Una conclusión en busca de argumentos

En la radio, la televisión, los podcasts y las redes sociales se ha consolidado una figura con enorme influencia sobre la conversación pública: el analista político. Su función debería ayudarnos a entender los acontecimientos, separar hechos de impresiones y explicar las consecuencias de una decisión. Precisamente por esa influencia, vale la pena preguntarnos qué ocurre cuando el analista deja de analizar y comienza, sencillamente, a justificar una conclusión previamente adoptada.

Analizar supone un proceso intelectual bastante sencillo de describir. Primero se examinan los hechos, después se consideran las circunstancias, se estudian las alternativas y finalmente se llega a una conclusión. Sin embargo, cada vez resulta más frecuente observar exactamente el proceso contrario: primero aparece la conclusión y después comienza la búsqueda de argumentos capaces de sostenerla.

El problema no está en tener ideología, preferencias o simpatías políticas. Todo analista las tiene y pretender una neutralidad absoluta sería poco creíble. El problema surge cuando esas preferencias dejan de ser una perspectiva desde la cual se observa la realidad y se convierten en el resultado obligatorio al cual debe llegar cualquier análisis.

A partir de ahí, el ejercicio se vuelve demasiado predecible. Una actuación puede ser jurídicamente válida, administrativamente viable y perfectamente ejecutable, pero antes de examinarla ya existe alguna razón para explicar por qué está mal o por qué supuestamente no puede hacerse. Si no aparece una prohibición legal, surge algún tecnicismo.  Por otro lado, si el tecnicismo no resulta suficiente, aparece una objeción procesal y, si tampoco funciona, entonces se cuestiona la conveniencia, el momento o hasta la intención.

Nada de esto significa que una actuación sea correcta simplemente porque puede hacerse. Tampoco significa que el Gobierno deba quedar exento de crítica, fiscalización o cuestionamientos. Significa algo mucho más elemental: el analista debería permitir que los hechos conduzcan a la conclusión, en lugar de obligar a los hechos a servir una conclusión que ya estaba escrita.

Cuando la conclusión precede al análisis, pensar deja de ser verdaderamente necesario. El esfuerzo intelectual ya no consiste en determinar qué ocurrió o cuál alternativa resulta más razonable, sino en encontrar una explicación suficientemente sofisticada para confirmar aquello que se decidió de antemano. Se puede revestir el argumento de lenguaje jurídico, económico, administrativo o político, pero el orden del razonamiento continúa invertido.

Por eso algunos análisis políticos resultan extraordinariamente predecibles. Antes de conocerse todos los detalles de una controversia, ya podemos anticipar cuál será la conclusión de determinados comentaristas. Cambian los funcionarios, cambian las agencias, cambian las circunstancias y hasta cambian los fundamentos jurídicos, pero el desenlace del análisis permanece sorprendentemente constante.

Si el Gobierno actúa con rapidez, entonces actuó precipitadamente. Si estudia el asunto antes de decidir, reaccionó tarde; si modifica una determinación, improvisó; si la mantiene, fue inflexible. Si identifica una alternativa jurídica, se cuestiona por qué la utilizó y, si decide no utilizarla, entonces se le reprocha no haber buscado otra opción.

Bajo esa lógica resulta prácticamente imposible acertar. No importa demasiado cuál sea la actuación porque el resultado del análisis estaba decidido antes de comenzar. Eso no es fiscalización rigurosa; es una conclusión en búsqueda permanente de algún argumento que pueda sostenerla.

La fiscalización seria funciona de otra manera. Obliga a señalar una actuación incorrecta cuando corresponde, pero también exige reconocer cuando una decisión es jurídicamente válida, administrativamente razonable o perfectamente posible, aunque no coincida con nuestras preferencias. Decir “no me gusta, pero se puede hacer” requiere más honestidad intelectual que convertir una preferencia personal en una supuesta imposibilidad técnica.

El analista político tiene derecho a opinar, disentir y criticar. Su responsabilidad, sin embargo, consiste en conservar la posibilidad real de que los hechos modifiquen su opinión y no limitarse a seleccionar aquellos elementos que confirman lo que ya pensaba. Si ningún hecho, explicación o argumento puede alterar la conclusión original, entonces habría que preguntarse cuánto análisis ocurrió realmente.

También existe otra consecuencia. Cuando absolutamente todo se presenta como una crisis, un fracaso o una imposibilidad, hasta las críticas legítimas pierden fuerza. El público termina reconociendo el patrón y comienza a distinguir entre quien analiza una controversia y quien simplemente espera la próxima controversia para repetir la misma conclusión.

La discusión pública necesita crítica, contraste y desacuerdo. También necesita analistas dispuestos a escuchar una explicación completa antes de descartarla, estudiar una alternativa antes de declararla imposible y reconocer cuando la realidad no coincide con la conclusión que esperaban encontrar. Sin ese ejercicio, el comentario puede ser entretenido, contundente y hasta técnicamente elaborado, pero difícilmente será análisis.

El orden debería ser sencillo. Primero los hechos, después el análisis y finalmente la conclusión. Si el resultado estaba decidido desde el principio, lo que sigue no es un esfuerzo por comprender mejor la realidad; es, sencillamente, una conclusión en busca de argumentos.