Gobernadora convierte en ley proyectos que atienden: inteligencia artificial y educación agrícola

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió ayer tres nuevas medidas en leyes que tratan desde incluir la inteligencia artificial en cursos sobre Ciberseguridad, amplía a las oportunidades de enseñanza en destrezas agrícolas y aclara una garantía previamente reconocida a familiares de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber. 

Ley 140-2026 (Proyecto de la Cámara 824)

De la autoría del representante José F. Aponte Hernández.

La medida establece bajo la “Ley de Ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico” que el programa virtual y el curso de educación continua sobre Ciberseguridad debe incluir el tema del uso de la inteligencia artificial.

El objetivo de la medida es procurar una educación más actualizada sobre el uso de la inteligencia artificial, privacidad, seguridad de sistemas, manejo de datos, prevención de ataques cibernéticos y uso responsable de nuevas tecnologías en los cursos de educación continua para los oficiales de información y servidores públicos.

La Oficina de Ética Gubernamental había expresado a la Asamblea Legislativa su posición favorable al entender que la incorporación del tema de inteligencia artificial fortalece las capacidades del personal gubernamental para un uso responsable, ético y seguro de estas tecnologías. Además, destacó que mantiene comunicación con PRITS para colaborar conforme a la Ley 40, que evalúa y acredita horas de educación continua de cursos de PRITS, y que ya atiende el tema mediante el curso “Ética aplicada de la Inteligencia Artificial” del proyecto EDUNOVA, la Academia de Ética en la Integración de la Inteligencia Artificial y el podcast “Praxis Ética”.

Ley 141-2026 (Proyecto del Senado 879)

De la autoría del senador Jeison Rosa Ramos y de la coautoría de los senadores Ada Álvarez Conde, Wilmer Reyes Berríos, Luis D. Colón La Santa, Brenda Pérez Soto, Héctor J. Sánchez Álvarez y Jamie Barlucea Rodríguez.

La medida enmienda la Ley 36-2015, “Ley del Programa Contacto Verde”, para integrar la agricultura como parte de las gestiones educativas y de contacto con la naturaleza de este programa.

Esta medida permite la ampliación de oportunidades de enseñanza en lo que son las destrezas agrícolas, para lidiar con los crecientes retos climáticos y fortalecer la seguridad alimentaria. Sería una encomienda compartida entre las tres agencias pertinentes: Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Departamento de Educación y- con esta enmienda- el Departamento de Agricultura, quien destacó que la medida ayuda a promover el conocimiento práctico desde edades tempranas, apoyar el relevo generacional agrícola e integrar la educación ambiental con la producción sostenible.

Ley 142-2026 (Proyecto del Senado 893)

De la autoría del senador Gregorio Matías Rosario y de la coautoría de los senadores Luis D. Colón La Santa, Marially González Huertas, Héctor G. González López, Luis J. Hernández Ortiz, Brenda Pérez Soto, Wilmer Reyes Berríos, Carmelo Ríos Santiago, Karen M. Román Rodríguez, Wanda Soto Tolentino y Rafael Santos Ortiz. 

Esta ley busca clarificar y garantizar que el beneficio educativo existente cubra la totalidad del costo de matrícula en instituciones públicas de educación superior de Puerto Rico para las familias de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento del deber, por condiciones de salud o accidentes relacionados con sus funciones, o por intervención para evitar la comisión de un delito. 

El beneficio de becas aplicaría al cónyuge supérstite mientras permanezca en estado de viudez, a los hijos menores de 21 años y a aquellos mayores hasta 25 años que estén cursando estudios postsecundarios. Cubre a familiares de policías estatales o municipales fallecidos en el cumplimiento de sus deberes oficiales, por condiciones de salud o accidentes relacionados al desempeño de sus funciones, o aun estando franco de servicio, cuando la muerte sobrevenga como consecuencia de su intervención para evitar la comisión de un delito.

Se ordena además al Superintendente de la Policía, en coordinación con los Comisionados de la Policía Municipal y la Administración de la UPR, elaborar, revisar o modificar la reglamentación dentro de 150 días.

Esta medida es cónsona con el Programa de Gobierno al guardar relación con los objetivos de fortalecer la Universidad de Puerto Rico (UPR) y aumentar su matrícula. El Plan reconoce a la UPR como un mecanismo de esperanza y movilidad social y procura consolidarla como un instrumento vital para el desarrollo económico de Puerto Rico.