Fortaleza niega que Departamento de la Familia limitara facultades de Procuradora de Edad Avanzada

La Fortaleza negó este martes que el Departamento de la Familia haya limitado las facultades de la Procuradora de Personas de Edad Avanzada, luego de reclamos públicos relacionados con su capacidad para fiscalizar centros de cuido.

La controversia surgió luego de que la procuradora denunciara que perdió herramientas de fiscalización, en medio del caso de una adulta mayor en Las Piedras que presuntamente fue atacada por uno de sus cuidadores en un centro que ya estaba bajo investigación.

“No estamos de acuerdo con la premisa de la Procuradora, pero siempre estamos abiertos a poder dialogar para ver dentro de las situaciones internas que pueda tener la comunicación con La Fortaleza”, dijo el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, en conferencia de prensa.

Peña Payano sostuvo que el Departamento de la Familia no puede alterar por cuenta propia las facultades legales de la Procuraduría, porque esa oficina opera bajo una ley orgánica que solo puede ser enmendada por la Asamblea Legislativa.

“El Departamento de la Familia no es quien enmienda las leyes en Puerto Rico. La Procuradora tiene una ley orgánica y las leyes orgánicas las enmienda la Asamblea Legislativa. El Departamento de la Familia no ha presentado ninguna legislación enmendando la ley orgánica de esa Procuraduría”, expresó.

El funcionario dijo que, por esa razón, la premisa de que Familia le quitó facultades a la Procuradora es incorrecta desde el punto de vista procesal.

“Así que hasta procesalmente es incorrecta esa premisa”, sostuvo.

La discusión ocurre en momentos en que la Procuraduría de Personas de Edad Avanzada cuenta con un presupuesto de 3.8 millones de dólares, cantidad que, según se planteó en la conferencia de prensa, no ha variado sustancialmente desde aproximadamente 2015, pese al aumento de la población de 60 años o más.

Peña Payano no descartó que se evalúe algún planteamiento presupuestario, pero sostuvo que ese reclamo debe canalizarse dentro del proceso correspondiente.

“Si habría que hacer alguna evaluación presupuestaria, pues eso se tiene que plantear en ese proceso. Sea algún planteamiento nuevo, alguna queja, se escucha”, indicó.

El portavoz de La Fortaleza defendió que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha atendido el tema de adultos mayores mediante legislación, programas de apoyo y asignaciones presupuestarias.

“La gobernadora le ha dado prioridad al tema de adultos mayores. Ciertamente es una prioridad, repito, tanto así que fue el primer capítulo del programa de gobierno”, dijo.

Entre las iniciativas mencionó una asignación de 20 millones de dólares para programas de ama de llaves y cuidadores de adultos mayores, además de medidas legislativas sobre fraude financiero contra personas de edad avanzada y programas de voluntariado.

“Por eso es que se asignan 20 millones para el tema de ama de llaves de adultos mayores, que sabemos que abona un poco al tema del cuidador, el síndrome del cuidador, que sabemos que también tiene una carga en esas familias que cuidan a sus adultos mayores”, sostuvo.

Sobre el caso de Las Piedras, Peña Payano explicó que los centros de cuido de adultos mayores pueden ser privados, pero son regulados por el Estado mediante licencias y reglamentos.

“Los centros de cuido de adultos mayores son regulados por el Estado. Hay un reglamento que se le da unas licencias. Y estos centros, obviamente, algunos son de administración privada, no son centros que el gobierno administra. El gobierno los monitorea, los regula y precisamente cuando ocurren lamentablemente estos casos, tiene que pedir multas, cerrar los centros e investigar”, expresó.

El funcionario dijo que el Departamento de la Familia investiga lo ocurrido y que la agencia ha comunicado su posición sobre el caso.

“Familia está investigando y la entidad, la administración con jurisdicción también ha estado comunicando”, afirmó.

No obstante, Peña Payano no precisó por qué el centro de Las Piedras no perdió la licencia antes, si ya había una investigación previa sobre sus operaciones.

“Los elementos del estatus de esa primera investigación y ahora la otra se van a estar publicando. No tengo los pormenores, pero vamos a compartir, porque ciertamente es algo que se le da a la luz pública y es algo que se debe aclarar por parte del Departamento de la Familia”, dijo.

Ante preguntas sobre la ausencia pública de la secretaria de la Familia en la discusión del caso, Peña Payano sostuvo que la agencia ha atendido el asunto mediante sus componentes internos.

“Recordemos que el Departamento de Familia es una sombrilla y desde la Administración de Familias y Menores se ha estado atendiendo el tema de estos adultos mayores. Más se está investigando por parte del Departamento en general”, indicó.

El secretario de Asuntos Públicos también dijo que desde marzo el gobierno había anunciado talleres relacionados con un nuevo reglamento de licenciamiento de centros de cuido de adultos mayores.

“Hemos sido proactivos y nosotros no quisiéramos que ocurra ningún caso más en contra de nuestros viejitos y de nuestros adultos mayores”, sostuvo.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, reiteró: “En el Departamento de la Familia estamos abiertos a cualquier investigación que realice cualquier foro con jurisdicción. Nuestro compromiso es actuar con transparencia, cumplir con la ley y continuar sirviendo a la población de adultos mayores en toda la Isla, siempre velando por su seguridad, bienestar y dignidad”.