Gobernadora presenta ante la Junta de Supervisión Fiscal avances económicos y fiscales de Puerto Rico

La gobernadora Jenniffer González Colón presentó hoy ante la Junta de Supervisión Fiscal, los esfuerzos de su administración en materia de desarrollo económico, responsabilidad fiscal, modernización gubernamental y seguridad energética al tiempo que destacó su compromiso de continuar trabajando para mejorar las condiciones de los pensionados del Gobierno.

Durante su participación en la 52.ª reunión pública de la Junta, la gobernadora destacó que los ingresos del Fondo General cerraron el año fiscal 2026 en $13,900 millones, unos $874 millones o 6.7% por encima de la proyección del Departamento de Hacienda y 2.05% sobre las recaudaciones del año fiscal anterior.

“Puerto Rico continúa avanzando en los asuntos que son fundamentales para lograr una economía estable y en crecimiento y completar responsablemente la transición fuera de la supervisión fiscal. Los resultados que presentamos hoy demuestran progreso medible, acompañado de disciplina fiscal, transparencia y rendición de cuentas”, expresó González Colón.

La primera ejecutiva resaltó además el desempeño del mercado laboral. El empleo asalariado no agrícola alcanzó 958,800 personas en agosto, 8,700 más que hace un año, mientras que el empleo según la encuesta de hogares llegó a 1,178,000 personas, un aumento de 15,000 en comparación con agosto de 2025.

La tasa de participación laboral se situó en 45.9%. En materia de desarrollo económico, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio ha completado 30 proyectos de relocalización, nuevas operaciones y expansiones correspondientes a 28 compañías en 20 municipios. Estos proyectos representan $2,620 millones en inversión privada comprometida, 5,129 nuevos empleos, más de 16,200 empleos nuevos y existentes vinculados a las operaciones y $584 millones en nómina comprometida.

La gobernadora también informó avances en la agilización de permisos. Entre enero y agosto de este año, el sistema recibió 92,225 radicaciones, 34.4% más que durante el mismo periodo de 2025, y resolvió 68.9% de los permisos dentro de 30 días. Asimismo, el tiempo promedio de espera se redujo de 115 días en 2024 a 18 días. González Colón destacó la implementación de ÍntegraPR, el nuevo sistema de planificación de recursos empresariales del Gobierno, que sustituyó un sistema financiero central que no se renovaba desde 1998 y que no había podido ser implementado por 4 administraciones. Desde su lanzamiento el pasado 8 de julio, cerca de 60 agencias y 11,931 usuarios están integrados al sistema. A través de ÍntegraPR, las agencias han pagado a cerca de 10,000 suplidores y desembolsado más de $2,080 millones.

En el componente fiscal, la gobernadora destacó que, por primera vez desde la creación de la Junta en 2016, el Gobierno y el organismo fiscal han desarrollado conjuntamente dos presupuestos consecutivos para los años fiscales 2026 y 2027 certificados como cumplidores y preparados conforme a los estándares de contabilidad de acumulación modificada. La mandataria reiteró además su compromiso con legislación dirigida a establecer salvaguardas fiscales permanentes, incluyendo un verdadero Fondo de Estabilización Presupuestaria, un Fondo de Capital dedicado y un plan financiero transparente de cinco años.
Además, ante su presentación ante la FOMB, la gobernadora resaltó que el presupuesto del año fiscal 2027 incluye reservas para manejar posibles contingencias relacionadas con fondos federales, incluyendo Medicaid. Asimismo, el grupo de trabajo interagencial del Gobierno continúa sus gestiones con el Congreso y la Administración federal para proteger los intereses de Puerto Rico.

Como parte del compromiso fiscal, la gobernadora resaltó tres componentes principales: el Fondo de Estabilización Presupuestaria, un Fondo de Capital dedicado y un plan financiero de cinco años que sea creíble y transparente.

Estas medidas buscan alinear las prácticas fiscales de Puerto Rico con las mejores prácticas utilizadas por los estados y con principios promovidos por organizaciones como la National Association of State Budget Officers, la Government Finance Officers Association y The Pew Charitable Trusts.

La gobernadora explicó que la Asamblea Legislativa había aprobado previamente versiones de estas medidas que se apartaban del marco fiscal trabajado, razón por la cual decidió no convertirlas en ley.

“Mi compromiso no es simplemente aprobar legislación por aprobarla. Tenemos que asegurarnos de que estas herramientas cumplan el propósito para el cual fueron diseñadas y que verdaderamente protejan las finanzas públicas de Puerto Rico. Por eso, cuando las versiones aprobadas se apartaron del marco que habíamos establecido, decidí no firmarlas.Queremos dejarle a Puerto Rico estructuras fiscales permanentes que trasciendan administraciones y permitan enfrentar futuras situaciones económicas con mayor estabilidad y previsión. Esa disciplina y planificación son fundamentales para continuar avanzando hacia unas finanzas públicas sólidas y responsables”, sostuvo González Colón.

La gobernadora destacó además su elección como presidenta del Southern States Energy Board para el periodo 2026-2027, convirtiéndose en la segunda gobernadora de Puerto Rico en ocupar la posición. Durante su término, las reuniones de la organización se celebrarán en Puerto Rico, incluyendo su 67.ª reunión anual en 2027.

González Colón resaltó que durante los pasados 21 meses Puerto Rico ha añadido más de 1,900 megavatios de generación disponible mediante distintas iniciativas dirigidas a fortalecer la flota generatriz y reducir el riesgo de interrupciones por insuficiencia de generación. Paralelamente, el Gobierno continúa trabajando en la rehabilitación de la Unidad 1 de Aguirre y la Unidad 9 de San Juan, que en conjunto se espera añadan más de 500 megavatios de capacidad disponible para principios de 2027.

También avanzan aproximadamente 249 megavatios de nueva generación mediante turbinas y más de 450 megavatios de almacenamiento de energía en baterías.

Finalmente, González Colón reiteró su compromiso  con mejorar responsablemente las condiciones económicas de los pensionados del Gobierno y defendió ante la Junta de Supervisión Fiscal aumentar a $1,000 las pensiones de  aproximadamente 143,000 pensionados gubernamentales, ya que más de 55,000 reciben menos de $1,000 mensuales.

Hasta el momento, el Gobierno ha aportado $4,400 millones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones para respaldar el pago de las pensiones después de 2031. La administración continúa evaluando alternativas para aumentar ingresos recurrentes e identificar economías, incluyendo reducciones en gastos de contratos de servicios profesionales, dentro de las limitaciones legales y fiscales existentes.