Estados demandan al Gobierno Trump para frenar entrega de datos de conductores comerciales

Una coalición de 22 estados demócratas demandó este jueves al Gobierno de Donald Trump para frenar el traspaso de una base de datos de 17 millones de conductores comerciales gestionada por la Asociación Americana de Administradores de Vehículos de Motor (AAMVA), institución a la que Washington amenaza con retirar fondos federales.

El 23 de julio, una agencia del Departamento de Transportes (DOT) reclamó por primera vez al AAMVA la base de datos, y cuando la institución cuestionó su obligación legal, esa agencia amenazó con eliminarle subvenciones federales y contratos a menos que la entregue antes del 17 de agosto, indica un comunicado del grupo de 21 fiscales generales y un gobernador.

El 11 de agosto, la AAMVA recibió una citación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que también exigía acceso a la base de datos, agrega.

En dos demandas diferentes, la coalición reclama a un tribunal impedir al DOT y al DHS la obtención de los nombres, fechas de nacimiento y números del Seguro Social de las personas con una licencia de conductor comercial incluidas en esa base de datos, alegando que el reclamo es "ilegal" y se ha realizado sin aviso.

La coalición alega que las autoridades federales "están violando las leyes de privacidad federales al exigir a la AAMVA divulgar" los datos sensibles de los conductores comerciales "sin límites sobre el uso de esta información y sin proveer un aviso al público", así como las leyes de procedimiento administrativo porque no tienen "una necesidad legítima" sobre los mismos.

Destacan, además, que esos datos hasta ahora solo estaban a disposición de los estados con el propósito de administrar las licencias de conducir, y las autoridades federales no les han consultado "antes de hacer este drástico cambio".

En total, el Gobierno federal ha amenazado con retirar más de 10 millones de dólares en fondos federales a la AAMVA si no entrega la base de datos de los conductores referente a los últimos cinco años.

"La Administración Trump intenta decomisar datos confidenciales de los estados sin ninguna justificación legal", indicó en la nota la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que encabeza las demandas.

En ese sentido, subrayó que el traspaso convertiría la base de datos estatal, llamada Sistema de Información de Licencias de Conducción Comercial (CDLIS), en "una base de datos federal con información sensible a cuya recolección el Congreso nunca autorizó al Gobierno federal".