Gobernadora convierte en ley medidas sobre seguros para mascotas y salud mental
La nueva ley incorpora al ordenamiento de Puerto Rico disposiciones del Pet Insurance Model Act de la National Association of Insurance Commissioners
Gobernadora Jenniffer González. Foto de archivo
La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 976, ahora Ley 186-2026, que establece por primera vez en Puerto Rico un marco regulatorio uniforme para el ofrecimiento y venta de seguros para mascotas.
La medida de autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dispone un nuevo Capítulo 48 al Código de Seguros de Puerto Rico para establecer divulgaciones mínimas y uniformes al consumidor, definir los términos aplicables a este tipo de seguros, disponer requisitos básicos para las pólizas y establecer normas relacionadas con las prácticas de mercadeo. Asimismo, faculta a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para su implantación y fiscalización.
“Para muchas familias, sus mascotas son parte esencial del hogar y atender una enfermedad o una emergencia veterinaria puede representar un gasto considerable. Con esta nueva ley establecemos reglas claras para que los consumidores puedan contar con alternativas de seguros confiables y transparentes para el cuidado de sus mascotas, mientras promovemos mayor competencia y protección al consumidor”, expresó la gobernadora.
Según el análisis de la medida, para 2023 aproximadamente el 48 % de los hogares en Puerto Rico tenía mascotas, equivalente a cerca de 643,000 hogares. El gasto mensual en alimentos para mascotas ronda los $92 por hogar, reflejando el impacto que tiene este sector en el presupuesto de las familias puertorriqueñas.
La nueva ley incorpora al ordenamiento de Puerto Rico disposiciones del Pet Insurance Model Act de la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), modelo que establece reglas uniformes y buenas prácticas de mercado para este tipo de producto. Al momento del análisis de la legislación, 16 jurisdicciones de Estados Unidos habían adoptado esta ley modelo.
La legislación también establece un proceso para que la OCS pueda expedir las certificaciones y autorizaciones correspondientes a las compañías aseguradoras interesadas en ofrecer estas cubiertas en Puerto Rico, bajo criterios uniformes.
Asimismo, González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 994, ahora Ley 187-2026, que enmienda la Ley Núm. 408-2000, conocida como la “Ley de Salud Mental de Puerto Rico”, para armonizar sus disposiciones con el Código Penal de Puerto Rico vigente.
La nueva ley actualiza los Artículos 2.03 y 15.03 de la Ley de Salud Mental con el propósito de uniformar los delitos contemplados en dicha legislación con aquellos establecidos en el Código Penal de 2012. En particular, actualiza la referencia al artículo y la pena correspondiente al delito de restricción a la libertad para penalizar la práctica de hospitalizar a una persona de forma involuntaria sin que reúna los criterios clínicos requeridos.
La medida fue radicada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores Héctor J. Sánchez, Wilmer Reyes, Luis D. Colón, Jeison Rosa, Brenda Pérez, Rafael Santos y Gregorio Matías.
González Colón convirtió en ley el Proyecto del Senado 1022, ahora Ley 188-2026, que declara el 5 de mayo de cada año como el “Día del Niño Dotado en Puerto Rico”, con el propósito de crear mayor conciencia sobre las aportaciones de esta población y promover iniciativas dirigidas a atender sus necesidades particulares.
La nueva ley busca fortalecer la identificación temprana de niños y niñas con capacidades cognitivas, creativas, artísticas, psicomotoras o de liderazgo significativamente superiores al promedio, así como fomentar el desarrollo de programas educativos diferenciados que permitan potenciar sus talentos. La medida reconoce que, cuando reciben los estímulos y herramientas adecuadas, estos estudiantes pueden realizar importantes aportaciones al desarrollo social, científico, cultural y económico de Puerto Rico.
La Ley 188-2026 dispone que el secretario del Departamento de Educación, en coordinación con los departamentos de la Familia y de Recreación y Deportes, fomente actividades educativas, culturales, sociales y recreativas dirigidas a sensibilizar sobre la niñez dotada. Además, Educación deberá promover la participación de estos estudiantes en iniciativas gubernamentales y del sector privado y desarrollar mecanismos para reconocer y visibilizar continuamente sus logros académicos y cognitivos.
Además, la gobernadora firmó la R. C. del S. 152, ahora Resolución Conjunta 59-2026, que designa la Carretera Estatal PR-101, dentro de la jurisdicción del municipio de San Germán, con el nombre del Dr. Rafael “Rafo” Rodríguez González, en reconocimiento a su destacada trayectoria de servicio a Puerto Rico y a su pueblo de San Germán.
Rodríguez González, optómetra de profesión, mantuvo prácticas en San Germán y Mayagüez y participó activamente en organizaciones cívicas como la Cámara Junior de Comercio y el Club de Leones de San Germán. Además, colaboró con los Atléticos de San Germán y con el desarrollo del baloncesto en categorías menores.
En 1992 fue electo como el primer senador estadista por el Distrito Mayagüez-Aguadilla. Durante su paso por el Senado presidió la Comisión de Salud y participó en legislación dirigida a ampliar el acceso de la ciudadanía a los servicios de salud. Posteriormente, sirvió durante ocho años como asesor del presidente de la Universidad de Puerto Rico.
Finalmente, la primera ejecutiva, firmó la R. C. del S. 153, ahora Resolución Conjunta 60-2026, que designa la Carretera Estatal PR-421, dentro de la jurisdicción del Municipio de Moca, con el nombre de Luis González Pérez, en reconocimiento a su trayectoria empresarial, compromiso comunitario y aportación al desarrollo de ese pueblo.
González Pérez nació en Moca el 25 de agosto de 1942 y desde temprana edad trabajó junto a su padre en labores agrícolas relacionadas con la industria azucarera. Durante su juventud también sirvió por un periodo en el Ejército de los Estados Unidos y posteriormente incursionó en el ámbito laboral y empresarial.
La Resolución Conjunta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas y a la Autoridad de Carreteras y Transportación tomar las medidas necesarias para cumplir con la designación dentro de los 90 días siguientes a su aprobación, incluyendo la correspondiente rotulación de la vía.
