Gobernadora firma tres leyes y veta 4

La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el sábado tres medidas legislativas y vetó 4.

La gobernadora  impartió vetos expresos a los proyectos de la Cámara 181 y 279, así como a las resoluciones conjuntas de la Cámara 62 y 63, tras evaluar sus implicaciones fiscales, operacionales y regulatorias.

En los mensajes remitidos a la Asamblea Legislativa, la primera ejecutiva reconoció los propósitos de las iniciativas y explicó la necesidad de contar con financiamiento identificado, parámetros claros de implantación y cumplimiento con los mecanismos legales vigentes.

En cuanto al Proyecto de la Cámara 181, dirigido a promover el acceso de las personas con impedimentos a instalaciones deportivas y recreativas mediante obligaciones de registro y divulgación, la gobernadora señaló que impone responsabilidades sin acreditar los recursos necesarios para cumplirlas. El Departamento de Recreación y Deportes y la Defensoría de las Personas con Impedimentos certificaron aumentos en gastos de $250,000 y $100,000, respectivamente, mientras que WIPR condicionó la viabilidad de sus responsabilidades a contar con financiamiento o acuerdos que cubran sus costos. El veto establece que es necesario precisar los costos iniciales y recurrentes, aclarar posibles duplicidades e identificar el financiamiento antes de aprobar la medida.

Respecto al Proyecto de la Cámara 279, relacionado con la disponibilidad de torniquetes y el adiestramiento para su uso en agencias gubernamentales y escuelas públicas, la primera ejecutiva indicó que la medida no provee los recursos necesarios ni define suficientemente aspectos esenciales de su operación. Salud estimó aproximadamente $150,000 para desarrollar, implantar y mantener el registro y capacitar sobre su manejo, mientras Educación identificó gastos adicionales no cuantificados íntegramente y asuntos pendientes sobre la selección y certificación del personal.

La gobernadora recordó que la Ley 169-2025ya exige un torniquete en el botiquín de cada patrulla de la Policía de Puerto Rico y adiestramiento acreditado para los agentes, como herramienta efectiva para proteger nuestros ciudadanos.  Sostuvo que ampliar estas obligaciones requiere resolver los señalamientos fiscales y operacionales.

Sobre la Resolución Conjunta de la Cámara 62, relacionada con el alumbrado público en Mayagüez, la gobernadora explicó que las necesidades identificadas deben atenderse mediante los mecanismos de colaboración y coordinación establecidos en la Ley 174-2026. Actuar sin la debida integración con ese marco podría generar costos no reembolsables, comprometer fondos federales y provocar señalamientos en auditorías.

De igual forma, la Resolución Conjunta de la Cámara 63, dirigida a atender deficiencias del alumbrado público en San Germán, recibió un veto porque su ejecución debe encauzarse conforme a la Ley 174-2026, con responsabilidades definidas y mecanismos adecuados de supervisión. La primera ejecutiva advirtió que una iniciativa sin integración con ese esquema podría duplicar esfuerzos, generar compromisos económicos sin garantías de reembolso y exponer recursos públicos y federales a riesgos fiscales y regulatorios.

De otra parte, convirtió en  Ley 208-2026 el Proyecto de la Cámara 1164, de la autoría del representante Fernando Sanabria, para fortalecer el derecho de los adultos mayores a recibir servicios esenciales públicos y privados sin enfrentar discrimen o exclusión por desconocimiento tecnológico o falta de acceso a internet y dispositivos electrónicos.

La legislación enmienda los artículos 2, 4 y 6.1 de la Ley 121-2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a Favor de los Adultos Mayores”, para incorporar garantías de igualdad en el acceso a servicios y tecnologías, así como responsabilidades gubernamentales dirigidas a facilitar la inclusión digital de esta población.

Asimismo, la gobernadora convirtió en la Ley 209-2026 el Proyecto de la Cámara 319, de la autoría del representante Luis “Junior” Pérez, para establecer un término de noventa días laborables para la revisión, evaluación y aprobación de proyectos tecnológicos de las agencias gubernamentales sufragados en su totalidad con fondos federales.

La legislación enmienda el inciso (ff) del Artículo 6 de la Ley 75-2019, conocida como la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service”, con el propósito de agilizar los procesos administrativos y facilitar el uso oportuno de los recursos federales destinados a la modernización tecnológica del Gobierno.

La legislación busca reducir el riesgo de retrasos que puedan comprometer el aprovechamiento de las asignaciones federales y facilitar que las agencias cumplan con los requisitos y términos correspondientes.

Finalmente, firmó la Resolución Conjunta de la Cámara 391,  correspondiente a la medida de administración A-124, convertida en la Resolución Conjunta 66-2026, para conmemorar el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y solicitar formalmente al Presidente y al Congreso federal la admisión de Puerto Rico como estado de la Unión, en igualdad de condiciones con los demás estados.