Gobernadora firma leyes para fortalecer la supervisión cooperativa y agilizar procesos correccionales
La primera de estas medidas es la Ley 49-2026 (Proyecto del Senado 356), de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad
Foto: Suministrada
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, anunció hoy la firma de dos nuevas medidas legislativas dirigidas a fortalecer la gobernanza institucional y agilizar procesos dentro del sistema correccional, como parte de una administración eficiente, transparente y orientada a resultados.
La primera de estas medidas es la Ley 49-2026 (Proyecto del Senado 356), de la autoría de la senadora Nitza Morán Trinidad, que establece que el Comité de Supervisión de las cooperativas estará compuesto por un número impar de tres (3) miembros. Esta disposición busca garantizar uniformidad en la composición de estos comités y evitar situaciones que puedan afectar su funcionamiento. Con esta medida, se refuerza la capacidad fiscalizadora al facilitar una toma de decisiones más ágil y efectiva, reduciendo la posibilidad de empates en votaciones y promoviendo mayor consistencia entre cooperativas, tanto financieras como de otros tipos.
Asimismo, la primera ejecutiva firmó la Ley 50-2026 (Proyecto del Senado 834), una medida dirigida a establecer un término definido para la reconsideración de solicitudes de libertad bajo palabra de la población correccional, reforzando así los procesos de rehabilitación y certeza jurídica en Puerto Rico.
La legislación, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores Wilmer Reyes, Jeison Rosa, Rafael Santos y Luis D. Colón LaSanta, dispone que la Junta de Libertad Bajo Palabra deberá reconsiderar las solicitudes denegadas en un término de un (1) año, contado a partir de la notificación de la determinación final mediante Resolución o, en su defecto, desde el vencimiento del término de sesenta (60) días en el cual debió emitirse y notificarse dicha determinación administrativa.
“Con esta medida damos un paso firme hacia un sistema más justo, transparente y enfocado en la rehabilitación. Establecer un término claro brinda certeza tanto al confinado como al Estado, y fortalece los procesos de reinserción social que son esenciales para una sociedad más segura”, expresó la gobernadora.
La Ley también ordena a la Junta de Libertad Bajo Palabra enmendar o derogar cualquier reglamentación incompatible en un término no mayor de treinta (30) días desde su vigencia, con el fin de asegurar la implementación efectiva de esta política pública.
