores, encargados de seguridad, corredores, vendedores, vigilantes y facilitadores, conforme a la acusación.

Entre los coacusados mencionados en el pliego figuran Jeffrey Omar “Jeffrey Menor” y “Menor” Delgado-López; Christian Oneil “Chucky” Meléndez-López; Josué Lee “Josu”, “Chaco” y “Cha Corta” Obregón-Vargas; Ulises “Viejo”, “El Viejo Ulises”, “Patrón” y “Chapo” Irizarry-Santiago; Anfernee Jonans “Penny” Martínez-Pérez; Ramón Miguel “Piti”, “Pitín”, “Ramoncito Pacheco” y “Ramón el Gordo” Rodríguez-Pacheco; Nelson Rafael “Junito” Vargas Valentín-Rivera; Cristian Joel “Yoyin” Mercado-Rodríguez; Alexis Omar “Millán”, “Millo” y “La M” Millón-García; Saturnino “El Viejo” y “Nino” Barbosa-Ortiz; Jeremy Omar González-Díaz; Rafael Orlando “Rafita” y “Rafito” Martínez-Mercado; Luis Ezequiel Bavron-Heed; Delvis Habanell “Delvin” y “Habanell” Torres-Acevedo; José Israel “Siki” Román-Irizarry; Jiam Maico “Jan” Ramos-Vega; Ricardo Alexis “Balita” y “Bala” Torres-Rodríguez; Héctor Lucas “Lucas” y “Mostrito” Zaragoza-Alicea; Kevin Oneal “Kevin Walter” Román-Zapata; Luis Ángel “Cecilio” y “La S” Cruz-Pérez; Ashley Angely “La Rubia” Martell-Prosper; Caridad Migdali “Cari” y “Claribel” Ferrer-Carrero; Betsy “La Rubia” y “La Rubia de Cuestas” Santiago-Almodóvar; y Nelson Rafael Vargas-Alers.

Detrás de los arrestos hubo una investigación del Homeland Security Task Force de San Juan. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía de Puerto Rico encabezaron el operativo.

Sobre la pesquisa, el agente especial a cargo del FBI en San Juan, Carlos Goris, sostuvo que los equipos de Aguadilla realizaron un trabajo prolongado y meticuloso, y aseguró que continuarán los esfuerzos contra el crimen violento.

Por su parte, el superintendente de la Policía, Joseph González, afirmó que la Uniformada mantendrá el trabajo conjunto con el Homeland Security Task Force para desarticular organizaciones dedicadas al narcotráfico y a delitos violentos.

Mediante la colaboración entre agencias, el Homeland Security Task Force procura identificar, investigar y procesar delitos cometidos por organizaciones criminales, con énfasis especial en el tráfico de menores y otros delitos contra niños.

En San Juan, el grupo de trabajo reúne agentes del FBI, ICE-HSI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Rentas Internas (IRS), la Guardia Costera, el Servicio de Inspección Postal, el Departamento de Estado, el Servicio Secreto, HIDTA, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Administración Federal de Aviación (FAA).

También participan las fiscalías federales de Puerto Rico y las Islas Vírgenes, la Policía de Puerto Rico y otras agencias estatales y municipales.