La paradoja estadista

En mayo de 2012, en una columna titulada “La asimilación y el estancamiento”, escribí sobre la consulta plebiscitaria que Puerto Rico se preparaba a celebrar ese año y advertí que sería “una solución que no es diferente” a las consultas anteriores. Trece años después, la isla sigue atrapada en la discusión del estatus, pero el escenario cambió. El problema ya no es solamente si Puerto Rico vota, consulta o reclama una definición política. Ahora el debate también está atravesado por una nueva contradicción: sectores del movimiento estadista parecen medir la estadidad dependiendo de qué partido federal la impulse.

Ahí comienza la paradoja estadista. ¿Cómo un movimiento cuya meta principal es la estadidad termina dividido sobre la estadidad misma dependiendo de si la propone un demócrata o un republicano? La pregunta habría parecido absurda hace veinte años. Hoy define gran parte de la conversación política dentro del PNP.

Puerto Rico es, inevitablemente, un cálculo electoral para ambos partidos federales. Para sectores republicanos, la estadidad provoca resistencia porque temen que la Isla se convierta en un estado demócrata. Para sectores demócratas, puede representar una oportunidad de ampliar representación, sumar poder congresional y fortalecer comunidades latinas en momentos de rediseño electoral y disputa por el control del Congreso.

Por eso, las expresiones recientes de Kamala Harris no deben leerse como un comentario aislado. En una conversación sobre la necesidad de que el Partido Demócrata amplíe su libreto político ante el ciclo electoral de 2026, Harris planteó que hacía falta “un libreto ampliado” y propuso un espacio de discusión sin descartar ideas de entrada, lo que llamó un “No Bad Idea Brainstorm”. En ese contexto dijo: “Let’s talk about statehoodfor Puerto Rico and D.C.”, es decir, “hablemos de estadidad para Puerto Rico y D.C.”.

La frase aparece en medio de una disputa real por representación política, particularmente en Florida, donde vive más de un millón de puertorriqueños. El rediseño congresional impulsado por Ron DeSantis no es un tecnicismo electoral. Es una reorganización del mapa político que puede alterar quién llega al Congreso, qué comunidades quedan agrupadas o divididas y cuánto peso real conservan los electores latinos y puertorriqueños en Washington. En el caso del distrito de Darren Soto, el primer congresista puertorriqueño de Florida, el nuevo mapa ha sido señalado por su posible efecto de diluir el peso electoral de comunidades latinas y puertorriqueñas en el centro del estado.

Esa parte de la discusión debería preocupar a cualquier estadista serio. Si molesta que Harris mencione la estadidad como parte de un cálculo electoral demócrata, también debería preocupar que DeSantis rediseñe distritos de forma que pueda reducir el peso político de comunidades puertorriqueñas en Florida como parte de un cálculo electoral republicano. En ambos casos, Puerto Rico y los puertorriqueños están siendo leídos desde el poder electoral que representan. La diferencia es que en un caso se reacciona con escándalo y en el otro con silencio.

Mientras eso ocurre en Estados Unidos, en Puerto Rico la conversación se vuelve todavía más contradictoria. El liderato actual del PNP refleja esa tensión con bastante claridad. La gobernadora, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara están identificados con el Partido Republicano. Sin embargo, si la estadidad encontrara una apertura real desde sectores demócratas en Washington, parte del discurso estadista local parecería reaccionar con sospecha, no por el contenido de la propuesta, sino por quién la impulsa.

En ese punto, la contradicción se vuelve más clara: en algunos espacios, la lealtad ideológica federal comienza a competir con la propia meta estadista. Durante años, el Partido Nuevo Progresista logró mantener relativamente unidas distintas corrientes ideológicas bajo una sola aspiración política: resolver el estatus. Esa convivencia se complica cuando la conversación sobre estadidad se contamina con las guerras culturales estadounidenses y con el tribalismo partidista entre demócratas y republicanos.

Incluso en la conversación pública local, incluyendo espacios radiales y de análisis político, se ha ido creando un revanchismo artificial entre republicanos y demócratas puertorriqueños. Como vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico, lo vivo directamente. A veces la discusión deja de ser sobre igualdad política, representación o futuro institucional, y se convierte en una especie de pleito importado donde se cuestiona la legitimidad estadista de una persona por su afiliación demócrata.

Pero si la estadidad es realmente la meta, ¿desde cuándo importa más el partido federal que la impulse que la posibilidad de resolver finalmente la relación territorial?

Esa pregunta se vuelve más pertinente cuando se observa la conducta reciente de ambos partidos federales. Mientras sectores estadistas demócratas en Puerto Rico y en la diáspora intentan mantener vivo el tema en espacios nacionales, el republicanismo estadista local parece más visible en la defensa del trumpismoque en una agenda pública, articulada y sostenida por la estadidad en Washington.

Al mismo tiempo, el Partido Republicano nacional eliminó en su plataforma de 2024 el lenguaje explícito de apoyo a la estadidad para Puerto Rico que había aparecido en plataformas anteriores. Resulta políticamente llamativo, además, que Donald Trump haya hablado sobre Canadá como posible estado número 51, sobre control estadounidense de Groenlandia y hasta sobre Venezuela como eventual estado, antes que expresar un respaldo claro, consistente y prioritario a la estadidad para Puerto Rico.

Aun así, parte importante del movimiento estadista continúa profundamente alineada con el trumpismo. Ahí se evidencia la contradicción política actual de Puerto Rico.

Muchos puertorriqueños comienzan a identificarse emocionalmente con republicanos o demócratas no necesariamente por discusiones profundas sobre modelos económicos, teoría constitucional o filosofía institucional, sino como reacción a las guerras culturales estadounidenses. Sectores conservadores asocian a Harris y al Partido Demócrata con aborto, temas de género, derechos LGBTQ y debates culturales que generan resistencia en una sociedad que continúa siendo bastante conservadora en muchos asuntos sociales. Del otro lado, sectores anti-Trump reaccionan al trato hacia inmigrantes, latinos y Puerto Rico, a la retórica nacionalista extrema y a expresiones que perciben como desprecio cultural hacia la Isla.

Por eso interpretar los resultados electorales recientes como prueba definitiva de que Puerto Rico sería automáticamente un estado demócrata sería una lectura demasiado simplista. Puerto Rico votó por Harris en 2024, pero ese resultado no necesariamente demuestra una identidad ideológica demócrata consolidada. También refleja rechazo a Trump, preocupación por el trato hacia los latinos y respuesta emocional a una relación territorial históricamente desigual.

De la misma manera, el apoyo que algunos puertorriqueños expresan hacia Trump o hacia el Partido Republicano no necesariamente surge de una teoría económica conservadora o de una lectura institucional del federalismo. Muchas veces nace de afinidades culturales con temas religiosos, rechazo a agendas progresistas o identificación con posturas conservadoras en asuntos sociales.

Por eso sigue siendo prematuro asumir si Puerto Rico fueseautomáticamente un estado republicano o demócrata. El comportamiento político puertorriqueño continúa profundamente condicionado por el estatus, por la relación territorial y por emociones políticas vinculadas al trato que recibimos de Estados Unidos. Estadidad, independencia o libre asociación son modelos de relación política y soberanía. Republicano, demócrata, conservador o socialista son corrientes ideológicas sobre cómo debe funcionar un gobierno. Puerto Rico lleva décadas mezclando ambos debates como si fueran exactamente la misma conversación.

Escribo esto consciente de mis propias posiciones políticas. Como vicepresidenta del Partido Demócrata en Puerto Rico, podría resultar fácil caer en la tentación de leer esta conversación exclusivamente desde el lente partidista estadounidense. Pero precisamente ahí está el problema. Puerto Rico no puede darse el lujo de importar ciegamente las guerras culturales de Estados Unidos mientras todavía enfrenta una crisis estructural de gobernanza, capacidad institucional y definición política.

Soy estadista porque conozco cómo funciona el sistema y porque, nos guste o no, Puerto Rico ya forma parte de esa estructura política y económica. Vivimos bajo el dólar, dependemos de fondos federales, nuestra economía está integrada al sistema estadounidense y decisiones tomadas en el Congreso afectan diariamente nuestra realidad. El problema es que esas decisiones se toman sin nuestra representación plena y sin que tengamos garantizada una relación política definida.Nada tiene que ver con mi puertorriqueñidad y amor patrio, si seguimos arrastrando el romanticismo de lo que pudo ser y ya no es, seguiremos sin progresar como sistema político.

Puedo no estar de acuerdo con el liderato político que domina hoy en Estados Unidos. De hecho, me preocupa profundamente. Pero precisamente por eso mi prioridad sigue siendo resolver el estatus. En momentos tan peligrosos como el que vivimos, con un presidente volátil, instituciones bajo presión y una democracia estadounidense en proceso de redefinición, la indefinición territorial nos deja más expuestos. Sin representación congresional, sin igualdad política y sin ciudadanía de primera, Puerto Rico queda vulnerable a decisiones federales que pueden afectarnos sin que tengamos poder real para defendernos.

Al final, el estatus no puede reducirse a si nos gusta o no el partido que gobierna en Washington en un momento particular. El estatus se trata de igualdad, representación y ciudadanía plena. Ahí está la paradoja estadista: un movimiento que nació para resolver la relación política con Estados Unidos corre el riesgo de medir la estadidad según quién la impulse, en lugar de evaluar si existe una oportunidad real para adelantar la igualdad política.