Indonesia castiga ahora con prisión el sexo extramarital y la difusión de noticias falsas

Un nuevo código penal entró en vigor este viernes en Indonesia, donde el sexo extramarital, la promoción de la apostasía y la difusión de noticias falsas se castiga ahora con penas de prisión, siguiendo una reforma de corte ultraconservador que ha sido criticada por expertos y organizaciones de derechos humanos.

El nuevo código, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, establece que toda persona que mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su marido o su mujer "será castigada por adulterio con prisión hasta por un año", mientras que quienes vivan juntos como un matrimonio sin haberse casado recibirán una pena de seis meses de encarcelamiento.

Para estos delitos, la Policía no puede actuar a menos que los considerados agresores de la norma sean denunciados por sus padres, hijos o parejas legales, lo que excluye a los turistas extranjeros de esta normativa en Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo y la tercera mayor democracia del planeta.

Bali, el destino por excelencia del archipiélago indonesio, recibió en 2025 a siete millones de visitantes internacionales.

El nuevo marco legal también estipula penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan noticias falsas, sabiendo que lo son, si estas "causan disturbios o desorden en la sociedad", un apartado que permite a la Policía detener a personas que el Gobierno considere desestabilizadores en áreas como la política o la economía.

Asimismo, la incitación pública al ateísmo o a abandonar la religión conllevará castigos de hasta cuatro años de encarcelamiento, para lo cual se considerará si el promotor de la apostasía utilizó amenazas de violencia o cualquier tipo de fuerza.

El sistema también contempla una pena máxima de tres años por "atacar el honor" del presidente o vicepresidente, quienes tendrían que denunciar el ataque para que la Policía pueda actuar.

Aunque el artículo dice que la crítica por motivos de interés público no es delito, el texto preocupa a defensores de la libertad de expresión por posibles acciones contra la prensa independiente.

El código ratifica castigos contra la promoción del comunismo y crea una pena de hasta 18 meses de prisión contra aquellos que dicen poseer poderes sobrenaturales y usarlos para causar daños a terceros.

Una reforma criticada

El nuevo código fue duramente criticado tras ser aprobado en 2022 por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW), y su entrada en vigor este viernes ha desatado un nuevo escrutinio de la normativa.

El experto en Derecho Penal Abdul Fikar Hadjar, profesor de la Universidad de Trisakti, remarcó a EFE la importancia de que la sociedad "actúe con valentía para luchar contra las fuerzas del orden" cuando considere que los representantes del Estado están abusando de sus poderes.

En este sentido, recordó que los ciudadanos pueden presentar demandas ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de ciertas normas, siempre que estas contradigan principios fundamentales o derechos humanos.

El país, de tradición secular y pluralista, como recoge su ideología fundacional -llamada "Pancasila", establecida tras su independencia de los Países Bajos en 1945-, afronta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas.

Numerosas organizaciones de derechos humanos condenan la "islamización" del país, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).

Frente a las críticas, el Ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, destacó en un comunicado que este nuevo enfoque amplía las penas alternativas como el servicio comunitario, "incluyendo un énfasis en la rehabilitación médica y social para consumidores de drogas con el fin de reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias".

Sobre el castigo al sexo extramarital, subrayó que se ha establecido la necesidad de la denuncia de un familiar para procesar este tipo de delito y con ello, dijo, "evitar la excesiva intervención estatal en el ámbito privado".