[EDITORIAL] Un contrato bajo investigación y las reputaciones bajo ataque

El contrato de Power Expectations exige una investigación sin concesiones. Pero convertir la representación legal, la asesoría y el cabildeo en sinónimos automáticos de corrupción está mal.

Una reputación tarda décadas en levantarse y apenas segundos en desplomarse. Se construye mediante una vida de trabajo, decisiones y conducta; pero puede quedar destruida por un comentario impreciso pronunciado bajo juramento, un titular o una publicación que transforma una sospecha en acusación.

Eso es parte de lo que está ocurriendo alrededor de la controversia de Power Expectations.

El contrato para proveer hasta 400 megavatios de generación temporera, con un valor máximo estimado de cerca de $5,900 millones durante diez años, merece el escrutinio más riguroso. La Junta de Supervisión Fiscal revocó su aprobación⁠ después de que ERock, matriz de Enchanted Rock, alegara que su nombre y firma fueron utilizados sin autorización. También se suscitaron cuestionamientos sobre garantías de cumplimiento, capacidad financiera, experiencia y falta de progreso.

Nada de eso debe minimizarse. Todo trámite debe examinarse, toda declaración jurada debe contrastarse y cualquier posible falsedad o actuación ilegal debe referirse a las autoridades correspondientes. Si alguien mintió, intervino indebidamente o violó la ley, debe responder.

En la vista celebrada ayer ante la Comisión de Gobierno de la Cámara, Osvaldo Carlo Linares identificó personas y firmas relacionadas con los tres licitadores finalistas: Alfredo Escalera, vinculado a Power Expectations; Anthony Maceira y su firma, relacionados con Gothams Energy; y McConnell Valdés, junto con otras figuras, vinculados a Javelin.

No se trataba de representantes de una sola compañía ni de un mismo equipo. Gothams y Javelin competían con Power Expectations. Sin embargo, la fuerza gravitacional de la controversia ha terminado arrastrando a todo nombre mencionado hacia una misma zona de sospecha.

Carlo describió gestiones de estas personas, las cuales interpretó como cabildeo. Pero también reconoció que los proponentes habían declarado no contar con cabilderos y que, al ser cuestionados, explicaron funciones diferentes. Power Expectations describió a Escalera como asesor comercial. Maceira sostuvo que su intervención respondía a su función como abogado de Gothams.

Horas después, Gothams remitió una comunicación formal⁠ negando que Maceira Zayas LLC realizara cabildeo. Según la empresa, su encomienda consistió en revisar y negociar documentos contractuales, analizar asuntos ambientales, regulatorios y de permisos, y trabajar acuerdos con suplidores.

Más importante aún, Carlo declaró que no había detectado que funcionarios de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas estuvieran favoreciendo o “empujando” a una compañía en particular.

No obstante, la maquinaria para asesinar reputaciones ya había comenzado a funcionar. En ella, ser mencionado equivale a estar implicado; comparecer como abogado equivale a cabildear; cabildear equivale a influir indebidamente; y tener alguna experiencia previa en el gobierno se presenta como prueba de acceso privilegiado.

Las empresas no comparecen solas en procesos complejos de contratación. Necesitan ingenieros, técnicos, contables, asesores financieros y abogados. Estos últimos revisan documentos, negocian cláusulas, analizan permisos, evalúan riesgos regulatorios y explican las consecuencias legales de las obligaciones que sus clientes podrían asumir. La presencia de esos profesionales no es una anomalía. En muchos casos, su ausencia sería una irresponsabilidad.

Eso tampoco significa que poseer una licencia de abogado convierta cualquier gestión en inmune al escrutinio. La definición administrativa vigente en Puerto Rico⁠ es amplia y puede incluir comunicaciones dirigidas a influir sobre la negociación o adjudicación de contratos gubernamentales. Una actuación concreta de un abogado podría constituir cabildeo, dependiendo de su propósito, contenido, destinatario y contexto.

La pregunta no debe ser si una persona es abogado, asesor o exfuncionario. Las preguntas correctas son otras: ¿qué comunicación realizó?, ¿ante quién?, ¿qué decisión procuró influir?, ¿actuó a cambio de compensación?, ¿estaba obligada a registrarse?, ¿divulgó correctamente a quién representaba?, ¿existió algún beneficio indebido, conflicto de interés, falsedad o intervención sin autoridad?

El cabildeo, por sí mismo, no es corrupción. Es una actividad regulada que debe ejercerse con transparencia. La corrupción comienza cuando aparecen medios indebidos, dádivas, engaños, conflictos ocultos, falsas representaciones o el uso ilegítimo del poder para favorecer intereses privados.

NewsPR respalda que se investigue el contrato de Power Expectations hasta sus últimas consecuencias. Que se revisen los mensajes, las facturas, las comunicaciones, las declaraciones juradas y cada intervención en el proceso. Si alguien cabildeó y tenía obligación de registrarse, que se aplique la normativa. Si alguien mintió bajo juramento, que enfrente las consecuencias. Si existió corrupción, que se procese a sus responsables.

Pero que se juzgue a cada persona por lo que hizo, no por el nombre de la compañía que representó, la profesión que ejerce, el lugar donde trabajó anteriormente o las personas con las que coincidió en una reunión.

No podemos reclamar procesos públicos rigurosos mientras toleramos irresponsables mediáticas. Tampoco podemos exigir transparencia a las empresas y permitir que desde las instituciones se utilicen palabras imprecisas capaces de destruir, sin prueba suficiente, el activo más difícil de recuperar que posee una persona: su buen nombre.

Una democracia no demuestra su firmeza por la cantidad de reputaciones que logra sacrificar, sino por su capacidad para distinguir entre una pregunta y una respuesta, entre una gestión profesional y una influencia indebida, entre una irregularidad y un delito, entre una investigación y una condena.

El contrato de Power Expectations debe investigarse. Las actuaciones individuales también. Pero la controversia no puede convertirse en una licencia para fabricar culpables.