Después de la deuda

Hoy 30 de junio de 2026, se cumplen diez años desde la aprobación de PROMESA. Oportunamente, también concluye el año fiscal y entra en vigor un nuevo presupuesto para el año fiscal 2026-2027. La fecha marca el cierre de una década dedicada a estabilizar las finanzas públicas y el comienzo de otra que pondrá a prueba algo mucho más importante: si Puerto Rico fue capaz de transformar esa estabilidad en instituciones permanentes.

Durante estos diez años, gran parte del debate público ha girado alrededor de cuándo terminará la Junta de Supervisión Fiscal. Sin embargo, esa discusión ha dejado en segundo plano el asunto verdaderamente importante. PROMESA nunca estableció una fecha para su salida. Estableció unas condiciones. La conversación no debe ser cuándo se irá la Junta; es si Puerto Rico desarrolló la capacidad institucional necesaria para no volver a necesitarla.

La primera década de PROMESA puede entenderse en tres tiempos. El primero estuvo dominado por la emergencia fiscal y la estabilización. El segundo por la reestructuración de la deuda pública y la recuperación del equilibrio presupuestario. El tercero, que comenzó a tomar forma a partir de 2023 y continúa desarrollándose, gira alrededor de la institucionalización de la disciplina fiscal. Ese cambio también se refleja en el nuevo Plan Fiscal.

Los primeros planes estuvieron dominados por la deuda, el déficit y la liquidez. El documento certificado este mes refleja una evolución importante. Dedica mucho más espacio a fortalecer la administración financiera, modernizar los sistemas gubernamentales, mejorar la calidad de la información fiscal, desarrollar la capacidad institucional de los municipios y consolidar prácticas permanentes de gobernanza. El problema principal dejó de ser cuánto debía Puerto Rico. Ahora consiste en demostrar que puede sostener la disciplina fiscal mediante instituciones capaces de trascender los cambios de administración. Precisamente por eso sería un error interpretar el presupuesto que entra en vigor el 1 de julio como un punto de partida, sino que representa la continuación de un proceso que lleva varios años desarrollándose.

El 14 de octubre de 2022, durante su trigésima séptima reunión pública, la Junta presentó simultáneamente la primera transferencia al Pension Reserve Trust, el piloto de la Reforma del Servicio público en el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto, así como el Plan de Ajuste de la Autoridad de Carreteras. Dos años más tarde, en diciembre de 2024, presentó su agenda de transición bajo el título Fiscal Transformation Initiatives, organizando el conjunto de reformas que entendía debían quedar institucionalizadas antes de culminar su mandato. La administración que asumió en 2025 recibió ese portafolio como parte de una agenda ya encaminada.

Ese proceso comienza a reflejarse de manera concreta en el presupuesto que entra en vigor. La consolidación de reservas fiscales, la continuidad del Fondo de Estabilización Presupuestaria, la planificación financiera multianual, la asignación de recursos condicionada al cumplimiento de resultados y la inversión en sistemas modernos de administración financiera no deben verse como iniciativas aisladas. Representan la consolidación de herramientas que comenzaron a desarrollarse durante la implementación de PROMESA y que hoy empiezan a formar parte del funcionamiento ordinario del Estado. Los gobiernos pueden cambiar cada cuatro años, pero las instituciones deben durar generaciones.

Precisamente ahí radica la verdadera prueba de una reforma institucional. No consiste en que la administración que la impulsó la presente como un logro. Consiste en que la siguiente tenga el deber de continuarla porque ya forma parte de la ley, de los sistemas y de la cultura de gerencia pública.

Ese nivel de madurez institucional todavía está en proceso de consolidación; pues el Plan Fiscal certificado el pasado 19 de junio, reconoce que el presupuesto correspondiente al año fiscal 2024 podría haber sido el primero en cumplir con los requisitos establecidos por la Sección 209 de PROMESA para iniciar el proceso que conduciría a la terminación de la supervisión fiscal. Inmediatamente añade una condición fundamental: esa conclusión todavía no puede certificarse porque los estados financieros auditados necesarios para corroborarlo aún no están disponibles.

La importancia de esa observación va mucho más allá de un requisito contable ya que la Sección 209 de PROMESA, exige cuatro años consecutivos de cumplimiento antes de que pueda concluir la supervisión fiscal. Si el primer año todavía no puede verificarse, el proceso tampoco puede comenzar a acreditarse plenamente.

De hecho, el propio Plan Fiscal en su página 13 resume ese desafío en una oración que, a mi juicio, es una de las más importantes de todo el documento:

"Por ahora, solo la presencia de la Junta de Supervisión Fiscal evita que Puerto Rico recaiga en déficits presupuestarios."

No se trata de una opinión aislada de la Junta. Es una afirmación que forma parte del Plan Fiscal desarrollado por consenso entre la Junta de Supervisión Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico, y que la propia Gobernadora ratificó con su firma.

Mientras esa oración siga describiendo nuestra realidad, la discusión sobre la salida de PROMESA seguirá siendo secundaria. La verdadera tarea de la próxima década no consiste en lograr que la Junta se vaya. Consiste en construir las instituciones que hagan innecesaria su existencia.

La junta de supervisión no deberían ser permanentes. Las instituciones sólidas sí.