Gobernadora firma ‘Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores’

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó 3 leyes y una resolución conjunta sobre control de cerdos salvajes, jóvenes empresarios, personas con impedimentos y validación digital de direcciones para licencias de conducir.

“Los agricultores de Puerto Rico llevan años enfrentando pérdidas significativas provocadas por la proliferación descontrolada de cerdos salvajes. Esta ley nos permite actuar con urgencia y responsabilidad para proteger nuestras cosechas, respaldar a nuestros agricultores y fortalecer la seguridad alimentaria de nuestra isla”, expresó González Colón en declaraciones escritas.

Bajo la Ley 102-2026, de la autoría del representante Axel Roque, agricultores afectados por cerdos salvajes podrán solicitar permisos especiales de control poblacional en coordinación con el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, el Departamento de Agricultura y otras agencias.

Dicha legislación, conocida como Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores, ordena reglamentos y acuerdos interagenciales para el manejo, disposición y control de estos animales.

También prohíbe el transporte, venta o consumo de carne proveniente de cerdos salvajes cazados bajo esos permisos, con sanciones para quienes incumplan.

Mediante la Ley 103-2026, de la autoría del representante Ángel Morey, se enmienda el Programa de Oportunidades Financieras para Jóvenes Empresariales adscrito al Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico.

Esa ley crea un sistema de referidos y atención prioritaria para jóvenes emprendedores que necesiten permisos, licencias, certificaciones y otros trámites gubernamentales para establecer o desarrollar negocios.

“Esta medida busca eliminar barreras innecesarias y facilitar que más jóvenes puedan convertir sus ideas en empresas que generen desarrollo económico y oportunidades para Puerto Rico”, expresó la gobernadora.

González Colón también firmó la Ley 104-2026, una medida de administración que enmienda la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos.

Con esa legislación, se crean mecanismos legales para solicitar órdenes de protección en casos de maltrato, negligencia, abuso, hostigamiento, explotación financiera u otras conductas que atenten contra la seguridad, bienestar e integridad de personas con impedimentos.

Dicha ley también establece procedimientos judiciales y penalidades por incumplir órdenes de protección.

Como parte de las medidas firmadas, la gobernadora aprobó la Resolución Conjunta 31-2026, presentada originalmente por la representante Lisie Burgos.

Esa resolución ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas, en coordinación con Puerto Rico Innovation and Technology Service, desarrollar un mecanismo en CESCO Digital para validar direcciones de personas que viven con sus padres o familiares y no tienen evidencia de dirección a su nombre.

Ciudadanos en esa situación podrán presentar una certificación de validación de dirección al momento de renovar su licencia de conducir.