Gobernadora firma medida para fortalecer la administración municipal y agilizar sus procesos

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó junto al presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández  y el alcalde de Aguada Christian Cortés en representación de la Asociación de Alcaldes, la Ley Núm. 97-2026, correspondiente al Proyecto del Senado 777 (PS 777), de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, esto a petición de la Federación con el propósito de fortalecer el marco jurídico municipal y proveer herramientas adicionales para una administración más eficiente, ordenada y transparente en los 78 municipios de Puerto Rico.

La nueva ley enmienda diversas disposiciones del Código Municipal de Puerto Rico para aclarar y fortalecer facultades relacionadas con la adquisición y manejo de propiedades declaradas estorbo público, flexibilizar procesos administrativos, modernizar estructuras organizacionales municipales y ofrecer mayor certeza jurídica en la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.

Entre las enmiendas más significativas se encuentran la aclaración del alcance de la facultad municipal para adquirir o aceptar propiedades declaradas estorbo público, la creación del puesto de Director de la Unidad de Auditoría Interna, la incorporación del Director de la Oficina de Ordenación Territorial o del Oficial de Permisos municipal dentro de las disposiciones de inmunidad, la flexibilización de requisitos relacionados con reciclaje, planificación territorial y clasificación de puestos clave,así como ajustes a disposiciones sobre expropiación, contratación municipal y patentes municipales.

La medida también aclara conceptos y procedimientos relacionados con sesiones legislativas municipales, la composición de las legislaturas municipales, las definiciones de “Estorbo Público” y “Obligaciones Estatutarias”, y diversos procesos administrativos que impactan la gestión diaria de los gobiernos locales.

El presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Gabriel “Gaby” Hernández,  respaldó la medida al señalar que responde a las necesidades administrativas, fiscales, operacionales y sociales que enfrentan actualmente los municipios, fortaleciendo su capacidad para atender de forma efectiva las necesidades de sus comunidades.

De igual forma, la primera ejecutiva, convirtió en ley el Proyecto del Senado 71, ahora Ley 96-2026, una medida que fortalece la capacidad operacional de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) al permitir que empleados públicos del Gobierno de Puerto Rico y de los municipios puedan colaborar temporalmente con la entidad electoral mediante una licencia especial con paga.

La nueva legislación enmienda el Código Electoral de Puerto Rico de 2020 para conceder hasta cinco días laborables de licencia especial con paga a empleados de agencias, corporaciones públicas y municipios que sean requeridos para realizar funciones a corto plazo en la Comisión Estatal de Elecciones durante años electorales.

La medida responde a la necesidad de dotar a la CEE de herramientas más ágiles y flexibles para atender aumentos temporeros en la carga de trabajo asociados a eventos electorales, sin recurrir necesariamente al mecanismo tradicional de destaque de empleados. Asimismo, reconoce la importancia de garantizar los recursos humanos necesarios para proteger y fortalecer el derecho fundamental al sufragio de todos los puertorriqueños.

La legislación establece que las solicitudes deberán ser atendidas por los jefes de agencia, corporaciones públicas o alcaldes en un término no mayor de 48 horas. Además, dispone que la Comisión Estatal de Elecciones, en coordinación con la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (OATRH), adoptará la reglamentación necesaria para implementar la ley en un plazo de 180 días.

Por otra parte, la gobernadora ,emitió hoy un veto expreso al Proyecto del Senado 844, medida que proponía establecer una moratoria temporera y ayudas económicas para empleados federales afectados por un posible cierre del gobierno federal.

La Gobernadora reconoció la intención de la Asamblea Legislativa de proteger a los empleados federales que pudieran enfrentar una interrupción temporal de ingresos. No obstante, explicó que la medida, según fue aprobada, contiene disposiciones que podrían entrar en conflicto con regulaciones federales vigentes, además de presentar inconsistencias jurídicas que impiden su firma.

Entre los señalamientos expuestos, la Primera Ejecutiva indicó que el proyecto imponía obligaciones amplias a agencias del Gobierno de Puerto Rico para implementar programas de apoyo económico y moratorias sobre diversas obligaciones financieras sin establecer criterios específicos para determinar quiénes serían elegibles para dichos beneficios.

Asimismo, expresó preocupación por el impacto que las disposiciones relacionadas con la suspensión de cobros, intereses y penalidades podrían tener sobre contratos vigentes y sobre la estabilidad del sistema financiero y crediticio de la isla, particularmente en las instituciones sujetas a supervisión regulatoria.

La Gobernadora destacó que los empleados federales no constituyen un grupo homogéneo, ya que algunos continúan laborando, otros han sido retirados o despedidos, mientras que algunos ya han recibido compensación retroactiva. Por ello, sostuvo que las situaciones deben atenderse de manera individual y mediante acuerdos entre las partes involucradas.

Asimismo, González Colón impartió un veto expreso al Proyecto del Senado 781, medida que proponía crear un programa de desvío y reeducación para personas convictas por delitos de explotación financiera contra adultos mayores cuando existiera una relación de consanguinidad o afinidad con la víctima.

La Primera Ejecutiva explicó que la protección de la seguridad física y económica de los adultos mayores constituye una prioridad para su administración y que, tras evaluar detenidamente la medida, concluyó que la misma no está alineada con la política pública dirigida a salvaguardar a esta población vulnerable.

“La explotación financiera de adultos mayores es un delito que implica aprovecharse deliberadamente de la vulnerabilidad de las víctimas. No existe evidencia que sustente que quienes cometen este tipo de infracción sean susceptibles a procesos de reeducación más efectivos que la imposición de las sanciones penales correspondientes”, sostuvo la Gobernadora en su comunicación al presidente del Senado.

Asimismo, González Colón señaló que ya existen mecanismos legales adecuados para atender situaciones en las que una persona adulta mayor no desee procesar criminalmente a un familiar o allegado, incluyendo acuerdos entre las partes y los servicios de apoyo provistos por el Departamento de Justicia.

La Gobernadora también destacó que su administración ha impulsado otras iniciativas para fortalecer la protección de esta población, como la medida A-85 (PS 859/PC 980), que facilita el uso de circuito cerrado para la toma de declaraciones de adultos mayores en procesos penales, herramienta que ha demostrado ser efectiva en la atención de poblaciones vulnerables.

Además de sus consideraciones de política pública, la mandataria advirtió que la implementación del programa propuesto requeriría la creación de una nueva estructura administrativa, el reclutamiento de profesionales de la salud mental, el desarrollo de reglamentos y protocolos, así como la contratación y capacitación de personal especializado en las 13 regiones judiciales de Puerto Rico, con un impacto fiscal que no fue debidamente cuantificado ni contemplado en el presupuesto vigente.

González Colón, también vetó el Proyecto del Senado 24 , medida que proponía crear la “Ley de Capacitación para la Seguridad Cibernética en Puerto Rico”, al concluir que los objetivos perseguidos por la legislación ya están contemplados en el marco legal vigente y son atendidos por el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

La gobernadora destacó la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades del Gobierno de Puerto Rico para prevenir y responder a amenazas cibernéticas, pero señaló que la Ley 40-2024, conocida como la “Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, ya otorga a PRITS la facultad de desarrollar programas de capacitación y educación continua, establecer estándares de seguridad, adoptar reglamentación y supervisar el cumplimiento de las agencias gubernamentales en materia de ciberseguridad.