[EDITORIAL] La peligrosa ruta del PPD y el PIP hacia campañas pagadas por el Gobierno

El Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) llevan días lanzándose acusaciones sobre el financiamiento de las campañas políticas. En primera instancia, parecería una competencia por demostrar quién es más “transparente”, pero en realidad la controversia ha expuesto una ruta muy peligrosa: un PPD dispuesto a dificultar las aportaciones voluntarias de los ciudadanos y un PIP que aprovecha la discusión para reclamar que el Gobierno financie las campañas.

El 25 de julio, Pablo José Hernández propuso limitar o prohibir los donativos en efectivo, limitar o prohibir los llamados donativos anónimos, restringir las aportaciones de contratistas gubernamentales y divulgar el lugar de empleo de ciertos donantes.

Hay elementos que merecen consideración. Reducir sustancialmente los donativos en efectivo, impedir que contratistas activos financien a quienes adjudican contratos y exigir mayor información sobre las aportaciones de cuantía significativa son medidas razonables. El problema comienza cuando Hernández coloca bajo sospecha toda aportación clasificada como “anónima” sin distinguir entre el posible inversionista político y el ciudadano que entrega $5 en una plaza pública.

La Ley 222-2011 no permite que una persona esconda miles de dólares bajo esa categoría. Todo donativo que exceda los $50 requiere la identificación del donante. Además, los donativos anónimos solo pueden recaudarse en actos políticos colectivos y los comités de acción política no pueden recibir aportaciones anónimas ni en efectivo.

Por eso resulta irresponsable utilizar la palabra “anónimo” como sinónimo automático de dinero clandestino, lavado de dinero o corrupción.

El PPD alegó que el PIP recibió $262,458.54 —el 52.75% de sus recaudos entre 2025 y 2026— mediante aportaciones en efectivo o clasificadas como anónimas. Sin embargo, no presentó un solo hallazgo de la Oficina del Contralor Electoral que estableciera que esos donativos fueran ilegales.

El PIP respondió que parte de la cantidad corresponde a aportaciones recurrentes de $5, $10, $15 o hasta $50 realizadas mediante débito directo y tarjetas de crédito, cuyos donantes, según la colectividad, son identificados individualmente ante el Contralor Electoral. Otra parte surge de radiomaratones y colectas en plazas, carreteras y semáforos.

Esa explicación no convierte al PIP en dueño de la pureza política ni elimina la necesidad de fiscalizar sus recaudos. Pero sí demuestra que el PPD tomó una clasificación de contabilidad electoral y la transformó en una insinuación de conducta criminal.

Incluso el sistema federal que Hernández utiliza como referencia permite donativos anónimos de hasta $50, aunque limita a $100 las aportaciones en efectivo. Si el objetivo es adoptar reglas similares a las federales, una prohibición absoluta de todo donativo anónimo sería más restrictiva, no equivalente.

Identificar cada aportación desde el primer dólar no impediría jurídicamente que una persona de escasos recursos pueda donar. Podría hacerlo entregando sus datos. Pero eso no significa que la medida sea inocua. Impondría una carga de identificación, privacidad y contabilidad precisamente sobre quienes aportan $1, $5 o $10. También haría prácticamente inviables muchas colectas espontáneas y actividades en las marquesinas.

Para un gran donante con recursos de abogados y CPAs, completar formularios es una ”bobería”. Para el ciudadano que dona el poco dinero que lleva en el bolsillo, puede convertirse en una barrera suficiente para no participar.

La fiscalización debe aumentar según aumentan la cantidad, la influencia y el riesgo de corrupción. No debe operar al revés, castigando primero al donante más pequeño.

El PIP, sin embargo, tampoco puede reclamar algo. Su programa de gobierno de 2024 prometía expresamente que “se prohibirán los donativos anónimos”. Esta semana, ante los ataques del PPD, la colectividad modificó su vocabulario y propuso prohibir solamente los donativos “anónimos de verdad”, excluyendo ahora aquellas aportaciones menores de $50 que sostienen sus recaudos.

El PIP conoce perfectamente la importancia del pequeño donante. De hecho, su propia propaganda sobre las nuevas propuestas termina solicitando aportaciones mensuales de $5. No puede proponer una prohibición general cuando le resulta conveniente y después añadirle excepciones cuando descubre que la medida amenaza su propia cuenta bancaria.

Peor aún, el remedio principal que impulsa el PIP es un “fondo universal equitativo” de financiamiento público para todos los partidos. En palabras sencillas: que el contribuyente pague las campañas.

El financiamiento público no desapareció de Puerto Rico. La ley vigente ya contempla $400,000 para gastos administrativos de cada partido durante el año electoral, un sistema voluntario de pareo de hasta $5 millones y una alternativa mediante la cual $250,000 privados pueden producir una aportación gubernamental de $1 millón.

Antes de 2011, el modelo era todavía más generoso: concedía un fondo público base de $3 millones a cada partido y candidato a la gobernación, además de un pareo que podía alcanzar otros $4 millones. Volver a un financiamiento público universal ampliaría nuevamente la dependencia de los partidos sobre el erario.

Las campañas pagadas por el Gobierno no son gratuitas. Las pagan el trabajador, el comerciante y el contribuyente, incluso cuando rechazan profundamente las ideas del partido que recibe el dinero. Tampoco garantizan transparencia por sí solas. La transparencia surge de informes completos, auditorías rigurosas, divulgación de los verdaderos donantes y penalidades efectivas, no simplemente de cambiar el origen del cheque.

Debe hacerse una aclaración: Pablo José Hernández no incluyó el financiamiento público entre las cuatro medidas que anunció. No corresponde inventarle una propuesta que no hizo. Pero si el PPD cierra o dificulta los canales privados utilizados por los pequeños donantes, aumentará la presión para que el erario cubra ese vacío. Y esa es exactamente la puerta que el PIP quiere abrir.

No hace falta imaginar una conspiración entre ambas colectividades. Basta con observar la consecuencia: el PPD restringe la aportación voluntaria y el PIP propone sustituirla con dinero obligatorio del contribuyente.

Puerto Rico necesita una reforma sensata. Deben preservarse los microdonativos de hasta $50 en actividades debidamente notificadas, establecerse controles y topes por evento, reducirse el límite de efectivo, exigirse información adicional para aportaciones significativas, y fortalecerse la capacidad fiscalizadora del Contralor Electoral.

Eso combate el inversionismo político sin convertir una aportación de $5 en evidencia de corrupción.

El PPD no puede tratar cada dólar anónimo como dinero sucio. El PIP no puede utilizar al pequeño donante como escudo mientras pretende pasarle al pueblo la factura completa de las campañas.

El ciudadano común no es el corrupto y el contribuyente no debe ser el que financie a los partidos. Las colectividades que aspiren a gobernar deben convencer libremente a sus simpatizantes para que las apoyen. Si no logran hacerlo, el Gobierno no tiene por qué rescatarlas.