Cuando la tecnocracia dice no, Jenniffer González dice sí

Hay momentos en los cuales gobernar exige mucho más que administrar restricciones y repetir por qué algo no puede hacerse. La propuesta de la gobernadora Jenniffer González Colón para elevar a $1,000 la pensión mínima representa uno de esos momentos. Mientras la tecnocracia encuentra razones para decir que no, esta administración ha decidido comenzar por decirles que sí a nuestros pensionados.

Mil dólares mensuales equivalen a poco más de $33 diarios para pagar alimentos, vivienda, agua, energía eléctrica, medicamentos y atención médica. Eso no es una bonanza ni un privilegio. Apenas representa un mínimo de subsistencia para quienes dedicaron décadas de trabajo al servicio público.

La pasada semana, mientras participaba en un panel de análisis político, la vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico calificó como populista la propuesta presentada por la Gobernadora. Para sostener su posición, invocó el Plan de Ajuste confirmado como parte del proceso de quiebra y la prohibición de aumentar determinadas obligaciones de pensiones durante los primeros diez años de su vigencia. Según ese planteamiento, las pensiones no podrían tocarse hasta 2032.

La objeción jurídica existe y debe atenderse con seriedad. El artículo 83.4 del Plan de Ajuste dispone que, antes del décimo aniversario de su fecha de efectividad, el Gobierno no aprobará legislación dirigida a crear o aumentar pagos u obligaciones de pensiones de beneficio definido para pensionados actuales o futuros. Ignorar esa disposición sería irresponsable, pero convertirla en una excusa para rendirse antes de comenzar también lo sería.

Esa diferencia es fundamental. La Gobernadora no está ignorando el Plan de Ajuste ni prometiendo que el obstáculo desaparecerá por decreto. Está estableciendo una prioridad de política pública y obligando al Gobierno a buscar el camino fiscal y jurídico para convertirla en realidad.

Gobernar no consiste en identificar obstáculos y explicar por qué nada puede hacerse. Para eso basta una computadora que localice prohibiciones, restricciones y opiniones adversas. Gobernar exige encontrar alternativas, identificar los recursos, negociar con la Junta de Supervisión Fiscal y cuando resulte necesario, acudir al tribunal para procurar una interpretación o un remedio jurídicamente viable.  Es posible que el camino sea difícil. También es posible que la Junta se oponga o que una controversia judicial no produzca el resultado esperado. Lo inaceptable sería que el Gobierno se impusiera a sí mismo una derrota sin haber agotado antes todas las alternativas disponibles.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa ha estimado el costo de la propuesta en aproximadamente $232.6 millones anuales. Esa cifra obliga a identificar una fuente recurrente de financiamiento y demostrar que el aumento puede sostenerse responsablemente. Sin embargo, la existencia de un costo no convierte una medida en populista, todas las decisiones importantes de política pública tienen un costo y gobernar también consiste en establecer prioridades.

El tecnócrata observa una partida presupuestaria y una disposición del Plan de Ajuste. La política pública responsable tiene que mirar, además, al pensionado que recibe $400 o $500 mensuales después de haber dedicado sus mejores años al servicio público. Esa persona no puede pagar sus medicamentos con una cita al artículo 83.4 ni comprar alimentos con una explicación sobre la quiebra.

Resulta demasiado fácil llamar populista a cualquier iniciativa dirigida a aliviar la situación de quienes más necesitan al Gobierno. Populismo sería prometer un aumento sin identificar recursos, sin presentar legislación y sin intención de librar las batallas necesarias. La administración de Jenniffer González ha hecho lo contrario.  Los hechos lo demuestran, presentó una medida concreta y colocó sobre la mesa una discusión que otros preferían continuar aplazando.

La contradicción política tampoco puede pasar inadvertida. En otro panel de análisis político, el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico respaldó la propuesta y explicó por qué debía ser apoyada, mientras su propia vicepresidenta la despachó como populismo. La diferencia permite preguntar si estamos ante una preocupación técnica genuina o ante una oposición particularmente severa porque la iniciativa proviene de Jenniffer González.

La vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico fue jefa de gabinete de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y conoce las complejidades fiscales del Gobierno. Precisamente por esa experiencia, su aportación debería consistir en explicar cómo superar los obstáculos o cuáles alternativas permitirían atender la necesidad. La función del conocimiento técnico debe ser abrir caminos responsables, no elevar un “no se puede” a categoría de política pública.

Durante demasiado tiempo se nos ha enseñado a tratar las determinaciones de la Junta como si fueran mandamientos inmutables. El Gobierno tiene el deber de cumplir con el ordenamiento aplicable, pero también posee la obligación de cuestionar, negociar y litigar cuando estén en juego los intereses de su gente. La recuperación fiscal pierde toda legitimidad si su resultado permanente es condenar a quienes trabajaron durante una vida a escoger entre alimentarse, pagar la luz o comprar sus medicamentos.

La propuesta de la Gobernadora parte de una premisa moral correcta, ninguna persona que haya dedicado su vida al servicio público debería recibir una pensión de $400 o $500 mensuales. Incluso una pensión de $1,000 continúa siendo modesta frente al costo de vida actual. Lo verdaderamente mezquino sería reconocer esa realidad y permanecer inmóviles porque resulta más cómodo citar una prohibición que luchar por superar sus consecuencias.

Ese es el verdadero contraste planteado por esta discusión. La tecnocracia mira el Plan de Ajuste y encuentra una razón para decir que no. Jenniffer González mira a nuestros pensionados y encuentra una razón para intentarlo.

Si hay que acudir a la Junta, acudamos. Si hay que identificar otras partidas, hagámoslo. Si resulta necesario presentar argumentos ante el tribunal, que se presenten. El Gobierno puede encontrar obstáculos y hasta sufrir derrotas durante el camino. Lo que no puede hacer es comenzar rindiéndose. Cuando la tecnocracia dice no, Jenniffer González dice sí y está dispuesta a luchar para hacerlo posible.