Caso Anaudi: nuevo juicio revive el escándalo que sacudió al gobierno y al PPD

Casi once años después de que una acusación federal revelara un esquema que mezcló recaudación política, nombramientos de gobierno y contratos públicos, el llamado caso Anaudi regresó esta semana a una sala del Tribunal Federal en San Juan.

El nuevo juicio por jurado es contra Ivonne M. Falcón Nieves, exvicepresidenta de Administración y Finanzas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), y constituye el último proceso pendiente de una investigación que alcanzó a funcionarios de la corporación pública, la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) y la Cámara de Representantes.

Falcón Nieves enfrenta nuevamente señalamientos de conspiración y fraude electrónico por hechos que la Fiscalía sitúa entre 2012 y 2015.

Uno de los principales testigos de cargo será Anaudi Hernández Pérez, empresario y antiguo recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), quien admitió en febrero de 2016 su participación en el esquema. Su cooperación con las autoridades formó parte del acuerdo de culpabilidad alcanzado con la Fiscalía federal.

Hernández Pérez continúa sin recibir sentencia. Su acuerdo contemplaba una recomendación de entre 70 y 87 meses de prisión, pero los fiscales no han solicitado que sea sentenciado mientras permanecían activos los procesos judiciales y apelativos relacionados con el caso. Desde que pactó con las autoridades se encuentra en libertad.

El inicio de este juicio podría, por tanto, acercar el cierre de uno de los expedientes de corrupción pública más prolongados de la historia reciente de Puerto Rico.

Una condena anulada y un segundo juicio

Falcón Nieves fue declarada culpable en 2016 y sentenciada en 2020 a ocho años de prisión. Sin embargo, esa condena dejó de estar vigente luego de que el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito resolviera el caso en 2023.

El foro apelativo concluyó que algunas de las convicciones no estaban respaldadas por evidencia suficiente. También determinó que Falcón Nieves y su hermana Marielis debieron ser juzgadas separadamente de otros acusados vinculados a esquemas ocurridos en agencias diferentes.

Según el Primer Circuito, presentar ante un mismo jurado evidencia sobre operaciones distintas podía causar perjuicio y generar una especie de culpabilidad por asociación. Por esa razón, el tribunal revocó definitivamente algunos cargos y anuló otros, permitiendo que la Fiscalía volviera a procesar únicamente las imputaciones que sobrevivieron el análisis apelativo.

El origen del caso

El expediente comenzó formalmente el 2 de diciembre de 2015, cuando un gran jurado federal acusó a diez personas en un pliego de 25 cargos.

Hernández Pérez fue descrito por el Departamento de Justicia federal como un empresario y recaudador político que ejercía control de facto sobre varias compañías que hacían negocios con el Gobierno, aunque su nombre no aparecía en los documentos corporativos.

La acusación sostuvo que Hernández Pérez utilizó el acceso generado por sus actividades de recaudación y sus vínculos con figuras del gobierno entrante después de las elecciones de 2012 para recomendar personas a puestos estratégicos. Algunas de esas personas terminaron en posiciones desde las cuales podían intervenir en contratos, órdenes de compra y pagos gubernamentales.

La teoría fiscal era que, una vez colocados sus allegados, Hernández y sus socios recibían información, acceso y trato preferencial para conseguir negocios públicos mediante empresas como 3 Comm Global, Links Group, EKO Technologies y JM Professional & Training Group.

De acuerdo con la prueba presentada en el primer juicio, las compañías relacionadas con el grupo recibían orientación sobre propuestas, acceso a funcionarios decisionales y asistencia para estructurar transacciones de manera que evitaran procesos formales de subasta. La Fiscalía también alegó que se entregaron comidas costosas, regalos, carteras, bolígrafos, entradas a conciertos y pagos de deudas a funcionarios.

El caso fue conocido públicamente como la operación “Botín de Guerra”, una descripción que resumía la tesis de las autoridades: utilizar la victoria electoral de 2012 y los contactos creados durante la campaña para obtener puestos, contratos y beneficios dentro del Gobierno.

Lo que se alegó en la AAA

En la AAA, la acusación se concentró en el acceso de Hernández Pérez y sus asociados a funcionarios con influencia sobre compras, contratos y desembolsos.

Además de Falcón Nieves, fue acusada Sonia Barreto Colón, entonces directora de Compras de la corporación pública, quien posteriormente se declaró culpable.

La Fiscalía alegó que Hernández ofreció cosas de valor a Falcón Nieves para recibir trato favorable en asuntos oficiales ante la AAA. En el primer proceso también se ventiló un señalamiento separado relacionado con el contratista Ramón Crespo y un pago de $100,000 que, según la acusación, buscaba agilizar el desembolso de cerca de $1 millón que la corporación pública le adeudaba.

El Primer Circuito concluyó posteriormente que la prueba no era suficiente para sostener contra Falcón Nieves el cargo de ayudar en esa supuesta extorsión. Ese cargo fue revocado y no puede formar parte del nuevo juicio contra ella.

Diez acusados y múltiples declaraciones de culpabilidad

Además de Hernández Pérez, Falcón Nieves y Barreto Colón, la acusación incluyó a Sally López Martínez, entonces administradora de la ADL; Marielis Falcón Nieves; Javier Muñiz Álvarez; Carlos Luna Cruz; Xavier González Calderón, exadministrador de la Cámara; Víctor Burgos Cotto, exdirector de Tecnología del cuerpo legislativo; y Glenn Rivera Pizarro, quien fue ayudante especial de Administración en la Cámara.

Seis de los acusados —Hernández Pérez, Barreto Colón, Muñiz Álvarez, Luna Cruz, González Calderón y Burgos Cotto— alcanzaron acuerdos de culpabilidad antes del primer juicio. Los demás comparecieron ante un jurado y fueron encontrados culpables de distintos cargos, aunque varias de esas determinaciones fueron modificadas o anuladas posteriormente en apelación.

Los esquemas señalados por la Fiscalía involucraban negocios que en conjunto rondaban los $2 millones. Las autoridades sostuvieron que algunas compañías carecían de la experiencia y de los recursos necesarios para ejecutar los trabajos contratados y dependían de subcontratistas para cumplirlos.

Un terremoto político para el PPD

Las repercusiones del caso trascendieron ampliamente el ámbito judicial. Hernández Pérez no era presentado simplemente como un contratista, sino como un recaudador con acceso a dirigentes del PPD y a funcionarios de la administración del entonces gobernador Alejandro García Padilla.

Los testimonios y documentos ventilados durante 2016 expusieron correos electrónicos, recomendaciones para nombramientos, actividades de recaudación y comunicaciones con figuras políticas.

El caso instaló en la discusión pública el término “inversionismo político”: aportar dinero, organizar eventos o cultivar relaciones durante una campaña para reclamar acceso, empleos o contratos después de la victoria electoral.

El escándalo provocó una crisis interna en el PPD a pocos meses de las elecciones generales de 2016. Jaime Perelló renunció a la presidencia de la Cámara de Representantes después de que el entonces candidato a la gobernación y presidente del partido, David Bernier, le exigiera abandonar el cargo mientras surgían revelaciones sobre un contrato cameral concedido a una empresa vinculada a Hernández.

La entonces senadora Mari Tere González también desistió de buscar la reelección después de ser mencionada durante el proceso y acogerse a su derecho constitucional a no autoincriminarse.

Las revelaciones dominaron parte de la campaña electoral y obligaron a Bernier a intentar distanciar al PPD de Hernández y de los dirigentes cuestionados. En noviembre de 2016, la colectividad perdió la gobernación y el control de la Asamblea Legislativa frente al Partido Nuevo Progresista.