Gobernadora defiende entrega de datos de inmigrantes

La gobernadora Jenniffer González Colón sostuvo el viernes que el requerimiento federal mediante el cual el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) entregó información de personas migrantes a autoridades de inmigración equivale a una orden judicial y obligaba a la agencia a suministrar los datos solicitados.

“Hay un documento que se llama subpoena, y cuando tú tienes un documento de una agencia federal -que es un subpoena-, es una orden judicial. Por lo tanto, nosotros estamos compelidos como agencia que custodia data del gobierno federal en el caso del Departamento de Transportación y Obras Públicas, por el que no lo sepa, está lo que se llama Real ID, que es lo que va en cada una de las licencias de conducir, que es data federalmente protegida. Por lo tanto, toda información que tiene que ver con el Departamento de Transportación de Obras Públicas, Puerto Rico es custodio de esa data por virtud del Departamento de Transportación Federal. Por lo tanto, nosotros recibimos fondos federales. El gobierno federal puede decirme, no te voy a dar fondos federales porque me estás restringiendo acceso a la información que es nuestra”, dijo la gobernadora en conferencia de prensa.

“Así que cuando el gobierno de Puerto Rico tiene un subpoena federal requiriendo información, el gobierno tiene que cumplir. Así que yo veo la politización del argumento político, no judicial ni jurídico de la ACLU, y tengo que decirlo así, en medio de unas elecciones de medio término que es incorrecto de su faz. Hay un subpoena federal que yo vi que se le dio a la autoridad del Departamento de Transportación y Obras Públicas para la entrega de una data y el gobierno de Puerto Rico cumplió con el mandato federal. No es que se le entregó voluntariamente ni random, como han tratado de implicar. Que dicho sea de paso, se da producto de una legislación de Alejandro García Padilla, quien es que pide la codificación de esa data. No es de esta administración”, añadió.

Al preguntársele por qué el Gobierno no informó al público que había recibido el requerimiento antes de entregar los datos, González Colón dijo que el propio documento impedía su divulgación.

“El mismo subpoena federal, en su última página, en la última línea, dice que este subpoena jamás podrá ser divulgado ni comentado porque se daña la investigación”, afirmó.

La ACLU ha cuestionado la actuación del DTOP y sostiene que el Gobierno mantuvo oculto el requerimiento durante más de un año. Según documentos entregados posteriormente a la organización, el requerimiento fue enviado al DTOP el 26 de enero de 2025.

La información suministrada incluía datos relacionados con 6,321 personas, en su mayoría con estatus migratorio no definido, entre ellos nombres, fechas de nacimiento, ciudadanía, direcciones residenciales, municipios, códigos postales y números telefónicos.

La directora ejecutiva de la ACLU, Annette Martínez Orabona, sostuvo que la organización había solicitado desde junio de 2025 conocer cuál había sido el requerimiento realizado por las autoridades federales y acusó al DTOP de negarse a entregar esa información hasta que medió un proceso judicial.

El abogado Fermín Arraiza informó además que la organización evalúa posibles acciones legales en los tribunales estatales y federales por las actuaciones de funcionarios relacionadas con el intercambio de información.