Gobernadora informa reducción de 42 por ciento en tiempo para tramitar permisos de construcción

El tiempo promedio para tramitar un Permiso de Construcción Consolidado bajó de 107 días en 2024 a 62 días en 2026, una reducción de 42.1 por ciento, informó el miércoles la gobernadora Jenniffer González Colón durante la convención anual de la Asociación de Constructores de Puerto Rico.

“Cada día que logramos reducir en un proceso representa mayor certeza para quien quiere invertir y mayor capacidad para que los proyectos puedan pasar del papel a la construcción y, eventualmente, a la operación”, expresó González Colón durante el evento celebrado en el hotel Condado Vanderbilt.

Los datos presentados por la mandataria reflejan además una reducción de 91 a 12 días en el promedio de adjudicación de los Permisos Únicos y de 167 a 70 días en el trámite de recomendaciones ambientales.

González Colón vinculó esos resultados con los cambios que su administración impulsa en el sistema de permisos y sostuvo que el nuevo Código de Planificación y Permisos, bajo consideración de la Asamblea Legislativa, debe aclarar jurisdicciones, uniformar criterios, establecer mecanismos de rendición de cuentas y balancear el desarrollo económico con la protección ambiental.

La propuesta contempla también un procedimiento acelerado para proyectos considerados de alto impacto socioeconómico, entre ellos desarrollos de vivienda de interés social.

El planteamiento de la gobernadora ocurre mientras más de 60 organizaciones, planificadores y ciudadanos reclaman a los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, que hagan público el borrador del proyecto sustitutivo de la reforma de permisos.

Los grupos sostienen que el documento ha sido compartido con determinados gremios privados, pero no con comunidades, organizaciones ambientales, planificadores y otros sectores interesados. También solicitaron que el sustitutivo oficial sea sometido a nuevas vistas públicas.

“Los proyectos de ley, en variada forma, implementarían profundos cambios de gran significado y consecuencias negativas en la legislación hoy vigente relacionada con la planificación y el bienestar público y vecinal; con el acceso y disfrute de las costas y playas; con el medio ambiente y los recursos naturales, incluidas las áreas del Carso, y con los lugares de valía arqueológica”, expresó el abogado ambiental Pedro Saadé en declaraciones escritas.

Saadé sostuvo que el borrador debe divulgarse antes de continuar el trámite para que los distintos sectores puedan evaluar los cambios propuestos.

Por su parte, la directora de Sierra Club Puerto Rico, Hernaliz Vázquez, cuestionó que las vistas públicas celebradas hasta el momento hayan estado dirigidas a versiones anteriores de la legislación y sostuvo que el proceso ha excluido a planificadores, comunidades, vecinos, grupos ambientales y peritos.

El ecólogo Ariel Lugo también reclamó que el eventual sustitutivo sea sometido a vistas públicas con participación de los sectores afectados por los cambios.

“Solicitamos, primero, que se haga público lo antes posible el borrador del sustitutivo y, segundo, que se celebren vistas públicas adecuadas una vez se produzca el sustitutivo oficial, en las que se invite y se dé una oportunidad amplia de participación”, expresó Lugo.

En materia de reconstrucción, el gobierno mantiene un portafolio de 18,001 proyectos con inversiones estimadas en 20,375 millones de dólares. Las obras completadas aumentaron de 4,262 en diciembre de 2024 a 6,127, con una inversión estimada de 1,723 millones de dólares.

Durante 2026 se han desembolsado 1,577.7 millones de dólares para trabajos de recuperación, unos 254.4 millones de dólares más que la cantidad registrada hasta septiembre de 2024.

De aproximadamente 38,800 millones de dólares obligados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia ha desembolsado cerca de 13,300 millones de dólares.

El Departamento de la Vivienda, por su parte, ha obligado más de 16,000 millones de dólares en fondos de recuperación y mitigación, equivalentes a cerca del 75 por ciento de los recursos asignados, y ha desembolsado más de 6,300 millones de dólares.

Vivienda identificó además 884 proyectos prioritarios con una inversión proyectada de 1,600 millones de dólares. De estos, 443 comenzaron y representan aproximadamente 750 millones de dólares.

Entre los proyectos residenciales completados figuran Égida Sagrado Corazón, en Arecibo; Mirador Las Casas, en San Juan; y MiraSol, en Yabucoa. En conjunto suman 563 unidades y 212.3 millones de dólares en fondos otorgados.

Otros cinco desarrollos proyectados en Juana Díaz, Isabela, San Lorenzo, Bayamón y San Juan añadirían 920 unidades mediante una inversión de 662.1 millones de dólares.

En infraestructura vial, el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación mantienen 1,400 millones de dólares en proyectos de construcción activa en distintas etapas. A esa cantidad se añaden más de 208 millones de dólares correspondientes a dos rondas de repavimentación y 80 millones de dólares para atender 127 deslizamientos en 52 municipios. De estos últimos, 66 han sido completados.

“Desde que comenzó mi mandato, les dije que este iba a ser el gobierno de cemento, bloque y varilla. Hoy vengo a rendirles cuentas, a demostrarles que estamos cumpliendo y a compartirles los avances de mi administración en un área tan importante como la construcción”, sostuvo la gobernadora.

Según los datos presentados durante la convención, la industria de la construcción aporta aproximadamente 1,940 millones de dólares al producto interno bruto y mantiene 40,100 empleos, unos 1,100 más que en el periodo utilizado para la comparación.