Jenniffer González convierte en ley medidas que benefician a veteranos, familias y profesionales de la salud

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió este miércoles en ley varias medidas de alto impacto dirigidas a fortalecer los servicios y beneficios para los veteranos, promover la unidad familiar y respaldar el desarrollo de los profesionales de la salud en Puerto Rico.

Como parte de las medidas que firmó la primera ejecutiva se encuentra el Proyecto de la Cámara 210 de autoría del representante, Luis Pérez y de coautoría del representante José F. Aponte Hernández ahora Ley 132-2026, una medida que moderniza la Ley del Programa de Guías de Verificación de Veteranos-Dueños de Pequeños Negocios para garantizar que más veteranos puedan beneficiarse de las oportunidades disponibles para el desarrollo de sus empresas.

La nueva legislación actualiza las definiciones de “veterano” y “veterano incapacitado del servicio” para alinearlas con las disposiciones y criterios establecidos por el Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos (VA, por sus siglas en inglés), corrigiendo referencias legales obsoletas y eliminando ambigüedades que podrían limitar la participación de veteranos en el programa.

“Los hombres y mujeres que han servido a nuestra nación merecen que el Gobierno de Puerto Rico les brinde las herramientas necesarias para prosperar una vez regresan a la vida civil. Con esta ley fortalecemos el apoyo a nuestros veteranos empresarios, facilitando su acceso a oportunidades de crecimiento económico y reconociendo su invaluable aportación a nuestra sociedad”, expresó González Colón.

La Ley 132-2026 reconoce formalmente al Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos como la autoridad competente para determinar el estatus de veterano y de veterano incapacitado del servicio, así como a la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA) como la entidad responsable de certificar a los Veteranos Dueños de Negocios y Veteranos Incapacitados Dueños de Negocios.
Además, la medida es representación de  la política pública de la Gobernadora de  respaldar a los veteranos que deciden emprender y crear negocios, promoviendo su inclusión en programas gubernamentales y fortaleciendo su capacidad para generar empleos y contribuir al desarrollo económico de Puerto Rico.

La gobernadora también firmó la Medida de Administración  104, ahora Ley 136-2026, legislación que enmienda el Artículo 619A del Código Civil de Puerto Rico para aclarar y fortalecer las disposiciones relacionadas con los derechos de los abuelos y tíos a mantener relaciones con menores cuando exista oposición de alguno de los padres o tutores.

La nueva ley establece de manera más clara que, en aquellos casos donde un padre, madre o tutor se oponga a la relación entre un menor y sus abuelos o tíos, estos podrán acudir al tribunal para solicitar la intervención judicial. Asimismo, dispone que los tribunales deberán evaluar cada caso tomando en consideración el interés óptimo del menor, las circunstancias particulares de la situación, los intereses de las partes involucradas y la preferencia del menor.

“Esta ley fortalece la protección de la familia y el bienestar de nuestros niños. Reconocemos el importante rol que desempeñan los abuelos y tíos en el desarrollo emocional y social de los menores, por lo que estamos garantizando un marco legal más claro que permita a los tribunales tomar decisiones siempre enfocadas en el mejor interés de nuestros niños”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.
Asimismo, González Colón, firmó el Proyecto del Senado 833 de autoría del senador, Juan Oscar Morales, convirtiéndolo en la Ley 127-2026, legislación que declara el mes de octubre de cada año como el “Mes de la Ortopedia y Traumatología en Puerto Rico”, con el propósito de promover la educación, prevención y concienciación sobre las condiciones que afectan el sistema musculoesquelético.

“Con esta ley reconocemos la invaluable aportación de los profesionales de la ortopedia y la traumatología, quienes trabajan diariamente para devolver movilidad, independencia y calidad de vida a miles de pacientes. Mientras concientizamos sobre la prevención y la educación para promover una mejor salud física entre nuestra población”, expresó la mandataria.

La nueva ley destaca la importancia de la ortopedia y la traumatología como disciplinas fundamentales para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, deformidades y lesiones del sistema musculoesquelético. Asimismo, reconoce el impacto que tienen estas especialidades médicas ante el aumento de condiciones como fracturas, lesiones deportivas, accidentes, artritis, osteoartritis y osteoporosis, particularmente en una población que continúa envejeciendo.

Además, establece que el Departamento de Salud podrá coordinar iniciativas junto a colegios profesionales, instituciones académicas, hospitales y organizaciones sin fines de lucro para adelantar los objetivos de la ley. También faculta a los municipios a desarrollar esfuerzos educativos y de concienciación sobre la importancia de la salud musculoesquelética y los avances en la medicina ortopédica y traumatológica.

Por último, la primera ejecutiva firmó la Medida de Administración 108, ahora la Ley 128-2026, una medida que enmienda el Código de Incentivos de Puerto Rico para ampliar las entidades donde los médicos cualificados pueden cumplir con el requisito anual de 180 horas de servicio comunitario requerido para mantener sus decretos contributivos.

La nueva legislación añade a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación como entidades elegibles para que los médicos cualificados puedan cumplir dichas horas mediante servicios remunerados.

“Esta ley amplía el acceso a servicios médicos para miles de ciudadanos que reciben atención a través de distintas instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico. Al mismo tiempo, fortalece los incentivos que ayudan a retener a nuestros profesionales de la salud en la Isla y facilita que más médicos puedan aportar su conocimiento y experiencia donde más se necesita”, expresó la gobernadora.

La medida surge como parte de los esfuerzos para atender la reducción en el número de médicos activos en Puerto Rico y fortalecer las herramientas disponibles para retener y atraer profesionales de la salud. Actualmente, los médicos cualificados que reciben incentivos contributivos bajo el Código de Incentivos deben cumplir con un mínimo de 180 horas anuales de servicio comunitario. La Ley 128-2026 amplía las opciones para cumplir con ese requisito, permitiendo que dichos servicios se ofrezcan mediante contratos con las agencias e instrumentalidades incluidas en la nueva legislación.