CODEPOLA rechaza proyecto que permitiría a policías verificar licencias de armas durante intervenciones de tránsito

La Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencia de Armas de Puerto Rico (CODEPOLA) rechazó el Proyecto de la Cámara 1472, que permitiría a los policías consultar digitalmente si un conductor posee una licencia de armas vigente durante una intervención de tránsito, al considerar que la medida amplía el acceso a información confidencial sin justificación suficiente.

“El proyecto no se limita a modernizar una herramienta tecnológica. Amplía las circunstancias en que puede revelarse información protegida sin orden judicial. Los proponentes deben demostrar qué deficiencia existe, por qué requiere esta nueva excepción y qué controles impedirán consultas o usos indebidos”, expresó el presidente de CODEPOLA, Ariel Torres Meléndez, en declaraciones escritas.

La legislación, presentada por los representantes Héctor Ferrer Santiago y Félix Pacheco Burgos, propone enmendar el artículo 2.01 de la Ley de Armas de Puerto Rico para incluir las intervenciones de tránsito entre las excepciones a la confidencialidad de la información de los ciudadanos con licencia de armas.

Según Torres Meléndez, aunque la Policía conserva información sobre las licencias mediante el Registro Electrónico de Armas y Licencias (REAL), esa función administrativa no justifica que los agentes puedan consultar rutinariamente los datos durante una parada vehicular.

“Conservar información para administrar licencias es una función distinta de hacerla accesible rutinariamente durante una parada vehicular. Una infracción de tránsito, por sí sola, no demuestra que sea necesario conocer si el ciudadano posee una licencia de armas”, sostuvo.

CODEPOLA cuestionó que la información sobre una licencia vigente permita determinar si una persona está armada durante una intervención. A juicio de la organización, ese dato tampoco sustituye los protocolos de seguridad que deben aplicar los agentes conforme a las circunstancias de cada caso.

La entidad reconoció que el proyecto limitaría la consulta a verificar la existencia de una licencia vigente y prohibiría utilizar esa información como único fundamento para efectuar registros sin orden judicial.

Sin embargo, advirtió que esas disposiciones no eliminan el riesgo de prolongar intervenciones injustificadamente, ocupar armas sin fundamento independiente o adoptar decisiones basadas en información incorrecta.

“El cumplimiento con la ley no debe convertirse, por sí solo, en evidencia de peligrosidad. La existencia de una licencia no puede tratarse como autorización automática para ampliar la intervención o presumir que el ciudadano representa una amenaza”, afirmó Torres Meléndez.

La organización planteó además que las protecciones constitucionales sobre la intimidad y contra registros e incautaciones irrazonables deben considerarse durante la evaluación legislativa.

Como parte de sus argumentos, citó decisiones judiciales federales relacionadas con los límites de las intervenciones de tránsito y la portación legal de armas, aunque reconoció que esos precedentes no resuelven directamente la constitucionalidad de la propuesta.

Otro de los señalamientos está relacionado con la actualización de la información cada 30 días, según contempla el proyecto. CODEPOLA sostuvo que la medida no establece un procedimiento específico para verificar y corregir inmediatamente posibles errores en los registros.

Ante ese escenario, reclamó que cualquier sistema de consultas incluya registros obligatorios de acceso, identificación de los agentes, auditorías independientes, límites para conservar los datos y sanciones por uso indebido.

La corporación solicitó a la Asamblea Legislativa rechazar el proyecto en su redacción actual y celebrar vistas públicas para examinar su necesidad, costo, eficacia y posibles consecuencias constitucionales.

Torres Meléndez cuestionó además que se propongan nuevos mecanismos para consultar información de ciudadanos con licencias mientras, según sostuvo, persisten dificultades para emitir las licencias y ofrecerlas en formato digital.

“Es bien fácil seguir legislando para el ciudadano decente. Lo difícil es detectar al que trafica en la clandestinidad. Fiscalizar al ciudadano cumplidor no sustituye combatir al delincuente”, manifestó el portavoz.