[EDITORIAL] La Constitución fue un comienzo; la Estadidad debe completar la igualdad

A 74 años de su proclamación, honrar nuestra Carta Magna exige reconocer sus conquistas y también el límite territorial que mantiene a Puerto Rico sin igualdad política dentro de la nación.

Hoy, 25 de julio, Puerto Rico conmemora uno de los acontecimientos más importantes de su historia política: la entrada en vigor de su Constitución en 1952. Se trata de una obra colectiva que consolidó nuestras instituciones democráticas, organizó el gobierno propio para los asuntos locales y colocó los derechos fundamentales de la persona en el centro de nuestro ordenamiento jurídico.

La Constitución no debe ser tratada como patrimonio exclusivo de un partido ni como una reliquia atrapada en las controversias del pasado. Le pertenece a todo el pueblo puertorriqueño. Ha sido el marco bajo el cual distintas generaciones, ideologías y administraciones han gobernado la isla.

Negar sus logros sería tan equivocado como utilizar esos logros para sostener que Puerto Rico alcanzó en 1952 una solución política definitiva.

La Constitución estableció una forma republicana de gobierno, delimitó los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, creó mecanismos de pesos y contrapesos y reafirmó que el poder público debe estar subordinado a la voluntad del pueblo. Bajo sus disposiciones se han celebrado elecciones, producido transferencias pacíficas de poder y resuelto controversias mediante instituciones civiles.

Su aportación más trascendental se encuentra en la Carta de Derechos⁠. Allí se proclama que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas son iguales ante la ley. También se protegen la libertad de expresión y de prensa, el libre ejercicio religioso, el derecho de reunión, el debido proceso de ley, la educación, el sufragio y importantes derechos de los trabajadores.

No existe constitución capaz de garantizar buenos gobernantes, eliminar la corrupción o producir prosperidad por sí sola. Pero nuestra Constitución creó las reglas mediante las cuales el pueblo puede exigir cuentas, reclamar sus derechos y sustituir a quienes administran incorrectamente el poder público. Esa estabilidad institucional es uno de sus grandes legados.

Sin embargo, celebrar responsablemente la Constitución también requiere hablar con honestidad sobre sus límites.

El proceso de 1952 permitió que los puertorriqueños redactaran y ratificaran una Constitución para su gobierno interno, pero no convirtió a Puerto Rico en un estado de la Unión, no le concedió soberanía nacional y tampoco eliminó la autoridad territorial del Congreso. La Ley 600 autorizó el proceso constituyente, mientras que el Congreso examinó, condicionó y finalmente aprobó el documento.

La Constitución alcanzó exitosamente el propósito que podía cumplir: organizar el gobierno propio local. Lo que nunca pudo hacer fue resolver por sí sola la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos.

La Corte Suprema federal lo confirmó en Puerto Rico v. Sánchez Valle⁠. Aunque reconoció la importancia del autogobierno alcanzado, el máximo foro judicial determinó que, para efectos de soberanía penal, la fuente última del poder gubernamental de Puerto Rico continúa siendo el Congreso, porque fue este el que autorizó el proceso constitucional y dio su aprobación indispensable.

Esa realidad territorial no es una discusión meramente académica. Tiene consecuencias concretas sobre la vida de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico.

En United States v. Vaello Madero⁠, la Corte Suprema sostuvo que la Constitución federal permite que el Congreso trate a Puerto Rico de manera diferente a los estados en determinados programas contributivos y de beneficios, siempre que exista una base racional. El caso permitió mantener la exclusión de los residentes de la isla del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario.

La desigualdad también se manifiesta en nuestra representación política. Los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico están sujetos a leyes federales, aportan al Seguro Social y Medicare y han servido en las Fuerzas Armadas, pero no pueden votar por el presidente desde la isla. Tampoco eligen senadores federales ni representantes con voto en la Cámara. El propio Congreso reconoce que el comisionado residente puede participar en comités y debates, pero no puede votar sobre la aprobación final de legislación⁠.

Ese es el déficit democrático que nuestra Constitución local, por valiosa que sea, no puede corregir.

Puerto Rico posee gobierno propio para sus asuntos internos, pero carece de igualdad en el gobierno nacional que aprueba las leyes federales que le aplican. Podemos elegir a quienes administran La Fortaleza y el Capitolio, pero no participamos en igualdad de condiciones en la selección de quienes ejercen poder sobre Puerto Rico desde Washington.

La Estadidad representa la evolución democrática natural de los principios proclamados en 1952. No significa repudiar nuestra Constitución, sino llevar hasta sus últimas consecuencias su compromiso con la dignidad humana, el consentimiento de los gobernados y la igualdad ante la ley.

Cada estado de la Unión posee su propia constitución, administra sus instituciones locales y preserva su identidad cultural. La Estadidad no obliga a Puerto Rico a renunciar a su idioma, sus tradiciones o su personalidad nacional. Nuestra identidad puertorriqueña existía antes del Estado Libre Asociado y continuará existiendo bajo cualquier fórmula política.

Lo que sí cambiaría sería nuestra posición constitucional. Como estado, Puerto Rico dejaría de estar sujeto a la cláusula territorial, tendría dos senadores, representación con voto en la Cámara federal y participación en la elección del presidente. Las decisiones nacionales que afectan nuestro futuro contarían finalmente con la voz y el voto de representantes escogidos por nuestro pueblo.

La Estadidad no es una fórmula mágica para resolver todos los problemas de Puerto Rico. No sustituye la buena administración, la responsabilidad fiscal ni el desarrollo económico. Es, ante todo, una reclamación de igualdad democrática, con todos los derechos y también con todas las responsabilidades que esa igualdad conlleva.

La generación de 1952 cumplió su deber al construir un gobierno constitucional propio. Nuestra generación no debe convertir aquel logro en un techo permanente. Debe utilizarlo como puente hacia una relación política más justa.

Honrar la Constitución no significa congelar a Puerto Rico en el pasado. Significa continuar avanzando sobre los principios que ella misma consagró.

La Constitución fue un gran comienzo. La Estadidad debe ser la culminación de su promesa de igualdad.