Fortaleza acusa a Junta Fiscal de favorecer a LUMA

El secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, acusó el jueves a la Junta Fiscal de favorecer a LUMA Energy en la controversia judicial sobre su contrato y cuestionó al Negociado de Energía por autorizar aumentos en la factura eléctrica, mientras sostuvo que corresponde al organismo regulador responder por esas determinaciones.

“A mí no me sorprende que la Junta esté a favor de LUMA. No nos sorprende. Pero yo espero que el pueblo, que es sabio, vea, como he dicho en otros programas aquí en La Fortaleza, quién está del lado de la gente, quién está del lado de LUMA”, dijo Peña Payano a preguntas de la prensa.

Las expresiones surgieron al preguntársele sobre la solicitud presentada por la Junta Fiscal al Tribunal Supremo de Puerto Rico para comparecer como amicus curiae en el litigio relacionado con la vigencia del contrato de LUMA.

En su escrito, la Junta Fiscal defendió la continuidad contractual del operador y advirtió sobre posibles consecuencias operacionales y financieras para el sistema eléctrico si se determina que el Gobierno puede terminar el contrato bajo los argumentos presentados.

Peña Payano sostuvo que la administración de la gobernadora Jenniffer Aydin González Colón mantiene su posición de procurar la salida de LUMA y rechazó las advertencias relacionadas con las consecuencias de terminar el contrato.

“LUMA se va a ir de Puerto Rico y Puerto Rico va a seguir corriendo. No se va a acabar el mundo. El mundo no va a parar de girar porque LUMA se va”, expresó.

El funcionario reiteró que el Gobierno evalúa compañías que podrían asumir la operación del sistema de transmisión y distribución, aunque no identificó empresas ni ofreció fechas sobre una posible transición.

En cuanto a la tarifa eléctrica, Peña Payano responsabilizó al Negociado de Energía por las autorizaciones de aumentos y cuestionó que el organismo haya acogido planteamientos de LUMA relacionados con los costos del servicio.

“Yo esperaría que el Negociado de Energía de Puerto Rico no siga respondiendo a que cada vez que LUMA quiere un aumento le digan que sí, porque esos aumentos no le corresponden a la gobernadora, es autorización del Negociado de Energía”, sostuvo.

Al preguntársele si el organismo regulador se equivoca al evaluar las solicitudes tarifarias, afirmó que debe existir rendición de cuentas por sus decisiones.

“Ciertamente ellos aprobaron una recomendación que les hace LUMA”, indicó Peña Payano, quien añadió que el Negociado es un ente independiente que no responde directamente al Ejecutivo.

Sobre la posibilidad de fiscalizar sus determinaciones, sostuvo que corresponde a la gobernadora evaluar alternativas en el ámbito legislativo.

“Esa es una evaluación que la gobernadora tiene que hacer a nivel legislativo, pero ciertamente quien le ha dicho que sí a LUMA es el Negociado, no ha sido la gobernadora. Ha sido el Negociado de Energía de Puerto Rico”, expresó.

La controversia se produce luego de que LUMA notificara al Negociado unos 48 millones de dólares en costos adicionales de combustible de las compañías generadoras.

Previamente, la presidenta de LUMA Energy, Janice Quiñones, sostuvo que esa notificación no constituye una solicitud de aumento tarifario, sino el cumplimiento de una obligación contractual y regulatoria cuando los costos de combustible superan en más de 20 millones de dólares lo presupuestado.

La empresa atribuyó los costos adicionales a la limitada disponibilidad de generación, las condiciones del mercado y la controversia relacionada con el suministro de gas natural. También indicó que corresponde al Negociado determinar si procede algún ajuste en la tarifa.

Peña Payano, sin embargo, insistió en responsabilizar a LUMA por las proyecciones de costos y cuestionó que el consumidor continúe enfrentando incrementos en la factura.

“LUMA reconoce ahora que por errores en sus proyecciones de compra de combustible diésel hay que darle otro aumento a la gente. Esto no aguanta más”, sostuvo el secretario de Asuntos Públicos.

Al abordar propuestas para establecer ayudas económicas dirigidas a pequeños negocios afectados por los altos costos energéticos, el funcionario indicó que todavía no tenía una decisión de la gobernadora sobre una posible asignación.

Explicó que, en ocasiones anteriores, se han descartado mecanismos similares porque las transferencias de fondos públicos no necesariamente corrigen las causas del aumento en los costos y se desconoce cuánto tiempo podría extenderse la situación.

“Al momento no tengo a la mano la decisión de la gobernadora si va a ser una inyección así o no”, dijo.

Peña Payano reiteró que el Gobierno continuará sus reclamaciones judiciales relacionadas con LUMA, mientras insistió en que la decisión sobre cualquier ajuste tarifario corresponde al Negociado de Energía.