Aumentan a 4,930 los muertos por los terremotos del 24 junio en Venezuela
La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16.740 y 17.907
Integrantes de Ejercito de Venezuela recogen escombros este 14 de julio de 2026, en Catia La Mar (Venezuela). Foto: Miguel Gutiérrez
La cifra de muertos por el doble terremoto ocurrido hace tres semanas en la zona norte de Venezuela ascendió este jueves a 4,930, tras sumarse 101 nuevos fallecidos, informó el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez.
La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantiene en 16,740 y 17,907, respectivamente, según este balance difundido en Telegram por el también hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Así mismo, el reporte indicó que las autoridades han atendido a 128.324 familias, mientras que hay 21.210 personas en 107 campamentos transitorios.
En la actualización del informe se indica que hay 856 edificios afectados por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, de los cuales 190 colapsaron.
Desde el 24 de junio, añadió el reporte, se han registrado 1.308 réplicas. La última más sentida ocurrió el viernes en la mañana cuando se registró un sismo de magnitud 3,9 a diez kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.
Esa réplica del pasado viernes provocó pánico en la población y evacuaciones en edificios por prevención.
El Gobierno informó el pasado fin de semana sobre el comienzo de un censo biométrico para saber cuántas viviendas se necesitan, aunque estima que puedan ser 25,000.
Según dijo Jorge Rodríguez el sábado, la jefa de Estado encargada entregará las primeras doscientas viviendas esta semana.
El martes, el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de reforma de ley para acelerar la construcción de viviendas en el país, tras los terremotos.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que esta modificación de la Ley contra la Estafa Inmobiliaria -que deberá pasar por un segundo debate para su aprobación final- busca garantizar mejores condiciones con seguridad jurídica y capacidad de financiamiento para que el sector inicie un "proceso agresivo" de construcción de viviendas.
