Alcalde de Cataño califica como errores administrativos informe de la contralora

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, calificó el martes la mayoría de los señalamientos del informe OC-26-29 de la Oficina de la Contralora como errores administrativos que están en proceso de corregirse o que ya fueron corregidos.

“Si me presentan la prueba o cualquier otra evidencia que me convenza de que tengo que tomar una acción correctiva administrativa, yo lo voy a hacer. Claro que lo voy a hacer”, dijo el alcalde en conferencia de prensa.

Alicea Vasallo insistió además en que se le debió dar la oportunidad de responder a los señalamientos antes de la divulgación del informe, lo que, a su juicio, no representa un trato preferencial frente a otros alcaldes.

“Bueno, tú estás hablando de otros alcaldes que no tienen el bagaje ni la experiencia que yo tengo de 36 años. Yo soy auditor de profesión. Yo trabajé en la Oficina de Ética Gubernamental. Dentro de mis funciones era compartir información con la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Y yo sé cómo se manejan estos temas. Venir a decirle al municipio y a todos los jefes de gabinete y secretarios que, desde ahora en adelante, desde el 29 de marzo, se va a diferenciar entre una auditoría regular y querella. Eso no es justo”, declaró.

Alicea Vasallo culminó la conferencia cuando le preguntaron sobre los vínculos de algunos de los protagonistas del informe.

El alcalde no quiso contestar cómo se llama la empleada que ocupó interinamente la Oficina de Planificación y que, según el hallazgo número 4 del informe de la contralora Carmen Ana Vega Fournier, no cumplía con los requisitos de ley para ocupar el puesto.

Tampoco quiso responder si la empleada, Wandereliz Morales, es o fue su nuera.

“Eso ya ellos mismos lo consultaron con la Oficina de Ética Gubernamental. De lo contrario, hubiera sido referida en el informe a la Oficina de Ética Gubernamental y no lo hicieron”, contestó el alcalde.

En el hallazgo número 5 se alega que el municipio contrató los servicios de un bufete que excedió las cantidades máximas de facturación sin enmendar los contratos correspondientes.

Se le preguntó al alcalde: “¿Ese es el bufete que fue con el licenciado (Jaime) Sanabria?”

“Mira, yo no voy a entrar en nombres. La Oficina del Contralor (no) lo hace, porque yo debo hacerlo. Que sea la Oficina del Contralor el que emitió el informe, que te conteste esa pregunta”.

“Ok, pero me gustaría saber, en términos de la persona con la que usted contrató, ¿usted o su familia tienen alguna relación directa o indirecta con esa persona?”

“No, no, jamás. Jamás. Directa ni indirectamente. Ni directa ni indirecta. Directa ni indirectamente”, contestó el alcalde.

“¿Y esa persona, entre otros asuntos, trabajó disputas laborales en el municipio?”, se le preguntó.

“¿El bufete? Sí, es especialista en derecho, como te lo acabé de leer. Y es un bufete que no simplemente trabaja los asuntos de derecho laboral, sino que es el bufete que hoy en día está llevando las demandas contra los corruptos que estuvieron aquí robándole al municipio de Cataño. Ese es el bufete que está llevando la cara para recobrar 21 millones de dólares. El bufete se llama Sheika (ECIJA SBGB, respondió una de las ayudantes del alcalde)”.

“¿Y ese bufete, además de asuntos laborales, dice que lo utilizó para qué otras cosas?”, se le preguntó.

“Ah, no tengo las facturas en la mano. Aquí se maneja, hermano, un presupuesto de 45 millones de dólares y un montón de situaciones”, respondió.

“¿O sea, que alegarle que hay algún conflicto por algún vínculo directo o indirecto sería entonces falso? O sea, ¿usted niega cualquier vínculo de esa persona, directo o indirecto?”, se le preguntó.

“Sí, mira, yo te voy a contestar la pregunta. Tú sabes que Jay Fonseca tuvo un tiempo conmigo y planteó eso que tú estás planteando y le pidió a la Oficina de Ética Gubernamental que se expresara y la Oficina de Ética Gubernamental se expresó sobre ese planteamiento y dijo que no había ningún tipo de conflicto de intereses. No lo digo yo, lo dice la Oficina de Ética Gubernamental, así de sencillo”, contestó.

Al preguntarle nuevamente al alcalde: “Respecto al hallazgo 5, ¿este bufete es el bufete del licenciado Sanabria?”

Alicea Vasallo contestó: “Sí. Eso es así”.

“¿Tiene algún vínculo familiar con usted? No. ¿Lo ha tenido en algún momento?”, se le preguntó, a lo que el alcalde contestó: “No”.

“¿Alguna relación con algún familiar suyo?”, se le preguntó.

“Nunca. Una foto no define la persona. Una foto no define una relación”, sostuvo.

“O sea, que este bufete tampoco fue contratado por el municipio por los vínculos que pudieron haber tenido o tienen actualmente con su familia”.

“No, para nada, para nada. Es un bufete de los mejores en derecho laboral que tiene Puerto Rico. Y el licenciado Jaime Sanabria, usted lo conoce, goza de una excelente reputación”, fue la contestación del alcalde.

“Y para dejar claro, usted ha dicho que si se presenta evidencia usted está a la disposición de regresar los setenta y pico de mil dólares que se argumentan aquí”, se le preguntó al alcalde.

“Eso no tiene que ver con el bufete de Jaime Sanabria, son dos cosas distintas. Estamos claros en eso. Este es otro”, respondió el alcalde.

El hallazgo número 2 alega que el municipio contrató una empresa de publicidad para desarrollar artes y elementos gráficos similares a los utilizados en la campaña electoral del alcalde. Alicea Vasallo no quiso identificar a la empresa. Tampoco ofreció el nombre de la empleada de la Oficina de Ayuda al Ciudadano señalada por supuestamente usar una computadora y cuentas oficiales para asuntos político-partidistas.

“Yo no voy a dar nombres aquí. Que se encargue el Departamento de Justicia, si hay una investigación criminal, administrativa o lo que sea. Lo que sí es que te puedo asegurar que ya nosotros internamente tenemos una investigación administrativa abierta y estamos cooperando con la Oficina de Ética Gubernamental”, sostuvo.