El Comisionado Residente y su acomodo razonable
Ignorar el estatus es perpetuar la desigualdad; lo que Pablo José llama pragmatismo, en realidad es resignación política.


En días recientes, el comisionado residente Pablo José Hernández dejó claro que no impulsará ninguna medida para atender el estatus político de Puerto Rico. Sostuvo que, en este momento, es preferible “trabajar con lo que hay”. Con esa expresión, dio por buena la desigualdad, validó la colonia y despreció la lucha por los derechos civiles de millones de ciudadanos americanos en la Isla.
No se equivoque nadie, esa no es una postura pragmática, ni estratégica. Es una rendición disfrazada. Es un disparate político que retrata el profundo desconcierto ideológico del liderato actual del Partido Popular Democrático. Dicen creer en la igualdad, pero no tienen el valor de reclamarla.
Resulta llamativo que, desde la comodidad del acomodo institucional, el comisionado utilice un enfoque que recuerda al concepto legal de “acomodo razonable”. Una figura propia del ámbito laboral para proveer ajustes a personas con discapacidad sin alterar la esencia del trabajo. Pero el estatus colonial no es una discapacidad, ni la lucha por la igualdad puede atenderse con ajustes temporeros. Aquí no se trata de acomodar la desigualdad para que duela menos; se trata de erradicarla. No se trata de maquillar el discrimen o acomodarlo para que sea “menos discriminatorio”. Tratar el estatus como un problema administrativo que puede “manejarse” con parchos y silencio es una ofensa al reclamo de derechos plenos que llevamos generaciones haciendo.
La historia del PPD es clara. Desde el liderato de Luis Muñoz Marín, su estrategia ha sido el acomodo, no la igualdad. Pero lo que antes se decía con sutileza, ahora se proclama sin pudor. hay que dejar el estatus a un lado. Como si fuera posible construir una economía fuerte, lograr una sociedad justa o representar a Puerto Rico con dignidad en Washington sin atender la raíz de nuestro problema político.
El estatus no es un tema abstracto ni simbólico. Tiene consecuencias diarias. Estas consecuencias las sufrimos en el discrimen en fondos federales, falta de representación con voto en el Congreso, imposición de leyes sin participación democrática y obstáculos a nuestra competitividad económica. Cada día que se ignora ese tema, se acentúa la desigualdad.
Las luchas por la igualdad no se negocian. A lo largo de la historia, los grandes avances en derechos civiles han sido producto de la perseverancia de quienes se negaron a rendirse. Desde las mujeres que exigieron el derecho al voto, hasta los afroamericanos que enfrentaron la segregación racial, pasando por quienes lucharon por la equidad para personas con discapacidades. Ninguno de esos movimientos aceptó como solución “trabajar con lo que hay”. La razón es que la verdadera lucha por los derechos no acepta transacciones. A estas luchas se les conoce un principio, pero no un final.
Lo sabía bien José Celso Barbosa, padre del ideal de la Estadidad. Barbosa dedicó su vida a combatir el discrimen que sufrían los puertorriqueños bajo la desigualdad política. No aceptó acomodos coloniales ni se conformó con menos que la ciudadanía americana con todos sus derechos. Su ejemplo desautoriza la pasividad del presente y nos recuerda que quien claudica ante la desigualdad, deja de luchar por la justicia.
La posición de Pablo José además de ser un disparate, es también una muestra de torpeza estratégica. Desde la oficina del Comisionado Residente, el silencio en cuanto al estatus equivale a consentir con la colonia. Esa oficina debería ser una plataforma para defender la igualdad plena bajo la Constitución de Estados Unidos. Convertirla en una agencia de trámites, sin voz política, es perder el tiempo y desperdiciar el voto de un pueblo que merece más.
En el Partido Nuevo Progresista, creemos que la Estadidad no es una consigna electoral. La Estadidad es una causa moral, un reclamo de justicia y un paso necesario para asegurar el futuro de todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico. A eso no renunciamos. Esa lucha no se archiva ni acepta transacciones. Porque el silencio sobre el estatus, como propone Pablo José, no resuelve nada. Solo prolonga la injusticia.