DRNA interviene 300 pozos ante nivel crítico del Acuífero del Sur
El funcionario señaló que Puerto Rico cuenta con alrededor de 1,493 pozos legales
Secretario del DRNA, Waldemar Quiles. Foto de archivo
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) informó el martes que identificó alrededor de 1,200 pozos ilegales en el Acuífero del Sur y que dos de sus cinco puntos de monitoreo, en Aguirre y Juana Díaz, alcanzaron niveles críticos en medio de la sequía.
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, dijo que el Cuerpo de Vigilantes intervino unos 300 pozos durante la pasada semana, una gestión que describió como la de mayor alcance realizada por la agencia sobre este asunto.
“De los cinco pozos de monitoreo que tenemos en el Acuífero del Sur, tenemos el de Aguirre y el de Juana Díaz que están en niveles críticos”, expresó Quiles durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.
El funcionario señaló que Puerto Rico cuenta con alrededor de 1,493 pozos legales y advirtió que la extracción sin permisos representa un riesgo adicional para el acuífero durante un periodo en el que no se espera una recarga significativa.
Quiles explicó que la principal preocupación es que una reducción excesiva del nivel provoque intrusión salina.
“El momento en que perdamos el acuífero no hay agua. A diferencia de los embalses, que se pueden recuperar, pueden volver a recuperar agua mediante lluvia o por cualquier otra gestión que se haga, los acuíferos no. Los acuíferos pierden su uso”, sostuvo.
En Aguirre, el nivel de monitoreo se encontraba cerca de los 30 pies bajo el nivel del terreno, mientras el récord histórico es de 35 pies. Quiles dijo que el Gobierno utiliza ese récord como punto de referencia debido a que desconoce qué ocurriría si el acuífero desciende más allá de esa profundidad.
“Tenemos que bregar con el punto de 35 pies bajo el nivel terrestre como el punto crítico que tenemos en récord”, dijo a preguntas de la prensa.
El DRNA mantiene conversaciones con grandes usuarios del recurso, entre ellos la Central Aguirre y CooperVision. Según Quiles, la Central Aguirre redujo su consumo ante las condiciones del acuífero.
En intervenciones realizadas en comunidades de Salinas, los vigilantes encontraron también pozos residenciales sin franquicias vigentes. En Villa Cofresí, apenas cinco de unas 72 residencias inspeccionadas contaban con permisos vigentes para sus pozos.
Quiles indicó que el DRNA no ha cerrado pozos comunitarios y que actualmente el énfasis está en orientar sobre el uso del recurso. Explicó que esos sistemas comunitarios operan de manera distinta y cuentan con mecanismos propios de tratamiento y administración.
En cuanto a Carraízo, el secretario informó que los trabajos de dragado en seco podrían comenzar a más tardar a mediados de la próxima semana.
“Estamos listos. Debemos estar empezando tarde a mediados de la semana próxima, posiblemente antes”, dijo Quiles a preguntas de la prensa.
El DRNA trabaja en la adquisición de equipos, la contratación del acarreo y la identificación de un lugar para disponer del sedimento removido. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados también removerá escombros acumulados frente a una de las tomas inferiores de la represa para mantenerla disponible si continúa descendiendo el nivel del agua.
La Plata, mientras tanto, permanece a unos siete metros del nivel que establece el manual de la AAA para considerar interrupciones programadas, por lo que el Gobierno no contempla actualmente un dragado en seco en ese embalse.
El Gobierno revisa además el protocolo utilizado para responder a las sequías después de encontrar deficiencias al comenzar a aplicarlo durante la emergencia actual.
“No nos habíamos dado cuenta lo que había hasta que nos tocó usarlo”, reconoció Quiles.
Añadió que todavía no existe una fecha para completar el nuevo borrador, aunque aseguró que el proceso es urgente y no debe extenderse por varias semanas.
Por otro lado, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) informó que entre el 31 de julio y el 15 de agosto emitió 35 multas por un total de 39,000 dólares durante la vigencia de la orden de congelación de precios relacionada con la emergencia por sequía.
Desde el 15 de junio, cuando entró en vigor una primera orden por los problemas del Superacueducto, la agencia ha expedido 129 multas que suman 194,500 dólares.
El secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, indicó que la agencia fiscaliza la venta de hielo, cisternas, recipientes para almacenar agua y los servicios de acarreo. También investiga anuncios en plataformas digitales de personas que ofrecen llenar cisternas con agua extraída de pozos sin permisos.
Torres Montalvo dijo que inspectores buscaron vendedores que, según confidencias recibidas, ofrecían recipientes plásticos utilizados comúnmente para basura hasta por 150 dólares cuando su precio regular ronda entre 35 y 45 dólares.
“Elevarlos a 150 es una clara violación a la orden de congelación”, sostuvo.
DACO también intervino con establecimientos de comida que habían comenzado a cobrar cargos adicionales identificados como “water fee” o “sequía fee”.
“Se les orientó y se les indicó que esta práctica era ilegal y cesó el problema”, expresó Torres Montalvo, quien aseguró que la agencia no ha recibido nuevas confidencias sobre ese tipo de cargos.
