[EDITORIAL] La izquierda volvió a cruzar la línea de la agresión

La manifestación convocada el pasado sábado por el Movimiento Socialista de Trabajadores (MST) en contra de una actividad de la gobernadora Jenniffer González provocó el cierre de la entrada principal del hotel San Juan y obligó a los asistentes a utilizar un acceso lateral mientras eran abucheados. Videos difundidos públicamente muestran, además, cómo varios invitados fueron confrontados, llamados “traidores” y “corruptos” y escoltados por agentes de la Policía para poder entrar a la hospedería.

A ello se suman denuncias de hostigamiento y agresión física contra ciudadanos que llegaban al lugar. Algunas personas fueron señaladas simplemente por estar bien vestidas y porque los manifestantes presumieron que participarían en la actividad. Esas denuncias deben investigarse, los videos deben examinarse y, si se corroboran las agresiones, sus responsables deben responder ante la ley.

La Constitución protege el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica. La palabra fundamental es “pacífica”. Criticar al gobierno es un derecho. Reclamar por la situación del agua o la energía eléctrica es legítimo. Pero cerrar accesos, perseguir invitados, insultar ciudadanos, intimidarlos o agredirlos no está amparado por ningún derecho constitucional.

Ninguna ideología concede inmunidad para violentar los derechos ajenos.

El problema tampoco comenzó espontáneamente frente al hotel. Desde su convocatoria, el MST anunció que dirigiría su protesta no solo contra la gobernadora, sino también contra los donantes. Llamó a los participantes de la actividad una “trulla de sanguijuelas gubernamentales” y prometió protestar contra ellos con “igual vehemencia”. Incluso los acusó, sin presentar prueba individual alguna, de pagar para conseguir acceso a contratos y decisiones gubernamentales. La convocatoria publicada⁠ dejó claramente establecido que los ciudadanos que asistieran también serían convertidos en objetivos.

Ese lenguaje es irresponsable y peligroso. Primero se deshumaniza al adversario, luego se le declara culpable por asociación y finalmente se intenta justificar cualquier atropello cometido en su contra.

Participar en una actividad política legal no convierte a nadie en corrupto. Hacer un donativo permitido por ley tampoco constituye evidencia de haber comprado influencias. Quien posea prueba de algún delito tiene el deber de presentarla ante las autoridades. Lo que no se puede aceptar es que una turba ideológica se atribuya simultáneamente los papeles de fiscal, juez y verdugo en la entrada de un hotel.

La conducta denunciada exhibe el rostro autoritario de ciertos sectores de la izquierda radical: hablan constantemente de derechos, pero pretenden negárselos a quienes piensan distinto. Exigen respeto para sus manifestaciones, pero no respetan el derecho de otros ciudadanos a caminar, entrar a un establecimiento privado o participar en una actividad política sin ser acosados.

Puerto Rico no puede normalizar que grupos socialistas o de cualquier otra ideología establezcan retenes políticos, señalen personas por su apariencia y pretendan decidir quién puede entrar a una actividad. Hoy el blanco puede ser un simpatizante de la gobernadora; mañana podría ser cualquier ciudadano cuya opinión resulte inconveniente para la turba de turno.

La democracia permite disentir, denunciar y protestar enérgicamente. Lo que jamás permite es sustituir los argumentos por la intimidación.

Lo sucedido en Isla Verde merece una condena inequívoca. Las autoridades deben investigar las denuncias, preservar la evidencia audiovisual y exigir responsabilidad a toda persona que haya cometido una agresión.