[EDITORIAL] La UIA toma de rehén el agua del pueblo

Hay momentos en los que una organización demuestra si verdaderamente sirve al pueblo o si únicamente protege sus propios intereses. La dirigencia de la Unión Independiente Auténtica (UIA) acaba de fracasar en esa prueba.

Mientras miles de familias soportan interrupciones programadas de hasta 48 horas, la UIA decidió paralizar durante un día las operaciones de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), incluyendo a empleados vinculados directamente con el funcionamiento del sistema. La instrucción sindical fue categórica: “Nadie entra a trabajar”.

No se trata de una manifestación celebrada en circunstancias normales. Puerto Rico atraviesa una emergencia por sequía, el embalse Carraízo se encuentra en niveles críticos y siete municipios dependen de un complejo plan de racionamiento. Una interrupción operacional puede afectar plantas de filtración, estaciones de bombeo, reparaciones de averías y la recuperación del servicio en comunidades que ya llevan dos días esperando por agua.

La gobernadora Jenniffer González actuó correctamente al pedir prudencia a los trabajadores⁠. Su reclamo fue elemental: las familias, la salud y la seguridad tienen que estar por encima de cualquier disputa laboral durante una emergencia.

La UIA, sin embargo, decidió responder calificando las expresiones de la gobernadora como “desacertadas y difamatorias”. Peor aún, ratificó la paralización⁠ aun después de más de dos horas de conversaciones con la administración de la AAA y cuando ya se habían encaminado preacuerdos sobre una agenda de trabajo, el Plan de Clasificación y Retribución y otros asuntos laborales pendientes.

Eso revela que el paro dejó de ser un último recurso y se convirtió en un instrumento para aumentar la presión sobre el Gobierno utilizando como palanca la vulnerabilidad del pueblo.

Los empleados de la AAA pueden tener reclamos legítimos. Un salario base de $10.50 por hora merece revisarse. También deben atenderse la falta de personal, la escasez de equipo, las diferencias salariales y las condiciones de trabajo denunciadas por el gremio. Ningún trabajador debe ser obligado a operar sistemas esenciales sin los recursos adecuados.

Pero reconocer esos reclamos no obliga a justificar cualquier método utilizado para exigirlos.

El pueblo no creó el conflicto laboral de la UIA. Las familias que almacenan agua en cubos, los comerciantes que gastan cientos de dólares llenando cisternas, los pacientes que dependen de instalaciones médicas y los envejecientes que no pueden cargar un galón no son responsables de las demoras administrativas. Usarlos como instrumento de presión es moralmente indefendible.

La maniobra de la dirigencia sindical se acerca peligrosamente a una táctica de terrorismo laboral: provocar el temor de que falle un servicio indispensable y utilizar la angustia colectiva para obtener ventaja en una negociación.

La justificación de que las expresiones de la gobernadora “caldearon los ánimos” agrava la irresponsabilidad. La continuidad de un servicio esencial no puede depender del estado emocional de una dirigencia sindical. Si las conversaciones comenzaban a avanzar, la respuesta sensata era permanecer en la mesa, establecer fechas, exigir compromisos verificables y mantener una negociación continua.

No era abandonar las operaciones porque no gustaron unas expresiones públicas.

La UIA asegura que sus miembros son quienes mantienen diariamente el sistema funcionando. Precisamente por eso su responsabilidad durante una emergencia es mayor. Quien controla una función indispensable no recibe una licencia para ponerla en riesgo; asume un deber especial frente a la sociedad.

El liderato sindical debe suspender el paro y regresar inmediatamente a la mesa de negociación. Al mismo tiempo, la administración de la AAA tiene que publicar un calendario concreto para atender el Plan de Clasificación y Retribución y responder con seriedad a los reclamos acumulados.

Pero una cosa no puede estar sujeta a negociación: el agua del pueblo.

Los derechos laborales se defienden procurando solidaridad, no castigando a personas inocentes. La UIA escogió el peor momento y la peor herramienta. En medio de una emergencia, cerrar las puertas de la AAA no fortalece su causa: la desacredita.

Puerto Rico no puede permitir que un servicio tan vital sea utilizado como chantaje. El agua no pertenece al Gobierno, a la gerencia ni a una unión. El agua pertenece al pueblo, y el pueblo jamás puede ser tomado como rehén.