Gobierno distingue entre documento preliminar y contrato formal ante controversia en ADSEF
La secretaria de la Familia sostiene que el documento presentado públicamente como supuesto contrato no contiene la firma de ninguna de las partes
Secretaría de la Familia, Suzanne Roig. Foto de archivo
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, informó el jueves sobre la existencia de un borrador relacionado con el controvertido proyecto de 38.5 millones de dólares vinculado a la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF), luego de negar categóricamente el miércoles que hubiese existido siquiera un documento de esa naturaleza.
“Aquí nunca ha habido un contrato. OK, nunca ha habido un contrato. No hubo ni siquiera borrador de contrato”, aseguró Roig Fuertes durante una entrevista radial en NotiUno el miércoles.
Sin embargo, un día después, la funcionaria reconoció mediante declaraciones escritas la existencia de un documento preliminar y sostuvo que un borrador no constituye un contrato formalmente adjudicado.
“Un borrador preparado como parte de un proceso de evaluación no equivale a un contrato formal. En este caso, no hubo adjudicación ni firma que convirtiera ese documento en un contrato vigente. Confundir ambas etapas únicamente genera una impresión equivocada sobre lo ocurrido”, expresó Roig Fuertes.
La secretaria de la Familia sostiene que el documento presentado públicamente como supuesto contrato no contiene la firma de ninguna de las partes y argumenta que los borradores, propuestas y documentos preliminares pueden circular durante los procesos de evaluación administrativa sin que ello constituya una adjudicación.
La controversia comenzó luego de que la destituida administradora de ADSEF, Blanca Medina Díaz, alegara en una entrevista con la periodista Milly Méndez de Telemundo que sus diferencias con la secretaria surgieron cuando se negó a firmar un contrato de aproximadamente 38.5 millones de dólares relacionado con Star Academy.
Medina Díaz sostuvo que objetó el uso propuesto de fondos del programa federal Temporary Assistance for Needy Families (TANF) para atender rezago académico y que comunicó por escrito su negativa a autorizar el acuerdo.
La exadministradora también alegó que recibió presiones para aprobar otra propuesta de aproximadamente 300,000 dólares relacionada con adiestramiento y servicios tecnológicos.
El miércoles, Roig Fuertes rechazó que la destitución estuviera relacionada con esos señalamientos y atribuyó la salida de Medina Díaz a problemas de desempeño y falta de conocimiento sobre los programas bajo su responsabilidad.
Ese mismo día, el Departamento de Justicia confirmó que recibió un referido del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, relacionado con los procesos de contratación en ADSEF. La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, informó que el término para completar la evaluación preliminar y determinar si existe causa suficiente para iniciar una investigación vence el 22 de octubre.
En sus nuevas declaraciones, Roig Fuertes insistió en que el documento divulgado no constituye un contrato vigente.
“Invitamos a que este asunto se examine con rigurosidad, seriedad y con la debida comprensión de los procesos administrativos, pero también con la responsabilidad y el respeto que merecen las instituciones públicas y, sobre todo, el pueblo de Puerto Rico. La discusión pública debe partir de hechos completos y correctamente contextualizados, evitando presentar información de manera que pueda inducir a conclusiones equivocadas. Un borrador es un borrador; no una adjudicación ni un contrato firmado”, concluyó.
