Cumplir la palabra también es saber cómo hacerlo

Todos somos testigos de que durante la campaña, Jenniffer González Colón y el Partido Nuevo Progresista hablaron claro. Dijeron lo que muchos pensaban y pocos se atrevían a prometer, LUMA debía salir. No fue una frase para provocar aplausos momentáneos ni una promesa hecha a la ligera. Fue un compromiso asumido con un pueblo cansado de apagones, de excusas y de un servicio que no respondió a lo que se prometió.

Hoy, ese compromiso se está ejecutando. Pero se está haciendo con estrategia, seriedad y respeto al dinero del pueblo. Porque cumplir la palabra no significa actuar por impulso ni convertir una decisión compleja en un espectáculo político. Significa saber cómo hacerlo bien.

Sacar a LUMA no es tan simple como anunciarlo en una conferencia de prensa o romper un contrato de forma abrupta. Los contratos del gobierno, por mal que funcionen, tienen consecuencias legales. Una cancelación mal manejada podría convertirse en una demanda millonaria contra el Estado, y esas demandas las paga el pueblo. Esa realidad no se puede pasar por alto.

Por eso, la Gobernadora Jenniffer González Colón escogió el camino más responsable. Utilizar la ley como instrumento para defender al pueblo, no como excusa para la inacción. Su administración identificó una estrategia legal clara, basada en documentar incumplimientos, exigir responsabilidades y activar los remedios que el propio ordenamiento jurídico permite.

Entre esos remedios está la posibilidad de plantear la nulidad del contrato. La palabra puede sonar técnica, pero el concepto es sencillo. En términos prácticos, significa que cuando un contrato falla de manera sustancial y deja de servir al interés público, el Estado tiene el derecho y el deber de cuestionar su validez. No se trata de una amenaza ni de una postura ideológica. Es una herramienta legítima para proteger al gobierno pero, sobre todo, a la gente.

La importancia de esta estrategia es que evita costos onerosos para el pueblo. Una nulidad bien fundamentada coloca al Estado en una posición mucho más sólida que una cancelación improvisada. Reduce el riesgo de indemnizaciones millonarias, protege el erario y permite manejar la transición del sistema eléctrico de forma ordenada y responsable.

Aquí es donde se marca una diferencia clara con el pasado. Durante años, se criticó el contrato de LUMA. Se denunciaron sus fallas y se prometieron cambios. Pero nunca se dio el paso difícil de accionar legalmente con una estrategia coherente. Esta vez, no se trata solo de palabras. Se trata de hechos.

Jenniffer González Colón, ha demostrado un tipo de liderato que combina firmeza con prudencia. No ha buscado el aplauso fácil ni la confrontación innecesaria. Ha optado por hacer el trabajo complejo que otros evitaron. Eso también es cumplir una promesa.

El mensaje que se envía es claro y poderoso. Las empresas que hacen negocios con el gobierno tienen derechos, pero también obligaciones. Los contratos públicos no son intocables ni están por encima del interés del pueblo. Cuando fallan, el Estado no puede mirar hacia otro lado.

Sacar a LUMA no es un acto de revancha ni una movida ideológica. Es un acto de gobernanza responsable. Es recuperar control, exigir resultados y establecer que en Puerto Rico, como en cualquier jurisdicción seria, el interés público es la prioridad.

En política, prometer es fácil. Cumplir es más difícil. Pero cumplir bien, sin que el pueblo pague los platos rotos, es liderazgo. Eso es exactamente lo que hoy está demostrando la Gobernadora Jenniffer González Colón.