Contralora revela que PRITS dejó sin uso plataforma de $130 mil
También detecta fallas en planificación y ciberseguridad
La contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier, reveló el lunes que el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) mantiene fuera de operación una plataforma digital por la que desembolsó 130,000 dólares y señaló deficiencias en la planificación estratégica, la rendición de cuentas y la supervisión de la ciberseguridad en el gobierno.
“A los funcionarios y a los empleados del PRITS, les exhortamos a velar por el cumplimiento de la ley y la reglamentación aplicables, y a promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo”, expresó Vega Fournier en el informe de auditoría.
El Informe de Auditoría OC-27-04 examinó, entre otros asuntos, el desarrollo de la plataforma Electronic Eligibility Engine (E3), creada para permitir el intercambio de información entre agencias y agilizar la evaluación de ciudadanos que solicitan ayudas económicas del gobierno. La primera fase del proyecto fue contratada por 232,000 dólares y el desarrollador entregó una versión funcional en junio de 2023, por la que PRITS pagó 130,000 dólares. Sin embargo, al cierre de la auditoría el sistema no estaba disponible para las agencias ni había sido utilizado para el propósito para el que fue diseñado.
El informe también concluyó que PRITS continúa sin elaborar el Plan Estratégico de Innovación y Tecnología que exige la Ley 75-2019 para dirigir la política pública tecnológica del Gobierno. Aunque la agencia indicó que su estrategia estaba distribuida entre distintos documentos internos, la Oficina del Contralor determinó que ninguno sustituye el plan requerido por ley.
Otra de las deficiencias señaladas fue el incumplimiento con la obligación de informar oportunamente el desempeño de la agencia. El informe anual correspondiente al año fiscal 2024 se entregó con 153 días de atraso a la gobernadora y 184 días después del término legal a la Asamblea Legislativa, lo que limitó que ambas ramas evaluaran a tiempo el progreso de los proyectos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
En materia de ciberseguridad, la auditoría encontró que PRITS tampoco había establecido un mecanismo formal para exigir a las agencias la entrega de sus programas de ciberseguridad, según dispone la Ley 40-2024. Como resultado, al 24 de octubre de 2025 solo la Oficina de Gerencia y Presupuesto había sometido oficialmente su programa, situación que, según el informe, limita la capacidad del Gobierno para evaluar vulnerabilidades, verificar el cumplimiento de estándares uniformes y fortalecer la protección de sus sistemas digitales.
Entre las recomendaciones, la Oficina del Contralor instó a PRITS a completar la segunda fase de la plataforma E3 para ponerla en funcionamiento, preparar el plan estratégico requerido por ley, cumplir con la entrega oportuna de sus informes anuales y establecer un mecanismo formal para revisar los programas de ciberseguridad de las entidades gubernamentales.
