Hawaii y Puerto Rico: Historia, Igualdad y el Camino hacia la Estadidad

En el debate sobre el futuro político de Puerto Rico, algunos sectores insisten en comparar nuestra realidad con la de Hawaii para sembrar miedo en cuanto al tema de la estadidad para Puerto Rico y los riesgos, según ellos, de ser un estado permanente de la Unión Americana. Sin tomar en consideración nuestra realidad e historia como pueblo, se compara el proceso de anexión de Hawaii como advertencia de pérdida cultural, desplazamiento y un trauma histórico prolongado. Pero cuando miramos los hechos con rigor, esa comparación no resiste análisis.

En 1893 ocurrió el derrocamiento del Reino de Hawaii, un Estado soberano con monarquía propia. En 1898 fue anexado por Estados Unidos y, décadas más tarde, en 1959, admitido como estado. La población nativa hawaiana experimentó profundas transformaciones: pérdida significativa de tierras ancestrales, debilitamiento severo del idioma hawaiano por políticas educativas del siglo XX y cambios demográficos que los convirtieron en minoría en su propia tierra. Esa historia es real y merece respeto.

Pero no es la historia de Puerto Rico.

Puerto Rico pasó a soberanía estadounidense en 1898 tras la Guerra Hispanoamericana mediante el Tratado de París. No existía un reino independiente reconocido internacionalmente en ese momento; la isla era territorio español desde hacía cuatro siglos. A partir de entonces, los puertorriqueños recibieron la ciudadanía estadounidense en 1917, adoptaron una Constitución propia en 1952 y han participado en múltiples plebiscitos para definir su futuro político.

A diferencia de Hawaii, Puerto Rico no ha sufrido una erradicación del idioma español ni una conversión demográfica que nos desplace culturalmente. Nuestra identidad boricua está viva en la música, la literatura, la fe, la familia y la vida pública. Somos culturalmente firmes y conscientes de nuestras raíces y tradiciones vibrantes. La narrativa de que la estadidad implica desaparición cultural simplemente no se sostiene frente a la evidencia histórica de otros estados con identidades fuertes que conservan con orgullo sus particularidades, como lo es, por ejemplo, Texas.

Se argumenta que la incorporación de territorios a Estados Unidos respondió a intereses económicos y estratégicos, como fue el caso de Hawaii. Eso es cierto, y no es exclusivo de Puerto Rico ni de Hawaii. Desde la Compra de Luisiana hasta Alaska, la expansión territorial estadounidense respondió a cálculos geopolíticos y de seguridad nacional. Esa es la lógica histórica de los Estados. Pero el motivo original no determina el resultado permanente. Lo que determina el resultado es el acceso pleno a derechos y representación como ciudadanos estadounidenses.

Hoy Puerto Rico está sujeto a leyes federales, aporta hombres y mujeres al ejército, participa en el sistema económico estadounidense y recibe fondos federales bajo fórmulas que no siempre nos tratan con igualdad. Sin embargo, no tiene voto presidencial ni representación con voto en el Congreso. Esa es la verdadera anomalía democrática: ciudadanos estadounidenses sin igualdad política plena. Y ese no es el caso de Hawaii.

El gobierno de Puerto Rico administra asuntos internos, pero carece de los poderes y la igualdad estructural que poseen los estados. Esa desigualdad no es simbólica; es real. Se vive en el Puerto Rico cotidiano cuando hay fuga de médicos, cuando hay que cabildear por fondos de Medicaid y cuando no se reciben beneficios como el Seguro Social Suplementario o el SNAP en igualdad de condiciones. La desigualdad se refleja en programas federales con topes distintos, en decisiones congresionales donde no tenemos voto decisivo y en la falta de influencia directa en políticas que nos afectan.

Comparar a Puerto Rico con el trauma específico de los nativos hawaianos para bloquear el debate sobre la estadidad no solo es históricamente impreciso; también distrae de la pregunta central. La pregunta no es qué motivó decisiones geopolíticas en 1898. La pregunta es si en el siglo XXI estamos dispuestos a aceptar indefinidamente una ciudadanía sin igualdad plena.

La estadidad no borra quiénes somos. No cancela nuestra cultura. No convierte a Puerto Rico en algo distinto a lo que ya es: una sociedad pluralista y autóctona de ciudadanos estadounidenses. La estadidad es la afirmación de que esa identidad no es incompatible con la igualdad política. Es la convicción de que podemos ser plenamente boricuas y plenamente iguales dentro de la Unión.

Contar la historia correctamente no es un ejercicio académico abstracto; es un acto de honestidad con nuestro pueblo. Y desde esa honestidad, la estadidad no se presenta como amenaza, sino como la oportunidad de cerrar un capítulo de desigualdad estructural y abrir otro de participación plena, dignidad política y futuro con voz propia.