[EDITORIAL] Certeza para la inversión y el empleo en Puerto Rico

La firma del Proyecto de la Cámara 505, ahora Ley Núm. 38-2026, por parte de la gobernadora Jenniffer González Colón representa una decisión estratégica para la estabilidad económica de Puerto Rico. La medida extiende hasta el año 2055 las disposiciones de las antiguas Leyes 20 y 22 —hoy integradas en la Ley 60— un programa de incentivos contributivos que, según datos oficiales, ha demostrado resultados concretos para la economía de la isla.

Los números hablan por sí solos. Estas leyes han contribuido a la creación de 75,000 empleos, generan más de $620 millones en recaudos para el Gobierno y han producido millones adicionales en donativos para organizaciones sin fines de lucro. Así lo confirma un estudio de la reconocida firma económica Abexus, comisionado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico.

Extender estas disposiciones hasta el 2055 envía un mensaje claro: Puerto Rico apuesta por la estabilidad y la certeza jurídica para atraer inversión privada. En un mundo donde el capital y el talento compiten globalmente por jurisdicciones confiables, la continuidad de estas políticas se convierte en una herramienta esencial para mantener a la isla en el radar de inversionistas y empresarios.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa estima que la extensión de estos incentivos podría generar hasta $190 millones adicionales en recaudos anuales, además de miles de empleos bien remunerados en sectores de alto crecimiento.

En este proceso legislativo, el rol del presidente de la Cámara de Representantes y del presidente del Senado fue determinante. Desde la Cámara se impulsó una visión enfocada en reducir la carga contributiva y fomentar la inversión. Mientras, desde el Senado se establecieron medidas para asegurar que los beneficiarios de estas leyes cumplan con responsabilidades sociales concretas, como la adquisición de una vivienda en Puerto Rico a su nombre.

Ambos liderazgos lograron superar el ruido del populismo que con frecuencia domina el debate público sobre desarrollo económico.

También merece reconocimiento el apoyo brindado por legisladores del Partido Popular Democrático y de Proyecto Dignidad, demostrando que es posible alcanzar acuerdos en temas fundamentales para el futuro económico del país más allá de las líneas político-partidistas.

El debate sobre el desarrollo económico de Puerto Rico no puede quedar atrapado en ideologías que desconfían de la inversión privada o que promueven modelos económicos excesivamente centralizados. El país necesita crecimiento, innovación y oportunidades laborales que permitan a las familias prosperar.

La Ley Núm. 38-2026 no surge de la improvisación. Es el resultado de estudios económicos y de la experiencia acumulada en atraer inversión productiva a la isla. El reto ahora será continuar perfeccionando estas políticas, asegurando transparencia, responsabilidad social y beneficios tangibles para el país.

Puerto Rico necesita más empleos bien remunerados, más inversión productiva y más oportunidades para su gente. Para lograrlo, nuestros líderes deben continuar apostando al consenso y a las políticas públicas que promuevan el crecimiento económico sostenible.