Justicia investiga a Arturo Deliz por caso de centros de inspección

El secretario asociado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Marco García, reveló el miércoles en una vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes que el Departamento de Justicia mantiene una investigación activa contra el exdirector de la División de Investigación e Inspección de la Directoría de Asuntos del Conductor (DISCO), Arturo Deliz Vélez, por actuaciones relacionadas con procesos administrativos en centros de inspección de vehículos de motor.

“Se mantiene activa una investigación separada en el Departamento de Justicia relacionada con las actuaciones del señor Arturo de Lis Vélez en el contexto de dichas investigaciones administrativas a centros de inspección de vehículos de motor, la cual se encuentra en etapa investigativa”, leyó García de una carta enviada por la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, al secretario del DTOP.

La información surgió durante los trabajos sobre la Resolución de la Cámara 352, que investiga la implantación del Artículo 12 de la Ley 22-2000, con énfasis en el requisito de un nuevo sistema y equipo para los centros de inspección. García indicó que la carta está fechada el 10 de abril y fue recibida en el DTOP el 13 de abril.

El presidente de la comisión, José Hernández, destacó que la revelación levantaba interrogantes, porque el día anterior la abogada de Deliz había informado a la comisión que su cliente no comparecería a la vista por ser testigo en investigaciones en Justicia y en el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. “Es importante para nosotros que las cosas estén claras”, expresó Hernández.

Según la carta leída en la audiencia, la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia culminó una investigación preliminar vinculada a un referido legislativo, durante la cual examinó procesos administrativos aplicables a centros de inspección, incluyendo multas, planes de pago y reactivación de estaciones oficiales.

La misiva también señala que la información recopilada reflejó que esos procesos se desarrollaron dentro de un marco administrativo donde se ejercía discreción en la implantación de medidas correctivas. Sin embargo, Justicia identificó limitaciones en la documentación disponible, lo que impide reconstruir con precisión aspectos de los procedimientos seguidos, entre ellos términos de acuerdos, balances pendientes y criterios utilizados para determinar cumplimiento.

Hernández solicitó copia de la carta para incorporarla al expediente de la comisión y dijo que evaluará por qué esa información no fue incluida en la comunicación remitida el día anterior por la representación legal de Deliz.