Policía confirma asesinatos en Ponce y Guayama y vincula ambos crímenes con hombre que se suicidó en Santa Isabel
“La violencia nunca puede ser la respuesta a una controversia. Nadie tiene derecho a tomar la vida de otra persona”, sostuvo el Superintendente


El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, confirmó el viernes que el abogado Luis A. Quiñones González, de 47 años, y el empresario Félix Plaud de Choudens, de 45 años, fueron asesinados en Ponce y Guayama, respectivamente, y señaló como principal sospechoso de ambos crímenes a William Noel Rivera Sánchez, de 45 años, quien posteriormente fue encontrado muerto en su apartamento en Santa Isabel.
“Estamos aquí esta tarde para ofrecer la información sobre dos asesinatos que estamos investigando en los municipios de Ponce y Guayama y que, según la evidencia, hasta el momento están relacionados con un mismo sospechoso. Son hechos profundamente lamentables que han cobrado tres vidas y han causado un inmenso dolor a tres familias”, dijo González Falcón durante una conferencia de prensa en el Cuartel General de la Policía, en Hato Rey.
El superintendente estableció que la secuencia de los hechos comenzó con el asesinato de Plaud de Choudens en Guayama, continuó con el ataque contra Quiñones González en Ponce y culminó con la muerte de Rivera Sánchez en Santa Isabel.
Según la investigación, Plaud de Choudens fue visto por última vez aproximadamente a las 7:00 de la noche del jueves, luego de una conversación con Rivera Sánchez. Un amigo reportó su desaparición cerca de las 11:00 de la mañana del viernes.
El cuerpo del empresario fue localizado posteriormente en un área de pastizal al final de la avenida Laporte, en el barrio Borinquen de Guayama, detrás de unos talleres de mecánica y cerca de una gasolinera Total. Presentaba múltiples heridas de bala.
Durante la conferencia, González Falcón recibió confirmación de la identidad del fallecido por parte de la persona que había reportado su desaparición.
Al preguntársele si el cadáver encontrado en Guayama correspondía a Plaud de Choudens, el superintendente respondió: “Sí”.
La Policía todavía no ha establecido a qué hora ocurrió ese asesinato. El coronel Manuel de Jesús Tresco, superintendente auxiliar de Investigaciones Criminales, explicó que se investiga el periodo comprendido desde la última vez que fue visto el empresario hasta el hallazgo de su cuerpo.
Sobre el asesinato del abogado, González Falcón explicó que Quiñones González salió del Tribunal de Ponce en su vehículo, una camioneta, siguiendo el automóvil conducido por su esposa.
Al llegar a una intersección de la avenida Las Américas, un tercer vehículo se colocó detrás de la camioneta. De este se bajó un individuo armado que se acercó al vehículo del licenciado y le disparó en múltiples ocasiones utilizando dos armas de fuego.
“La esposa del licenciado, que conducía delante de él, presenció el ataque a través del espejo retrovisor de su carro. Como consecuencia de lo ocurrido, el pickup del licenciado impactó el vehículo de su esposa”, relató González Falcón.
Según el superintendente, la mujer respondió al ataque realizando varios disparos en dirección al agresor mientras este abandonaba el lugar.
“Inmediatamente después, su esposa, con la ayuda de ciudadanos que se encontraban en el lugar, llevaron al licenciado a un hospital para recibir la asistencia médica. Lamentablemente, el licenciado Luis Quiñones González falleció en el hospital a consecuencia de las heridas recibidas”, sostuvo.
El inspector Daniel Justiniano Mercado, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, confirmó que la esposa del abogado fue entrevistada, aunque indicó que se encontraba en una fuerte crisis emocional. También señaló que poseía una licencia de armas vigente hasta 2027.
Como parte de la investigación, las autoridades identificaron a Rivera Sánchez como sospechoso principal y examinan varias grabaciones publicadas mediante una cuenta de Facebook atribuida al hombre.
“En estas grabaciones, Rivera Sánchez se atribuye la responsabilidad de ambos asesinatos. También hace referencia a una alegada controversia económica relacionada con inversiones comerciales”, indicó González Falcón.
El superintendente explicó que, según la información recopilada, una de las grabaciones aparentemente fue realizada la noche del jueves y otra luego del asesinato del abogado. Ambas fueron publicadas en las redes sociales después del crimen de Ponce.
En uno de los videos, Rivera Sánchez afirmó que había invertido sus ahorros en proyectos de dispensarios de cannabis medicinal y acusó a Quiñones González y a Plaud de Choudens de aprovecharse de su dinero.
“Yo hace un tiempo atrás invertí dinero para los dispensarios. Todos mis ahorros se los di a dos personas. Número uno, a Félix Plaud, y segundo al licenciado Luis Quiñones de Ponce”, expresó Rivera Sánchez en la grabación.
El hombre alegó que los negocios no se concretaron y que había realizado gestiones para recuperar las cantidades invertidas.
Aunque la Policía considera esas grabaciones parte de la evidencia, González Falcón advirtió que las acusaciones económicas formuladas por Rivera Sánchez todavía requieren corroboración.
“Quiero ser muy claro, las alegaciones realizadas por Rivera Sánchez en sus videos están siendo examinadas y no deben interpretarse como hechos corroborados por nuestra Policía”, afirmó.
El superintendente confirmó además que los investigadores identificaron documentos judiciales relacionados con una disputa económica entre Rivera Sánchez y Plaud de Choudens.
“En agosto de 2025, ambas partes alcanzaron un acuerdo judicial mediante el cual se reconocía una deuda de más de 100,000 dólares. Esta información es relevante porque documenta una controversia económica previa entre ambas personas”, explicó.
Según González Falcón, las autoridades investigan si ese acuerdo fue cumplido y qué relación, si alguna, guarda la controversia con los asesinatos.
Por otro lado, una demanda presentada el 25 de junio de 2026 ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, bajo el caso SJ2026CV05345, documenta otra reclamación de Rivera Sánchez contra Quiñones González, Plaud de Choudens y varias personas y empresas relacionadas con negocios de cannabis medicinal.
En ese pleito, Rivera Sánchez alegó haber invertido 161,000 dólares en un proyecto de dispensario en Cupey, incluidos 125,000 dólares para adquirir una participación en el negocio, 22,000 dólares en alquiler, 10,000 dólares para equipos y 4,000 dólares en mejoras al establecimiento.
La demanda sostiene que se le ofreció una participación de 24.5 por ciento en el dispensario, pero que las gestiones corporativas para reconocer formalmente su inversión no se completaron. El reclamante solicitó 500,000 dólares por alegadas angustias mentales y otros 166,000 dólares, además de costas y honorarios de abogado.
Los señalamientos contenidos en el recurso constituyen alegaciones de la parte demandante y no determinaciones judiciales sobre responsabilidad de las personas demandadas.
En cuanto a la muerte de Rivera Sánchez, González Falcón explicó que las autoridades recibieron información de que el hombre se encontraba en su apartamento de Santa Isabel y había manifestado intenciones de quitarse la vida.
Agentes acudieron a la residencia e intentaron comunicarse con él, pero no obtuvieron respuesta. Posteriormente, personal de rescate de la Policía realizó una entrada forzada y encontró a Rivera Sánchez sin vida en la sala del apartamento, con una herida de bala.
“Las circunstancias apuntan a que se habría quitado la vida, aunque la determinación correspondiente continúa bajo investigación”, indicó el superintendente.
En la residencia se ocuparon tres armas de fuego y fue localizado el vehículo del sospechoso, que presentaba impactos de bala.
El hallazgo cobra importancia porque la esposa de Quiñones González había disparado hacia el agresor durante el asesinato de su esposo. Los investigadores buscan determinar mediante análisis periciales si los impactos en el automóvil corresponden a esos disparos.
Justiniano Mercado informó que, preliminarmente, los calibres de los casquillos encontrados en la escena de Ponce son compatibles con los de armas ocupadas en Santa Isabel, aunque falta completar las pruebas correspondientes.
Las armas recuperadas serán sometidas a análisis para establecer si fueron utilizadas en los asesinatos. También se examinarán los videos, documentos judiciales y testimonios para reconstruir los acontecimientos.
“La muerte del principal sospechoso no significa que nuestra investigación ha terminado. Tenemos la responsabilidad de esclarecer completamente estos asesinatos, establecer las secuencias de los hechos, corroborar la evidencia y determinar todas las circunstancias que rodearon estos crímenes”, sostuvo González Falcón.
El superintendente expresó sus condolencias a las familias de las tres personas fallecidas y aseguró que las divisiones de Homicidios de Ponce y Guayama continuarán trabajando en las investigaciones.
“La violencia nunca puede ser la respuesta a una controversia. Nadie tiene derecho a tomar la vida de otra persona”, concluyó.
La Policía exhortó a cualquier persona con información relacionada con los asesinatos a comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.
“Si usted o alguien que conoce se siente agobiado o está considerando el suicidio es importante buscar ayuda. Puede llamar a la Línea PAS al 1-800-981-0023 (1-888-672-7622 TDD) las 24 horas al día, los siete días de la semana, libre de costo y confidencial”.





