Cámara aprueba derogar Comisión de Salario Mínimo

La Cámara de Representantes aprobó este lunes con enmiendas en sala la medida que restituiría a la Asamblea Legislativa la facultad de fijar el salario mínimo en Puerto Rico y eliminaría la Comisión Evaluadora que, actualmente, determina el sueldo base de los trabajadores.

El Proyecto de la Cámara 1115 recibió 32 votos a favor y la oposición de 20 legisladores luego de que la Comisión de Asuntos Laborales, presidida por el representante Roberto López Román, presentara al pleno un tercer informe positivo para su aprobación. 

El legislador, también autor del proyecto, insistió que la Comisión Evaluadora no cumplió con los objetivos para los cuales fue creada bajo la Ley 47-2021 y, según su criterio, tampoco emula el principio de representatividad democrática. 

“Esto no toca, no congela, no baja el salario mínimo, y lo estipula el propio proyecto. Esto lo que hace es devolverles la facultad a nosotros los legisladores para poder legislar sobre el salario mínimo en Puerto Rico en momentos que se necesita legislar”, afirmó Román López durante la presentación del proyecto.

El representante indicó que la inoperatividad de la Comisión Evaluadora se extiende al incumplimiento de mandatos legislativos y obligaciones presupuestarias establecidas en la Ley 47, como presentar el estudio de impacto económico que tendría la implementación de la ley en los empleados gubernamentales y municipales.

Según López Román, también se documentó el incumplimiento de la sección 2.08(i) del estatuto, la cual exige que el ente se reúna al menos una vez al mes. Del análisis de sus propias minutas surgió que, en un período de aproximadamente dos años y medio, el organismo incumplió con este requisito en más de 10 ocasiones, expuso el legislador.

Entre los cambios incorporados está sustituir la Comisión Evaluadora por una Junta Asesora de Salario que tendrá la responsabilidad de emitir recomendaciones a la Asamblea Legislativa y analizar el sueldo vigente de ciertas categorías de empleados, como los trabajadores agrícolas y aquellos que sus ingresos dependen mayormente de propinas.

La Junta, que estará presidida por el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), deberá entregar un informe parcial en seis meses de haberse constituido y un informe final en un año.

A su vez, tendrá la obligación de desarrollar “un sistema de transparencia de información” sobre el proceso investigativo que lleve a cabo y los futuros aumentos al salario mínimo que se implementarán. 

En su turno sobre la medida, el representante Héctor Ferrer Santiago objetó la aprobación de la medida al alegar que derogar la Ley 47 es eliminar “la única herramienta” que tienen los trabajadores puertorriqueños para recibir un aumento a sus salarios.

El también portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) y autor de la legislación que dio paso a la Ley 47 aseguró que establecer una estructura de aumento escalonado benefició a cerca de 250,000 personas en Puerto Rico.

El legislador afirmó que los datos del DTRH también muestran resultados positivos en la economía con aproximadamente $116.6 millones adicionales en nómina y una reducción en la tasa de pobreza en la Isla. 

La legislación también fue rechazada por la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño y la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz. Los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) Pedro “Pelle” Santiago Guzmán, Wanda del Valle Correa y el portavoz José “Pichy” Torres Zamora le votaron en contra de la medida.

Por su parte, portavoces de grupos comunitarios, sindicales y políticos pidieron al Senado votar en contra de la medida que congela el salario mínimo en el archipiélago.

“Es increíble pensar que la Cámara de Representantes de Puerto Rico decida hoy pasar una legislación que amenaza con congelar los aumentos del salario mínimo en el futuro. La actual Ley del Salario Mínimo, creó las condiciones para lograr los aumentos que nos llevaron al $10.50 y permiten que una Comisión independiente evalúe el salario cada dos años. Ahora, en medio de un momento en el que todo está aumentando y las familias en Puerto Rico sufren, la Cámara le da la espalda al país y se desdobla frente a los intereses de las grandes corporaciones que son las únicas que apoyan este proyecto. Vergüenza es lo que les debería dar”, expresó Jessica González Sampayo organizadora de Construyamos Otro Acuerdo.

“A diferencia de la Cámara que cometió un grave error al aprobar el proyecto, el Senado tiene la oportunidad de demostrar que está del lado de los trabajadores del país y de hacer lo correcto ya que esta legislación no tiene sentido en estos momentos. Le pedimos a los Senadores de nuestro país, que miren los datos y hablen con la gente que día a día sufre de aumentos en costos de vida”, añadió Emilio Nieves presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT).

Los grupos adelantaron, que al igual que lo hicieron en la Cámara, estarán visitando a los senadores para entregar una carta en la que piden el voto en contra de la legislación.