Federales aseguran que no hubo evidencia de delitos electorales en las cárceles

El jefe de fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, insistió el lunes en que no hubo evidencia que vinculara a algún candidato político o ayudante con actividades ilegales durante los procesos de votación en las cárceles.

Rechazó además que se diera directriz alguna para cerrar cualquier investigación relacionada con el tema.

“Ha habido reportajes alegando que la Fiscalía Federal ocultó o no procesó cargos viables relacionados con elecciones o contra oficiales y guardias penales. Primero, en esa investigación no se descubrió evidencia ni hubo alegaciones de que algún candidato político, político electo o miembros de su personal, de cualquier partido político, participaran en actividad ilegal relacionada con elecciones o el proceso de votación.

Segundo, la política del Departamento de Justicia es radicar los cargos más serios y más fáciles de probar, consistentes con la conducta del acusado y que probablemente resulten en convicciones sostenibles. Eso fue lo que se hizo en ese caso, y era importante porque numerosas víctimas estaban muriendo por sobredosis dentro de prisión.

El caso fue investigado y acusado el 12 de diciembre de 2024 bajo la administración del presidente Joseph Biden y del fiscal general Eric Garland, y fue manejado por la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico. No hubo instrucciones ni restricciones de nadie hacia esta oficina respecto a la investigación, los acusados o los cargos que debían o no debían radicarse”, dijo Muldrow en una declaración en inglés.

El fiscal mencionó que incluso el alegato fue incluido en el pliego acusatorio contra varios integrantes del grupo Los Tiburones en diciembre de 2024.

“Les pregunto: si realmente hubiera existido un intento de ocultar o encubrir la conducta relacionada con elecciones, ¿por qué esa actividad fue incluida en la acusación como parte de la conspiración criminal?

Aún asumiendo que existiera un cargo electoral viable contra alguno de los acusados penitenciarios —lo cual requeriría que la votación estuviera relacionada con un candidato federal o una papeleta federal— la pena máxima sería de dos o cinco años. En cambio, los delitos de narcotráfico incluidos en la acusación conllevan una pena máxima de cadena perpetua y una sentencia mínima obligatoria de 20 años relacionada con las muertes por sobredosis”, mencionó.

El fiscal federal expresó que sí hay investigaciones relacionadas con oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Lo que sí puedo decir es que procesar funcionarios públicos corruptos y personas involucradas en corrupción pública, incluyendo guardias y oficiales penales, siempre ha sido, seguirá siendo y continúa siendo una prioridad principal.

Cuando existe evidencia admisible suficiente para acusar personas involucradas en corrupción pública, la Fiscalía Federal de Puerto Rico procesará agresivamente esos casos. 

Desde 2025, la Fiscalía Federal ha acusado a más de 50 personas en casos relacionados con corrupción, incluyendo empleados de Hacienda, la Administración de Veteranos, el Departamento del Trabajo, el Servicio Postal y sus co-conspiradores, entre otros.

Tenemos investigaciones activas de corrupción pública sobre las cuales conocerán en el momento apropiado”, concluyó.

Sus expresiones surgen en reacción a un reportaje publicado por el medio estadounidense ProPublica, que alegó que la investigación fue detenida por instrucciones de la administración del presidente Donald Trump.