Legislatura aprueba cambios a la Rama Judicial
Presidenta del Supremo le pide a la gobernadora que lo vete
Foto: Suministrada
La Asamblea Legislativa aprobó el jueves el Proyecto del Senado 1096, que derogaría la Ley de la Judicatura vigente desde 2003 y propone, entre otras modificaciones, eliminar la categoría de jueces municipales y centralizar las decisiones administrativas en el pleno del Tribunal Supremo.
En la Cámara de Representantes, la medida recibió 32 votos a favor que incluye a la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz y 15 votos en contra de las delegaciones de minoría. 2003, La votación electrónica de la medida se suponía que fuera el pasado lunes.
El Senado concurrió con las enmiendas de la Cámara, por lo que el proyecto será enviado a La Fortaleza.
Entre múltiples cambios, la medida persigue establecer un modelo de coadministración entre los miembros del Tribunal Supremo y su jueza presidenta. Esta disposición fue rechazada por la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), cuyo administrador Sigfrido Steidel opinó en vista pública que “reduce sustancialmente” la autoridad del juez presidente a uno de ejecutor pasivo de la reglamentación del pleno.
Asimismo, se crean y reorganizan diversas oficinas especializadas, amplía las funciones de la Academia Judicial, promueve métodos alternos para la solución de conflictos, fortalece los programas de orientación ciudadana y acceso a la justicia, actualiza el funcionamiento del Negociado de Traducciones para agilizar la publicación en inglés de decisiones, reglamentos y resoluciones del Tribunal Supremo, y moderniza diversas disposiciones de la Ley Notarial.
La nueva estructura dispone que la Rama Judicial estará compuesta por los 11 miembros del Tribunal Supremo; el Tribunal de Apelaciones con 39 jueces operando en paneles de tres a siete miembros; y el Tribunal de Primera Instancia fijado en 338 jueces superiores, eliminando así la categoría de juez municipal.
Por su parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez, le pidió a la gobernadora, Jenniffer Aydin González Colón que vete la medida.
“Hoy se ha consumado una decisión legislativa de profunda gravedad para el orden constitucional de Puerto Rico. Con la aprobación del Proyecto del Senado 1096, la Asamblea Legislativa ha optado por desatender las serias advertencias sobre una medida que trastoca el diseño constitucional de la administración judicial y amenaza con debilitar el funcionamiento de una de las tres ramas de nuestro gobierno.
No podemos llamar modernización a una reforma que debilita la capacidad de dirección de una rama constitucional, ni rendición de cuentas a un modelo que separa la autoridad de la responsabilidad.
Durante meses, el Poder Judicial compareció ante la Asamblea Legislativa y presentó sus preocupaciones constitucionales y operacionales para evitar estas consecuencias. Lamentablemente, esos planteamientos no fueron atendidos. La decisión de ignorarlos no elimina los riesgos advertidos, sino que traslada sus posibles consecuencias al funcionamiento de los tribunales y, en última instancia, a las personas que dependen de sus servicios.
Quiero reiterar que esta controversia no se trata de mi persona ni de las facultades de quien hoy ocupa la Presidencia del Tribunal Supremo. Se trata de preservar una estructura constitucional que debe trascender a quienes ocupamos cargos públicos y a las mayorías legislativas de turno.
La Constitución no puede quedar subordinada a la voluntad de una mayoría legislativa, por amplia que esta sea. Si la Asamblea Legislativa entiende que debe modificarse la distribución de responsabilidades establecida en nuestra Constitución, el camino legítimo es proponer una enmienda constitucional y someterla a la consideración del pueblo de Puerto Rico. Nuestra democracia exige que todas las ramas de gobierno respeten los límites y las responsabilidades que el propio pueblo estableció para proteger sus instituciones.
Exhorto a la gobernadora de Puerto Rico a ejercer su facultad constitucional de veto y detener una legislación que, a nuestro juicio, compromete el diseño constitucional de la administración judicial y pone en riesgo la estabilidad institucional del Poder Judicial.
Esta decisión trasciende cualquier diferencia política, cualquier administración y cualquier presidencia. Lo que está en juego no es quién ejerce el poder hoy, sino el respeto a las instituciones que deben servirle al país mañana.
La defensa de nuestra Constitución exige algo más que invocarla: exige respetarla, incluso cuando hacerlo resulte incómodo”, dijo Oronoz Rodríguez en declaraciones escritas.
