Gobernadora afirma que crisis de agua en la zona metro requiere inversión y no cambios de directores en la AAA

La gobernadora Jenniffer González Colón dijo el jueves que los problemas de abasto de agua en la zona metropolitana no se resuelven con cambios de directores en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), sino con inversión en infraestructura.

“Yo no creo que esto sea un problema de quién dirige, porque ya han pasado múltiples directores en la región metropolitana. Es un problema de estructura serio”, dijo González Colón a preguntas de la prensa.

La mandataria sostuvo que las bajas presiones y la falta de agua en zonas altas de San Juan responden a problemas que llevan cerca de una década. “Allí hay problemas de los últimos 10 años, de bajas presiones o falta de agua en la casa, en las zonas altas de San Juan. Ese problema de 10 años no significa que tengan que vivir 10 años más igual”, expresó.

González Colón indicó que la AAA y el Municipio de San Juan acordaron aumentar horarios de distribución, camiones cisterna y cantidad de agua para atender a comunidades afectadas. Dijo que brigadas de la AAA instalaron de emergencia una tubería de 12 pulgadas para intentar suplir agua a sectores afectados. “Se acaba de entrar una nueva tubería para que, para tratar de suplirle, aunque sea con menor presión, pero que reciban algo de agua”, sostuvo.

Por su parte, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, indicó que parte de la situación en Guaynabo y Bayamón está relacionada con daños en bombas del sistema de la finca Rosso. “Ya la están instalando y instalaron la primera de 10 millones. Eso debe ir mejorando la situación cuando estén las 3 instaladas, debe retornar a la normalidad el servicio en Guaynabo y una tercera parte de la ciudad de Bayamón”, dijo Rivera Cruz.

Por otra parte, la gobernadora reaccionó en torno a la decisión de LUMA Energy de recurrir al Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, González Colón sostuvo que se trata de una estrategia legal para dilatar la controversia sobre la cancelación del contrato. “Esto es una estrategia legal de tratar de paralizar la bola, de tratar de paralizar la discusión y darle tiempo a seguir dilatando el proceso de que esto se resuelva”, expresó.

La gobernadora dijo que esos litigios son pagados por los abonados mediante la factura de luz. “Todas estas demandas que Luma presenta las paga el pueblo de Puerto Rico con su factura de luz”, indicó.

En cuanto a la evaluación del Departamento de Justicia sobre documentos nuevos relacionados con la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, González Colón dijo que respalda que Justicia atienda el asunto. “Yo estoy de acuerdo que la Secretaría de Justicia haga lo que entienda debe de hacer para clarificar todo esto y si hay información nueva que se abra y si hay información relevante o pertinente que se llegue hasta las últimas consecuencias”, sostuvo.

González Colón insistió en que los señalamientos contra Roig Fuertes corresponden a hechos ocurridos durante el cuatrienio pasado, cuando Carlos Mellado era secretario de Salud. “Todo esto que estamos escuchando en el caso de la secretaria son elementos que ocurrieron bajo el cuatrenio del 2021 al 2024, no tiene nada que ver con mi administración”, afirmó.

Sobre la Ley 82 de 2026, la gobernadora dijo que la firmó porque establece requisitos para impugnar permisos y fija una fianza mínima para solicitar paralización de obras en procedimientos judiciales. “Ese proyecto es presentado por Georgie Navarro, que fue avalado por la Cámara y por el Senado, no es un proyecto de administración, es un proyecto de la legislatura, lo firmamos”, expresó.

La mandataria sostuvo que la ley requiere demostrar interés propietario o personal, daño inminente, relación entre el daño y la conducta impugnada, y que el tribunal pueda reparar ese daño. “Aquí no se van a ver casos que yo creo que me pueden impactar, que yo creo que me pueden tocar, ni daños abstractos o especulativos”, dijo.

González Colón afirmó que la medida busca un balance entre el derecho a impugnar proyectos y evitar paralizaciones injustificadas. “Es una fianza obligatoria mínima del menos del 10 por ciento del valor del proyecto para solicitar la paralización de obra en procedimientos judiciales. Así que esa discreción que antes se le daba al tribunal se hace por ley”, indicó.