[EDITORIAL] El PIP abrazó a quien hoy le niega el voto a Nicaragua

Daniel Ortega anunció que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones” que permitan a la oposición alcanzar el poder. También adelantó que promoverá leyes para levantar un “muro” contra sus adversarios políticos, a quienes volvió a calificar de “golpistas” y “vendepatrias”.

Esto no se trata de una expresión aislada. Es la confesión de una dictadura de izquierda que ya había encarcelado candidatos, eliminado partidos, subordinado las instituciones y convertido a Rosario Murillo —esposa de Ortega— en copresidenta sin haber sido elegida para ese cargo.

Esta declaración obliga a mirar hacia Puerto Rico y formular la siguiente pregunta: ¿qué tienen que decir ahora el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Juan Dalmau sobre el régimen con el que mantuvieron una relación política tan estrecha?

El vínculo no es una fabricación ni una teoría de los estadistas o populares.

El 30 de enero de 2015, Ortega firmó el Acuerdo Presidencial 23-2015 mediante el cual nombró oficialmente a Rubén Berríos Martínez, presidente del PIP, como asesor del presidente de Nicaragua en política internacional y asuntos de descolonización. Berríos volvió a aparecer entre los asesores presidenciales nombrados al comenzar el nuevo término de Ortega en 2017.

No estamos hablando de cualquier cosa. Fue un cargo formal dentro del gobierno de Daniel Ortega, aunque el PIP lo describiera como ad honorem.

Berríos aceptó el nombramiento como un “privilegio”, se refirió públicamente a Ortega como “compañero” y describió su relación con Daniel Ortega y Rosario Murillo como íntima. A Murillo llegó a calificarla como una aliada de la causa independentista.

El liderato del PIP celebró aquella colaboración. En una conferencia de prensa en la que participaron Berríos, Fernando Martín, María de Lourdes Santiago y Juan Dalmau, el partido presentó el nombramiento como un instrumento para adelantar internacionalmente su campaña de independencia. Dalmau sostuvo que constituía un “espaldarazo” y que garantizaba la presencia del independentismo en foros latinoamericanos. El propio gobierno nicaragüense documentó esas expresiones⁠.

Dalmau también escribió en 2015 que la participación de Berríos en la CELAC había sido posible “gracias a la solidaridad del presidente Daniel Ortega”. No estamos, por tanto, ante una relación que se pueda atribuir exclusivamente a Berríos ni ante un episodio desconocido para la actual figura electoral del PIP.

Existe, además, una contradicción imposible de ignorar. El decreto utilizado para nombrar a Berríos invocó el derecho de todos los pueblos a determinar libremente su condición política. Once años después, Ortega le niega precisamente ese derecho al pueblo nicaragüense.

La autodeterminación no puede ser un derecho que el PIP reclame para Puerto Rico mientras guarda silencio, minimiza o relativiza su eliminación en Nicaragua.

Esto también debe examinarse a la luz de la marcha independentista celebrada recientemente en el Viejo San Juan⁠. A pesar de haber sido promovida por más de 20 organizaciones, se estimó que la actividad no alcanzó los 400 participantes. Entre las banderas de Puerto Rico y del PIP apareció una marcada presencia de banderas de la extinta Unión Soviética. Juan Dalmau participó de la manifestación.

La normalización de símbolos pertenecientes a un Estado totalitario revela que todavía existen sectores de la izquierda puertorriqueña que romantizan el autoritarismo cuando viene envuelto en lenguaje revolucionario y anti americano.

Juan Dalmau dice ser una alternativa democrática y moderna. Por eso tiene una responsabilidad mayor de rechazar esos símbolos y romper claramente con los regímenes que eliminan elecciones, encarcelan adversarios y persiguen a la prensa, independientemente de que se identifiquen con la izquierda o la derecha.

En NewsPR no cuestionamos el derecho de una persona a defender la independencia de Puerto Rico. Existen independentistas profundamente democráticos. Lo que cuestionamos es la doble vara de quienes reclaman democracia, autodeterminación y respeto al voto en Puerto Rico, pero durante años celebraron la solidaridad de un gobernante que terminó arrebatándoles esos mismos derechos a los nicaragüenses.

Juan Dalmau debe condenar personalmente y sin rodeos la decisión de Ortega. El PIP debe explicar cuándo terminó la relación de Berríos con aquel gobierno y reconocer que aceptar el patrocinio político de un caudillo autoritario fue un grave error. También debe dejar claro que ninguna futura república que proponga para Puerto Rico copiaría el modelo de partido único, persecución política y poder familiar consolidado en Nicaragua.

Ortega ya dejó clara su posición: el pueblo no podrá votar para sustituirlo. Ahora corresponde al PIP y a Juan Dalmau dejar clara la suya.