Gobernadora firma nuevas leyes que fortalecen derechos de pacientes, acceso a la justicia y servicios de salud

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó la Ley Núm. 98-2026 (P. del S. 255) de la autoría del senador Juan Oscar Morales, cuyo propósito principal es prohibir la práctica de reportar a las agencias de crédito, información de los consumidores relacionadas a deudas por gastos médicos, así como evitar que las agencias de cobro soliciten y obtengan información específica con el fin de cobrar las mismas, y otros fines relacionados.  Esta medida que no tiene impacto fiscal prohíbe además representaciones falsas o engañosas relacionadas con el impacto de deudas médicas sobre informes crediticios y puntuaciones de crédito. 

La primera ejecutiva, reconoció la importancia de proteger a la gente que por situaciones fuera de su control pueda incurrir en deudas médicas y que por las mismas puedan ser penalizados. “El acceso a los servicios de salud no debe verse afectado ni limitado por temor a puntuaciones crediticias ni informes de investigación. Por eso, mi administración mantiene un compromiso con una política pública justa y sensible ante las realidades económicas y médicas que enfrentan nuestros ciudadanos”.

Asimismo, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 737, ahora Ley 99-2026, una medida que fortalece el acceso a los servicios judiciales para adultos mayores y personas con diversidad funcional al incorporar a la Rama Judicial y sus dependencias dentro de las disposiciones de la Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad.

La nueva legislación reconoce la necesidad de brindar una atención más ágil y accesible a poblaciones vulnerables que acuden a los tribunales y oficinas administrativas del sistema judicial para recibir servicios. Con esta medida, la Rama Judicial establecerá sistemas propios de filas de servicio expreso y cesión de turnos de prioridad para sus servicios administrativos y de atención al público.

La legislación, estipula además que la Oficina de Administración de los Tribunales garantizará que estos sistemas se implementen conforme a principios de accesibilidad universal y diseño inclusivo, en armonía con las protecciones establecidas por la Ley ADA y la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos. Asimismo, promoverá programas de capacitación continua para el personal judicial y administrativo sobre atención preferente y trato adecuado a estas poblaciones.

La Ley 99-2026 también preserva la independencia judicial al establecer que sus disposiciones no alterarán la facultad de los tribunales para fijar calendarios, señalamientos o criterios de prioridad procesal conforme a las leyes y reglamentos aplicables.

Según se informó, como parte de los esfuerzos dirigidos a fortalecer el acceso a servicios de salud y atender la necesidad de profesionales especializados en el sistema de salud, la gobernadora firmó la Ley 100-2026, una medida que autoriza a la Junta Examinadora de Tecnólogos Radiológicos en Imágenes de Diagnóstico y Tratamiento a expedir licencias provisionales a aspirantes que hayan solicitado y sido admitidos para tomar por primera vez el examen de reválida.

La nueva legislación enmienda el Artículo 13 de la Ley 76-2006 y busca atender la escasez de tecnólogos radiológicos y tecnólogos en radioterapia que enfrenta Puerto Rico, permitiendo que estos profesionales puedan ejercer de manera provisional bajo la dirección y supervisión de un médico radiólogo, radioncólogo o físico, según corresponda, mientras completan el proceso de licenciamiento.

La licencia provisional tendrá una vigencia inicial de doce meses y podrá ser prorrogada por un término adicional de doce meses, sujeto al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Junta Examinadora. Además, los solicitantes deberán mantenerse activos en el proceso de reválida y cumplir con todos los requisitos que establezca la Junta Examinadora y el Departamento de Salud.

Por otro lado, González Colón  también firmó la Ley 101-2026, una medida que garantiza un acceso más ágil y directo al Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores mediante el portal electrónico principal del Gobierno de Puerto Rico.

La nueva ley añade un inciso a la Ley 151-2004, conocida como la “Ley de Gobierno Electrónico”, para establecer que los ciudadanos tendrán disponible un enlace directo al Registro dentro de la plataforma digital oficial del Gobierno.
“El acceso a información que contribuye a la protección de nuestras familias y de nuestros menores debe estar al alcance de todos. Con esta ley fortalecemos las herramientas digitales del Gobierno y facilitamos que la ciudadanía pueda acceder de manera rápida y sencilla a información de interés público relacionada con la seguridad de nuestras comunidades”, expresó la gobernadora.

El Registro de Personas Convictas por Delitos Sexuales y Abuso Contra Menores, administrado por el Sistema de Información de Justicia Criminal del Departamento de Justicia, recopila información sobre personas que han sido convictas por estos delitos, utilizando datos provistos por diversas agencias del sistema de justicia criminal.

La mandataria, también anunció hoy la firma de la Resolución Conjunta 30-2026, mediante la cual se designa con el nombre de Dr. Luis Manuel “Mañé” Collazo Romero el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Municipio de Culebra, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y su invaluable contribución al bienestar y la salud de generaciones de culebrenses.

La medida reconoce la vida y obra del doctor Collazo Romero, considerado una figura fundamental en el desarrollo de los servicios médicos en Culebra. Nacido y criado en la Isla Municipio, se convirtió en el primer médico culebrense tras completar sus estudios de medicina y dedicar gran parte de su vida al servicio de su comunidad.

“Con esta designación perpetuamos el legado de un hombre que dedicó su vida a servir a su pueblo con compromiso, humildad y vocación. El doctor Luis Manuel ‘Mañé’ Collazo Romero representa los más altos valores del servicio público y la medicina, y su nombre quedará ligado para siempre a una institución esencial para la salud de los residentes de Culebra”, expresó la gobernadora.

Durante más de dos décadas, el doctor Collazo Romero se desempeñó como Director Médico del CDT de Culebra, distinguiéndose por su cercanía con los pacientes y su disposición de atender las necesidades de salud de la comunidad. Su labor permitió que numerosos nacimientos pudieran realizarse localmente y contribuyó significativamente al fortalecimiento de los servicios médicos en la isla municipio.

Por otro lado, González Colón anunció el veto al Proyecto del Senado 769  el cual buscaba crear la‘Ley del Instituto de Desarrollo e Innovación en Inteligencia Artificial de Puerto Rico’.

“Reconocemos y apoyamos el objetivo meritorio de la medida para posicionar a Puerto Rico como un centro de innovación tecnológica y promover el desarrollo responsable de la inteligencia artificial como herramienta para impulsar la competitividad económica, la investigación, la formación de talento especializado, así como la modernización gubernamental. Sin embargo, en este momento, las implicaciones fiscales de su implementación no son compatibles con el Plan Fiscal certificado y con el principio de neutralidad fiscal que actualmente rige las finanzas públicas de Puerto Rico”, sostuvo González Colón.

El P. del S. 769 hubiera creado nuevas  obligaciones fiscales, reasignado recursos públicos y ampliado beneficios contributivos sin que exista un análisis independiente que cuantifique adecuadamente su impacto presupuestario y contributivo, para este año fiscal.

La Gobernadora enfatizó que es política pública de esta Administración promover la innovación, la investigación científica y el desarrollo tecnológico como herramientas para fortalecer la economía de Puerto Rico. Sin embargo, tales iniciativas deben implementarse de forma compatible con los parámetros fiscales que actualmente  rigen nuestro gobierno.