[EDITORIAL] Si la víctima es del PNP, la oposición no se indigna

Han transcurrido tres días desde los repudiables sucesos frente al Fairmont El San Juan. La manifestación convocada por el Movimiento Socialista de Trabajadores provocó el cierre de la entrada principal, obligó a los invitados a utilizar un acceso lateral y requirió que agentes escoltaran a huéspedes y asistentes mientras eran confrontados, abucheados y llamados “traidores” y “corruptos”⁠.

A ello se suman las agresiones físicas y corresponde a las autoridades adjudicar responsabilidades. La gravedad exigía una reacción inmediata de todo el liderato político.

Esa reacción nunca llegó. El PPD, PIP, MVC y Proyecto Dignidad no tenían que respaldar a Jenniffer González ni su actividad. Solo tenían que defender un principio democrático elemental. Escogieron el silencio.

Hasta la mañana de este martes, no hay una sola condena institucional del Partido Popular Democrático, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Movimiento Victoria Ciudadana o Proyecto Dignidad. Tampoco apareció una expresión pública de solidaridad con las personas que denunciaron haber sido hostigadas o agredidas.

No se les pedía respaldar a la gobernadora. No se les pedía apoyar al PNP ni defender el costo. Se les pedía algo mucho más básico: afirmar que ningún ciudadano debe ser intimidado, acorralado o atacado por entrar a una actividad política lícita. Ni siquiera fueron capaces de eso.

El PPD aspira a presentarse como una alternativa responsable de gobierno. Sin embargo, sus portavoces encontraron tiempo para calificar de “insensible” la actividad de recaudación, pero no para expresar una palabra de solidaridad con los ciudadanos hostigados ni condenar las agresiones denunciadas. Quisieron aprovechar políticamente el evento, pero evitaron defender a quienes fueron atacados alrededor de él.

El PIP y MVC, que dicen defender los derechos civiles, la dignidad y la denuncia del abuso en el centro de su discurso, tampoco trazaron públicamente la línea. No tenían que responder por el MST ni renunciar a sus reclamos políticos.

En el caso de MVC, el contraste resulta particularmente vergonzoso. Esa colectividad ha sostenido anteriormente —con razón— que la dignidad de una persona debe respetarse sin importar su afiliación política. ¿Dónde quedó ese principio cuando quienes necesitaban solidaridad parecían simpatizar con el PNP?

Proyecto Dignidad tampoco apareció. ¿De qué sirve llevar la dignidad en el nombre si solamente se defiende cuando la persona agraviada pertenece al bando propio?

La doble vara resulta evidente. Si simpatizantes penepés cerraran el acceso a una actividad del PIP, insultaran a sus donantes, obligaran a sus asistentes a entrar escoltados y surgieran denuncias de agresión, estos partidos exigirían condenas, investigaciones y consecuencias. Y tendrían razón.

El principio no puede cambiar porque esta vez las víctimas eran estadistas, funcionarios, donantes o personas que simplemente parecían invitados por su manera de vestir.

NewsPR defiende el derecho de cualquier ciudadano a protestar contra la gobernadora o el PNP. Pero ese derecho termina donde comienza la intimidación contra otra persona. La libertad de expresión no incluye una licencia para impedir por la fuerza el acceso a una reunión ni para agredir al adversario.

La oposición todavía puede romper su silencio. Debe condenar inequívocamente el hostigamiento documentado, pedir una investigación de las agresiones denunciadas y afirmar que la violencia política es inaceptable sin importar quién la cometa.

Si lo hace tardíamente, será preferible a que nunca lo haga. Pero la demora ya dejó al descubierto una verdad: para algunos líderes políticos, los derechos parecen depender de la identidad política de la víctima.

Las democracias no se deterioran únicamente por el puño de quien agrede. También se deterioran por la cobardía de quienes observan y callan.

Esta vez, la oposición escogió el lado equivocado.