Comisión senatorial escucha a sectores productivos sobre el impacto de la ‘crudita’

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA presidida por la senadora Migdalia Padilla Alvelo, celebró la cuarta vista pública en seguimiento a la Resolución del Senado 461, de la autoría del senador Wilmer Reyes Berríos,para examinar el impacto del arbitrio al petróleo crudo y sus derivados, conocido como la ‘crudita’, sobre los consumidores y la actividad económica de Puerto Rico.

“Examinar qué ocurre con la ‘crudita’ es un gran reto, pero no es imposible encontrar juntos la mejor solución. Esta discusión debe formar parte de una reforma contributiva bien diseñada y accesible, que examine cuánto se recauda y cómo se utilizan esos recursos. El pueblo ha expresado su preocupación y nos corresponde escuchar y actuar con responsabilidad”, expresó Padilla añadiendo que actualmente los fondos de la “crudita” forman parte del fondo general y ascienden a alrededor de $500 millones.

Esta vista dio continuidad a las comparecencias de agencias gubernamentales y entidades especializadas ante la Comisión. La información recopilada servirá para evaluar las consecuencias económicas del arbitrio y formular hallazgos y recomendaciones sobre la política pública contributiva aplicable a los combustibles en Puerto Rico.

En representación de la Asociación de Industriales participaron la licenciada Karen Mojica y el licenciado Carlos Serrano. Ante la comisión respaldaron la investigación propuesta en la resolución y Serrano explicó que la llamada ‘crudita’ reúne varios componentes que, para los productos sujetos a todos ellos, suman $15.50 por barril. Serrano señaló que estos arbitrios tuvieron distintos propósitos a lo largo de su historia, entre ellos atender obligaciones vinculadas a la Autoridad de Carreteras y Transportación, pero que sus recaudos actualmente ingresan al Fondo General.

“Ciertamente, la solución que se identifique tiene que ser fiscalmente sostenible, dentro del Plan Fiscal vigente, bajo la Ley PROMESA y debe representar un alivio sustancial al cliente industrial, comercial y de otros sectores que sostienen los recaudos y la producción de Puerto Rico”, expresó el deponente de la asociación. La entidad propuso evaluar la ‘crudita’ como parte de una reforma integral del sistema contributivo y expresó apoyo a que continúe el análisis fiscal y legislativo de su eventual eliminación. Serrano reconoció que sustituir los recaudos del arbitrio requiere un examen cuidadoso de las alternativas disponibles.

Asimismo, se presentó a deponer Alan Taveras Sepúlveda,presidente del CUD. La organización se expresó a favor de una “reducción sustancial e inmediata del arbitrio, acompañada de un calendario para su eliminación progresiva y de un mecanismo fiscal responsable…”. Taveras reconoció la relevancia de los recaudos derivados del petróleo, pero hizo un llamado a controlar nuestra política contributiva a pesar de que factores internacionales y el precio del petróleo están fuera del control local.

Además, señaló que la crudita ya no cumple con la función que justificó su imposición, por ello, proponen transicionar a su eliminación mediante mecanismos de revisión, transparencia y sustitución. El deponente detalló que la eliminación del arbitrio no equivale a la reducción automática de los 36.9 centavos recaudados por galón, debido a que depende de factores externos que impactan el costo del preciado material internacionalmente. El impacto para las pequeñas y medianas empresas se extiende más allá del combustible que consumen, cuyo precio supera los $100 por barril.

Asimismo, Taveras mencionó que considerando todo lo que enfrentan las PyMES, el CUD se debe reconsiderar el arbitrio que impacta negativamente la distribución de sus productos y que representa un incremento en el precio al consumidor. “Desde Puerto Rico no se puede controlar el precio internacional del petróleo, pero sí se decide cuánto cuesta hacer negocios en la isla”, sostuvo Taveras.

En un turno, Reyes expresó que la ‘crudita’ no impacta solamente a quien llena el tanque de gasolina. También incide en el costo de transportar los productos que compramos, incluidos los alimentos, y termina afectando el bolsillo de las familias y de los comerciantes. Queremos buscar alternativas que permitan reducir la carga contributiva de nuestra gente”.

A preguntas de la senadora Padilla sobre si la Asociación de Industriales favorece mantener, reducir, modificar o eliminar la ‘crudita’, Serrano respondió que la entidad propone evaluar el sistema contributivo en su conjunto antes de decidir qué hacer con el arbitrio. Explicó que el análisis debe partir de una meta clara y considerar cómo esta carga afecta los costos de producción y a los distintos sectores económicos. También advirtió que reducir el arbitrio no necesariamente produciría una disminución equivalente en el precio de la gasolina en bomba.

De igual forma, Padilla preguntó cuántas empresas afiliadas resultan afectadas por la ‘crudita’. Serrano sostuvo que todas pueden sentir algún efecto indirecto. Explicó que, aún cuando una empresa esté exenta de un componente del arbitrio, este puede reflejarse en sus costos de transportación y en otras etapas de producción. Serrano indicó que la Asociación podría realizar un análisis más detallado y someterlo posteriormente a la Comisión.

Por su parte, Taveras indicó que la organización favorece una reducción inicial de la ‘crudita’ seguida de un proceso gradual hasta su eliminación. Explicó que sus socios, especialmente las pequeñas y medianas empresas, señalan el aumento en el costo de hacer negocios en Puerto Rico como una de sus principales preocupaciones. Planteó que el proceso debe incluir parámetros de revisión y la identificación de fuentes de ingresos que compensen los recaudos del arbitrio.

Igualmente, Taveras añadió que el análisis de los costos de los pequeños y medianos comercios debe incluir el uso de generadores eléctricos durante las interrupciones del servicio. El deponente explicó que, además de comprar, almacenar y distribuir mercancía, muchos negocios han tenido que adquirir plantas y pagar por el diésel necesario para mantener sus operaciones.