Gobernadora firma seis leyes y veta otras 12 medidas
La Fortaleza no explicó las razones para vetar las medidas
Gobernadora Jenniffer González. Foto de archivo
La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el viernes seis leyes sobre navegación, reciclaje de equipos electrónicos, policías municipales, procedimientos judiciales, educación correccional y alumbrado público, además de tres resoluciones conjuntas. Otras 12 medidas fueron vetadas.
La Ley 170-2026 permite al secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) extender temporalmente los marbetes de embarcaciones cuando una interrupción en las agencias federales impida renovar la documentación requerida.
La extensión podrá concederse por un máximo de 90 días o mientras dure la interrupción, lo que ocurra primero. El propietario deberá demostrar que solicitó la renovación a tiempo o que existe un impedimento administrativo y tendrá 30 días, una vez se restablezcan los servicios federales, para presentar los documentos actualizados.
“La seguridad marítima y la continuidad de las actividades económicas que dependen de nuestras aguas no pueden verse afectadas por circunstancias fuera del control de nuestros ciudadanos. Con esta ley brindamos certeza jurídica, protegemos a los navegantes que cumplen con la ley y dotamos al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de las herramientas necesarias para responder con agilidad ante emergencias o interrupciones administrativas federales”, dijo González Colón en declaraciones escritas.
Mediante la Ley 169-2026, se amplió la definición de equipos electrónicos sujetos a procesos especializados de reciclaje para incluir sistemas portátiles de energía solar, sistemas fotovoltaicos, unidades de almacenamiento, baterías de iones de litio de vehículos eléctricos y cargadores.
Por otra parte, la Ley 171-2026 reconoce al comisionado de la Policía Municipal como funcionario del orden público e incorpora los rangos de subcomisionado o comisionado asociado. También reduce de cuatro a dos años el servicio mínimo requerido para determinados ascensos y exige que los agentes permanezcan al menos tres años en el municipio después de completar su adiestramiento.
La Ley 172-2026 extiende la protección de la doctrina del producto del trabajo de los abogados a los borradores de informes preparados por peritos y a determinadas comunicaciones entre abogados y expertos durante un litigio.
Asimismo, la Ley 173-2026 ordena al Departamento de Educación y a la Universidad de Puerto Rico identificar y donar, al menos una vez al año, libros excedentes o descontinuados en buenas condiciones para las bibliotecas de las instituciones penitenciarias.
Otra medida, la Ley 174-2026, autoriza acuerdos entre los municipios y el operador del sistema eléctrico para instalar, reparar, mantener y modernizar el alumbrado público bajo la regulación del Negociado de Energía. La legislación declara esos proyectos como prioritarios y plantea su ejecución durante los próximos tres años.
Entre las resoluciones firmadas, la Resolución Conjunta 51-2026 ordena evaluar la transferencia, el usufructo u otro acuerdo permitido por ley sobre la antigua Escuela William Rivera Ponce, en Bayamón, a National Talent Academy, organización que opera el Proyecto Centro de Apoyo Sustentable al Estudiante (CASA).
El comité gubernamental tendrá hasta 90 días laborables para completar la evaluación y, si el resultado es favorable, autorizar el acuerdo correspondiente. El proyecto atiende a jóvenes de 14 a 21 años en riesgo de abandonar la escuela o que se encuentran fuera del sistema público.
Las resoluciones conjuntas 52-2026 y 53-2026 designan un tramo de la carretera PR-153 con el nombre del exsenador José Enrique “Quique” Meléndez y la carretera PR-678, en Vega Alta, con el nombre de Juan Ramón Melecio Machuca, respectivamente.
En cuanto a los vetos, el Proyecto de la Cámara 253 crearía una ley para garantizar servicios de cuidados paliativos y de hospicio a pacientes con enfermedades que amenazan la vida.
El Proyecto de la Cámara 1032 reconocería y regularía la profesión de Asociado Médico Certificado, establecería requisitos académicos y de certificación y definiría sus responsabilidades y procesos de educación continua.
Otro de los proyectos rechazados, el de la Cámara 272, ampliaría a dos semanas al año el periodo de exención del Impuesto sobre Ventas y Uso para uniformes y materiales escolares. La propuesta incluiría computadoras portátiles, tabletas y lápices digitales entre los artículos exentos.
En materia educativa, el Proyecto del Senado 189 incorporaría módulos para establecer huertos en escuelas con programas agrícolas, mientras que el Proyecto del Senado 330 extendería a diez minutos y convertiría en obligatorio el periodo de reflexión antes del inicio de las clases.
González Colón también vetó el Proyecto del Senado 298, que crearía el Observatorio de Trata Humana de Puerto Rico, establecería el cargo de director y ordenaría la preparación de un plan estratégico para combatir ese delito.
El Proyecto del Senado 813 fortalecería la Línea Dorada como mecanismo confidencial para denunciar la explotación financiera de adultos mayores y requeriría la intervención inmediata del Departamento de la Familia en coordinación con Justicia, la Policía y la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.
En el área agrícola, el Proyecto del Senado 194 establecería un proceso expedito para atender permisos, licencias y certificaciones solicitadas por agricultores que gestionen garantías de préstamos o préstamos agrícolas. Además, flexibilizaría requisitos de financiamiento y colateral.
El Proyecto del Senado 679 crearía una ley para administrar fondos de recuperación destinados a la compra de viviendas y la repoblación de municipios. También prohibiría prácticas discriminatorias contra participantes de programas federales de recuperación y establecería una contribución sobre determinadas ganancias de capital por la venta de propiedades a beneficiarios de esos programas.
Entre las resoluciones rechazadas, la Resolución Conjunta de la Cámara 252 ordenaría instalar rótulos, demarcaciones y señales de zona escolar en centros Head Start de Manatí, Ciales y Florida.
La Resolución Conjunta de la Cámara 300 dispondría la transferencia por un dólar de terrenos remanentes del proyecto Finca Banco A, en el barrio Tosas de Florida, al Departamento de la Vivienda para regularizar las parcelas y entregar títulos de propiedad a los residentes.
Por su parte, la Resolución Conjunta del Senado 141 ordenaría al Departamento de la Vivienda gestionar la entrega de títulos de propiedad por un dólar a residentes de la comunidad Betances, en el barrio Quinto de Ponce.
La Fortaleza no explicó las razones para vetar las medidas.
