Tribunal rechaza reconsideración del Gobierno y mantiene freno a sustitución de Physician Correctional
La determinación no resuelve todavía el fondo del pleito, pero impide a Corrección activar un contrato con otro proveedor
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan rechazó una solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno de Puerto Rico y mantuvo vigente la orden que impide al Departamento de Corrección y Rehabilitación sustituir, por el momento, a Physician Correctional como proveedor de los servicios médicos en las cárceles de la isla.
La decisión deja intacto el remedio provisional concedido el pasado 22 de julio, mediante el cual se ordenó al DCR abstenerse de poner en vigor o ejecutar un nuevo contrato que sustituya los servicios ofrecidos por Physician mientras se adjudica la controversia contractual.
El remedio fue concedido bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil y quedó condicionado a que Physician prestara una fianza de $3 millones.
Gobierno cuestionó autoridad del tribunal
En su solicitud de reconsideración, el Estado argumentó que la medida funcionaba, en la práctica, como un interdicto contra el Gobierno y que interfería con las facultades del secretario de Corrección para administrar el sistema penitenciario y contratar los servicios necesarios para la población penal.
También cuestionó la validez de la cláusula 21.2 del contrato, relacionada con la terminación del acuerdo por justa causa y la notificación previa. El Gobierno sostuvo que esa disposición era incompatible con la Ley 237-2004, que establece los requisitos aplicables a la contratación gubernamental.
La legislación dispone que los contratos deben permitir su terminación mediante aviso previo de 30 días o menos y autoriza su cancelación inmediata en casos de negligencia, abandono de deberes o incumplimiento.
Physician, por su parte, alegó que el Gobierno cambió su interpretación sobre la cláusula contractual y que el DCR no siguió el procedimiento acordado antes de anunciar la cancelación.
La empresa sostiene que las cláusulas 21.1, 21.2 y 21.7 obligaban a Corrección a notificar los alegados incumplimientos y concederle un término de 15 días para corregirlos o presentar un plan de acción. Al conceder el remedio provisional en julio, el tribunal concluyó preliminarmente que ese procedimiento no se había cumplido.
Corrección puede continuar evaluando sustitutos
La orden judicial no paraliza completamente el proceso competitivo iniciado por el DCR. La agencia puede continuar evaluando propuestas, seleccionar un posible proveedor, negociar condiciones y preparar un plan de transición.
Lo que no puede hacer mientras permanezca vigente la medida es poner en vigor o ejecutar un contrato que desplace a Physician Correctional.
El contrato fue otorgado en septiembre de 2023 por aproximadamente $73.7 millones y tiene una duración de cinco años, hasta septiembre de 2028. Además de los servicios de salud física, mental y dental en las instituciones penales, el acuerdo consolidó servicios para jóvenes transgresores y programas de salud mental.
El litigio comenzó luego de que Corrección notificara en julio de 2025 su intención de cancelar el acuerdo, en medio de los cuestionamientos surgidos por las evaluaciones médicas relacionadas con el pase extendido concedido a Hermes Ávila Vázquez.
Physician sostiene en su demanda que la cancelación fue arbitraria, incumplió el procedimiento contractual y estuvo motivada por represalias político-partidistas. El Gobierno ha rechazado esas imputaciones. Ninguna de esas alegaciones ha sido adjudicada definitivamente.
El tribunal señaló una conferencia con antelación al juicio para el 2 de febrero de 2027. El juicio está pautado para los días 29, 30 y 31 de marzo, y 1 y 2 de abril de 2027. Mientras tanto, Physician Correctional continuará prestando los servicios médicos a la población correccional.
