Senado avala legislación que transfiere al CRIM recaudos de patentes por servicios de telecomunicaciones

El Senado de Puerto Rico aprobó ayer transferir al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) la administración y distribución de los recaudos por concepto de patentes municipales relacionadas con servicios de telecomunicaciones prestados fuera de Puerto Rico desde la Isla.

El Proyecto del Senado 776, presentado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, por petición de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, enmienda el Código Municipal para establecer que el pago de estas patentes municipales se realice directamente en el CRIM. La legislación dispone además que los fondos recaudados se distribuyan entre los municipios conforme a la fórmula establecida en la “Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico”, en lugar de permanecer bajo la administración de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).

Asimismo, ordena la transferencia al CRIM de los balances acumulados relacionados con estos recaudos y exige la preparación de informes anuales detallando la cantidad recaudada y la distribución de los fondos. Según la exposición de motivos, el esfuerzo legislativo busca fortalecer la capacidad fiscal de los municipios y proveer mayores recursos para la prestación de servicios esenciales a las comunidades.

“Este proyecto bajo ninguna circunstancia está diciendo que el pago de las patentes de las telecomunicadoras en Puerto Rico va a ir dirigido al fondo extraordinario que trabaja con el recogido de basura, vegetativa, escombros y reciclaje. Eso no es lo que dice el proyecto. Lo que dice es que la práctica que se hace anualmente en Puerto Rico cambie de recipiente, que en vez de que sea la Oficina de Gerencia y Presupuesto, ahora lo reciba directamente el CRIM. De la misma forma, que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, por disposición de ley, tiene una fórmula de cómo hacer la redistribución del dinero que se recibe de las patentes alrededor de los municipios, esa encomienda se le está dando al CRIM”, expresó la senadora Roxanna Soto Aguilú.

Asimismo, el Senado aprobó la Resolución del Senado 539, presentada por el portavoz alterno de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez, para ordenar la celebración de una Comisión Total Especial en el Distrito de San Juan con el propósito de investigar las interrupciones recurrentes en el servicio de agua potable que han afectado a la capital y comunidades aledañas. La medida busca requerir información detallada sobre las causas de las fallas, las acciones correctivas implementadas, el estado de la infraestructura de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y los planes de contingencia existentes para garantizar la continuidad del servicio.

Esta resolución surge ante las múltiples interrupciones registradas desde julio de 2025, particularmente en sectores de San Juan como Santurce, Hato Rey y Río Piedras, relacionadas con averías en instalaciones críticas del sistema de distribución de agua. Como parte de la investigación, se dispone la comparecencia del presidente ejecutivo de la AAA, Luis Reinaldo González Delgado, para que ofrezca explicaciones sobre el manejo de la situación y las medidas adoptadas para atenderla.

“El Senado de Puerto Rico, está citando a Comisión Total Especial el próximo miércoles 17 de junio a las 10 de la mañana en el salón Leopoldo Figueroa, para que comparezcan ante el Senado el ingeniero Luis Reynaldo González Delgado, presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y estamos invitando al alcalde de Bayamón, Luis Rivera Cruz, y al alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo, para que participen si así lo desean”, sentenció el presidente senatorial, a la vez que explicó que, durante los trabajos de la comisión, se dialogará sobre el estado de todos los Distritos Senatoriales.

Mediante esta Comisión Total Especial, el Senado procurará examinar posibles deficiencias operacionales o administrativas que hayan contribuido a la crisis, así como identificar alternativas y recomendaciones dirigidas a fortalecer la confiabilidad de uno de los servicios esenciales más importantes para la ciudadanía.

También fue aprobado el Proyecto del Senado 1001, una medida de administración, para ampliar las alternativas mediante las cuales los médicos cualificados acogidos a los incentivos contributivos del Código de Incentivos de Puerto Rico pueden cumplir con el requisito de 180 horas anuales de servicio comunitario.

Actualmente, estas horas pueden cumplirse mediante servicios prestados bajo contrato con el Plan Vital. Con la aprobación de esta medida, también podrán contabilizarse como cumplimiento los servicios médicos o dentales prestados mediante contratos con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) y el Programa de Salud Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Con esta legislación se procura aumentar la disponibilidad de profesionales de la salud en poblaciones que dependen de estas entidades gubernamentales para recibir atención médica.

De igual forma, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1171, de Morales Rodríguez, por petición de Yasmín Rosa Pérez, para declarar la última semana de septiembre de cada año como la “Semana de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal (DFT) en Puerto Rico”. Establece como política pública promover la educación, la detección temprana, la sensibilización social y el apoyo a pacientes, cuidadores y familiares afectados por esta condición neurodegenerativa. Además, asigna al Departamento de Salud la responsabilidad de desarrollar campañas educativas, recopilar información estadística y coordinar actividades de orientación sobre la enfermedad.

Por otro lado, el Proyecto del Senado 1163, de la autoría del senado Ángel Toledo López por petición, crea un nuevo procedimiento para permitir que notarios puedan tramitar, en determinados casos no contenciosos, la sustitución de pagarés hipotecarios extraviados, destruidos, dañados o mutilados cuando la obligación garantizada continúe vigente. La medida establece requisitos específicos para proteger los derechos de acreedores, deudores y terceros con interés, incluyendo la comparecencia de las partes, la publicación de edictos y mecanismos de notificación. Con ello se busca reducir costos, agilizar trámites y disminuir la carga de casos en los tribunales.

Asimismo, fue aprobado el Proyecto del Senado 930, de la senadora Soto Aguilú que enmienda el Código Municipal para prohibir que entidades que carezcan de licencia vigente expedida por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras participen en el Registro de Licitadores o en cualquier etapa de subastas relacionadas con el arrendamiento de bienes muebles en municipios. Lo que persigue es evitar nulidades contractuales, fortalecer la transparencia en los procesos de contratación y proteger el uso adecuado de fondos públicos. , comentó la autora del proyecto.

El Alto Cuerpo también dio paso al Proyecto del Senado 1158, de la senadora Karen Román Rodríguez el cual modifica la “Ley del Plan de Operaciones de Puerto Rico para el Programa Federal de Donación de Propiedad Excedente” para flexibilizar la frecuencia de las auditorías realizadas por la Oficina del Contralor. La medida establece que dichas auditorías fiscales y operacionales se efectuarán conforme a los planes anuales de auditoría de la Oficina del Contralor y en un término no mayor de tres años, permitiendo una fiscalización más estratégica y acorde con la capacidad operacional de la entidad.

Además, fueron aprobadas varias resoluciones investigativas dirigidas a examinar asuntos de interés público. Entre ellas, la Resolución del Senado 475, de la senadora Nitza Moran Trinidad que ordena una investigación sobre el estado del proyecto de arrecifes artificiales para aumentar la seguridad en la playa del Condado; la Resolución del Senado 481, de Jamie Barlucea Rodríguez que dispone una investigación sobre el estado de carreteras, caminos y vías públicas en los municipios que componen el Distrito Senatorial de Ponce; la Resolución del Senado 505, de la vicepresidenta senatorial, Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, para evaluar el cumplimiento e implementación de la política pública relacionada con el desarrollo y protección de las islas municipio de Vieques y Culebra; y la Resolución del Senado 508, de la senadora Román Rodríguez que ordena investigar las condiciones del sistema de bombeo y servicio de agua potable que atiende al barrio Percha de San Sebastián.

Del mismo modo, el Alto Cuerpo dio paso a la Resolución del Senado 509, de los senadores Héctor Joaquín Sánchez Álvarez y Luis Javier Hernández Ortiz que dispone un estudio sobre la regulación y fiscalización de los sorteos promocionales en Puerto Rico y el cumplimiento de las normas de protección al consumidor aplicables a estas actividades.

Finalmente, el Alto Cuerpo concurrió con las enmiendas introducidas por la Cámara al Proyecto del Senado 765, medida de Rivera Scahtz, que enmienda la Regla 40.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico para agilizar el proceso de citación de testigos que residen fuera de Puerto Rico, pero dentro de otras jurisdicciones de Estados Unidos. La medida sustituye, en la mayoría de los casos, el actual sistema de cartas rogatorias y suplicatorias por el mecanismo establecido en la Ley Uniforme de Deposiciones y Descubrimiento Interestatal, ya adoptada por casi todos los estados y territorios estadounidenses. Asimismo, aprobó con enmiendas la reconsideración del Proyecto del Senado 14, del portavoz de mayoría, Gregorio Matías Rosario, para enmendar la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”, para prohibir a los Operadores, la recolección de información de las apuestas de los jugadores autorizados con el propósito de predecir la forma y manera en que estos apostarán.