“Esencia no va”: la nueva moda de la izquierda

Hace unos meses en Puerto Rico apareció una nueva consigna de moda.

El sábado, las pantallas del estadio Hiram Bithorn se utilizaron para convocar a la manifestación contra Esencia. El domingo, durante el segundo concierto de Bad Bunny, un puñado del público coreó “¡Esencia no va!”. Entre ambos eventos se celebró en Cabo Rojo una marcha que sus organizadores habían anunciado como una movilización general.

La expectativa era superar la asistencia de la manifestación realizada en marzo. Cerca de 50 organizaciones habían confirmado su participación y los portavoces aseguraban que todo el pueblo apoyaba esa lucha. Sin embargo, fue un total fracaso de asistencia y apenas pudieron llegar a cientos de personas.

“Esencia no va” se ha transformado en la nueva insignia de la izquierda boricua. No porque todas las personas preocupadas por el proyecto sean de izquierda ni porque todas sus preocupaciones carezcan de fundamento, sino porque ese sector volvió a imponer su viejo método: reducir una controversia compleja a tres palabras, declarar inmoral cualquier posición distinta y exigir la cancelación antes de concluir todos los procesos técnicos y reglamentarios.

El nombre del proyecto cambia, pero el libreto siempre es el mismo.

Primero se anuncia una catástrofe. Después se acusa al Gobierno de vender a Puerto Rico. Luego se convierte a todo inversionista en enemigo y a cualquiera que pida datos en cómplice. Finalmente aparece el inevitable “no va”, como si gritar más fuerte fuera equivalente a tener mejores argumentos.

Fiscalizar no significa cancelar

Las preocupaciones sobre el agua, la vivienda, el acceso público a las playas y la conservación de los ecosistemas costeros tienen que atenderse. El proyecto todavía deberá obtener permisos adicionales y demostrar que sus sistemas pueden cumplir lo prometido.

Sus desarrolladores proyectan una inversión privada superior a $2,000 millones, más de 17,000 empleos y sobre $7,000 millones en actividad económica a largo plazo. También aseguran que más del 75% de los terrenos permanecerá dedicado a conservación, áreas verdes y recreación, y que el complejo tendrá infraestructura independiente de agua y energía renovable. Esas cifras y compromisos proceden de los proponentes⁠ y, por tanto, deben convertirse en obligaciones verificables.

El suministro de agua, la protección de humedales, el acceso costero, las aportaciones a Cabo Rojo y la creación de empleos locales deben quedar establecidos mediante acuerdos vinculantes, datos públicos y fiscalización independiente.

Lo que no es responsable es decretar que el proyecto completo “no va” antes de evaluar si sus impactos pueden evitarse, reducirse o compensarse.

Puerto Rico ya ha visto esta película

El Superacueducto enfrentó oposición ambiental, recursos judiciales y órdenes de paralización. En su momento también se presentó como una amenaza contra los recursos naturales. Hoy esa instalación puede producir alrededor de 100 millones de galones diarios, distribuye aproximadamente 65 millones hacia el área metropolitana y sirve a cerca de 600,000 residentes⁠.

¿Alguien se atrevería ahora a sostener que Puerto Rico estaría mejor si aquella obra hubiese sido cancelada?

La Ruta 66 también fue objeto de una intensa controversia ambiental. Existió incluso una organización llamada “Comunidades Opuestas a la Ruta 66”, y el litigio llegó hasta el Tribunal Supremo⁠.

Hoy la vía conecta a Carolina, Canóvanas y Río Grande, facilita el movimiento hacia el este y ofrece una alternativa a la congestionada PR-3. La respuesta correcta no fue ignorar las preocupaciones ambientales, pero tampoco cancelar toda la carretera. Fue modificar, mitigar y construir.

Otro caso fue Vía Verde. El gasoducto habría llevado gas natural desde EcoEléctrica hasta las plantas de Cambalache, Palo Seco y San Juan. La AEE proyectaba una reducción de al menos 20% en el ajuste por combustible.

La fuerte oposición de sectores en contra del partido de gobierno contribuyó a convertirlo en políticamente tóxico. Finalmente, la AEE retiró su solicitud ante el Cuerpo de Ingenieros en el 2012.

Sin embargo, el problema que Vía Verde pretendía atender nunca desapareció. En 2019, un análisis preparado por Siemens volvió a recomendar que se estudiara una tubería similar por los posibles ahorros en combustible. Puerto Rico se quedó sin el tubo, y con el problema energético.

Ese es el verdadero peligro de gobernar mediante consignas: el proyecto desaparece de los titulares, pero la necesidad permanece durante décadas.

Las lecciones del mundo

Puerto Rico no es el único lugar que ha pagado por convertir la infraestructura en una batalla política.

Alemania aceleró el cierre de sus plantas nucleares bajo una enorme presión política y antinuclear. Un estudio publicado en el Journal of the European Economic Association concluyó que buena parte de esa generación fue sustituida por carbón e importaciones eléctricas, y estimó que la decisión produjo costos sociales de entre €3,000 millones y €8,000 millones anuales, principalmente por contaminación y mortalidad adicional. La intención era proteger el ambiente; una de las consecuencias fue quemar más combustibles fósiles.

En Estados Unidos, Cape Wind habría sido el primer gran parque eólico marino del país. Después de años de oposición política, litigios y pérdida de contratos de compraventa de energía, el desarrollador renunció finalmente al arrendamiento federal en 2018⁠. El proyecto de 468 megavatios, concebido para producir electricidad suficiente para decenas de miles de hogares, nunca se construyó. Hasta la energía renovable puede ser víctima de la cultura del “no”.

Puerto Rico tiene que avanzar

Nuestra isla debe escuchar a sus científicos, comunidades y planificadores. También debe distinguir entre conservación responsable y politiquería.

Un proyecto puede ser rechazado cuando la evidencia demuestra daños graves que no pueden mitigarse. Pero la cancelación debe ser la conclusión de un proceso riguroso, no la premisa dictada desde una tarima, una pancarta o la pantalla de un concierto.

Esencia debe continuar su proceso bajo condiciones estrictas, transparentes y exigibles. Cada promesa relacionada con el agua, la energía, la conservación, los empleos y el acceso público debe fiscalizarse. Si los desarrolladores incumplen, el Gobierno deberá detener las fases correspondientes y aplicar las consecuencias necesarias.

Pero cancelar una inversión de esta magnitud únicamente porque “Esencia no va” se convirtió en la consigna de moda sería repetir los errores del pasado.

Hoy es Esencia. Mañana será una planta solar, una línea de transmisión, un embalse, una carretera, un proyecto de vivienda o cualquier obra que requiera modificar una pulgada de terreno.

Una isla donde todo “no va” termina siendo un pueblo en el que nada funciona, nada se construye y nadie invierte.

El ruido no puede diseñar el futuro de Puerto Rico. La evidencia sí. La ley sí. La planificación sí.

Y si Esencia cumple con todas sus obligaciones, Esencia va.

Porque Puerto Rico también tiene que ir hacia adelante.