Federales acusan a 28 personas por narcotráfico y armas en Juana Díaz, Villalba y Coamo
Veinte de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego para promover un delito de narcotráfico
Un gran jurado federal acusó a 28 personas vinculadas a una supuesta organización dedicada al narcotráfico que operaba en Juana Díaz, Villalba y Coamo, y que habría utilizado actos de violencia, incluidos asesinatos y tiroteos, para mantener el control de sus puntos de drogas, informó el miércoles el fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó.
“Estos arrestos reflejan nuestra determinación de sacar a las gangas violentas de nuestras comunidades”, expresó Ramírez Carbó en declaraciones escritas.
La acusación fue emitida el 24 de septiembre y los arrestos se realizaron este miércoles como parte de una investigación encabezada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Fuerza de Choque de Ponce de la Policía de Puerto Rico, con colaboración de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Inspección Postal federal.
Según el pliego acusatorio, desde 2022 la organización distribuía heroína, fentanilo, cocaína, crack, marihuana, Tramadol y Clonazepam en los residenciales Enudio Negrón, Maximino Miranda y Villa del Parque, conocido también como residencial Kennedy, así como en el barrio Pastillo y sectores cercanos.
Las autoridades federales sostienen que el grupo distribuía drogas tanto al por mayor como en cantidades destinadas a la venta en la calle y transportaba cantidades de cocaína a nivel de kilogramos hacia Estados Unidos continental.
Sus integrantes supuestamente utilizaban radios de comunicación, teléfonos celulares, mensajería instantánea y redes sociales para coordinar sus operaciones. También habrían desempeñado funciones como líderes, suplidores, propietarios de puntos de drogas, gatilleros, corredores, vendedores, vigilantes y facilitadores.
Veinte de los acusados enfrentan un cargo por posesión de armas de fuego para promover un delito de narcotráfico y 14 de ellos también están acusados de poseer ametralladoras en relación con la actividad de narcotráfico.
Los acusados son Jeremy José Maldonado Rivera, Jerome Javier Cruz Santiago, Javier Sánchez Pérez, José Armando Rodríguez López, Roric Harvey Núñez García, Jomar Javier Cruz Santiago, Anthony Cruz Rodríguez, Yamil Hernández De Jesús, Jonathan Daniel Colón Santiago, Eliezer Steven De Jesús Martínez, Carlos Omar Costales González, Cristobal Manuel Santiago López, Jadiel Carlid Gaston García y Miguel Ángel Alvarado Ortiz.
También fueron acusados Jorge Esteban Sosa Pomales, Jayson Santiago Rivera, Kevin Camacho Franceschi, Luis Daniel Colón Santiago, Christian Jasnel Cruz García, Luis Armando Rivera Merlo, Emmanuel Santiago Bermúdez, Wilbert Torres Cortés, Jonathan Adolfo Santiago Guzmán, Héctor Jomar Torres Rodríguez, Luis David Colón Malavé, Hermarilis Rosado Ortiz, Yarielis Michelle Morales Rodríguez y Nitzaliz Yadielis Rivera Curet.
Los cargos relacionados con narcotráfico conllevan, de resultar convictos, una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua. Quienes enfrentan conjuntamente determinados cargos de drogas y armas se exponen a un mínimo de 15 años, mientras los acusados por posesión de ametralladoras para promover el narcotráfico enfrentan una pena mínima obligatoria de 30 años consecutiva a cualquier sentencia impuesta por los delitos de drogas.
La Fiscalía federal incluyó además una alegación de confiscación de bienes relacionados con narcóticos por 4,158,080 dólares contra todos los acusados.
Durante los arrestos participaron además agentes del Negociado Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional, Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
Los fiscales federales Alberto López Rocafort, Teresa Zapata Valladares y Joseph Russell están a cargo del procesamiento.
Una acusación constituye únicamente una alegación y los imputados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable.
